Tras casi seis décadas de lucha armada, el movimiento naxalita decidió pausar sus operaciones militares, justificando la decisión por la necesidad de “evaluar la situación política actual” y “abrir canales de diálogo”. La medida llega en un contexto de debilitamiento material y político, después de años de ofensiva estatal, fragmentación interna y pérdida de influencia territorial.

Sin embargo, también refleja el agotamiento de una estrategia que, aunque pretendía representar a los sectores más oprimidos del campo indio, se mantuvo aislada de las masas urbanas y sin un horizonte socialista claro, limitado por la estrategia etapista y militarista del maoísmo.

El anuncio del fin de la lucha armada

El Partido Comunista de la India (Maoísta), anunció el pasado septiembre la suspensión unilateral de la lucha armada tras casi seis décadas de insurgencia rural. Plantean que la decisión busca “abrir un diálogo” con el gobierno central, “considerando el nuevo orden mundial y la situación nacional”. Se trata de un alto al fuego sin condiciones recíprocas, lo que refleja un repliegue forzado ante la ofensiva militar del Estado indio.

El partido justifica la medida como un paso “por la paz y el desarrollo”, pero en realidad se deja entrever el agotamiento estratégico de la guerra popular prolongada que sostenía desde 2004, cuando se fundó el CPI (Maoísta) a partir de la fusión de los principales grupos naxalitas. En la última década, el avance militar del Estado y la pérdida de dirigentes históricos (entre ellos, Kishenji y Mallojula Koteswara Rao), erosionaron la capacidad operativa del movimiento.

El anuncio llega después de una ofensiva gubernamental intensificada desde 2023, bajo el programa de seguridad interna impulsado por el primer ministro Narendra Modi. Las operaciones conjuntas de las fuerzas paramilitares y la policía estatal, lograron recuperar amplias zonas rurales en Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha y Maharashtra, donde el CPI mantenía bases desde hacía décadas.

El Ministerio del Interior estima que la guerra provocó más de 12.000 muertes desde 1967, mientras que informes periodísticos señalan que el número de combatientes activos descendió de unos 10.000 a menos de 3.000 en los últimos años. Sin embargo, el grupo todavía mantiene una estructura significativa: según algunos reportes, cuenta con cerca de 200.000 simpatizantes civiles, lo que evidencia que su influencia política, aunque mermada, no desaparece completamente.

La ofensiva del Estado indio

Este anuncio no puede comprenderse sin examinar la ofensiva estatal sistemática que el gobierno de India desplegó durante los últimos años contra las bases del movimiento naxalita. Bajo el mandato de Modi, la represión contra este movimiento se consolidó como una prioridad de seguridad nacional. En 2023, el Ministerio del Interior lanzó una nueva fase del Plan SAMADHAN, un programa que integra inteligencia, acción policial y control territorial en los estados donde persiste la insurgencia.

El gobierno empleó una estrategia de guerra prolongada, combinando operaciones militares, desplazamientos forzados y una narrativa de “desarrollo” dirigida a desarticular el apoyo campesino. Miles de aldeas adivasis fueron militarizadas o evacuadas, y centenares de militantes o presuntos colaboradores fueron detenidos bajo la Ley de Prevención de Actividades Ilegales (UAPA), que permite arrestos sin juicio.

El ejército utiliza drones armados y vigilancia satelital para eliminar campamentos guerrilleros, mientras las fuerzas cuasi paramilitares de la Fuerza de Policía de Reserva Central (CRPF) ejecutan una política de tierra arrasada con la destrucción de cultivos, control de alimentos y persecución de líderes locales.

El conflicto tiene una dimensión social y económica profunda. Las áreas bajo control guerrillero coinciden con regiones ricas en minerales, donde empresas mineras nacionales y extranjeras buscan expandir su extracción. La ofensiva estatal tiene un vínculo directo con las intenciones de abrirle paso a la privatización de estos recursos naturales y donde las comunidades desplazadas terminan siendo mano de obra barata en los mismos proyectos que devastan su territorio.

El resultado de esta ofensiva fue una reducción drástica del control territorial del CPI, que pasó de operar en 90 distritos a menos de 45, según datos del gobierno. Pero esa “victoria” estatal se obtuvo al costo de más de 60.000 personas desplazadas en el último año, un número creciente de asesinatos extrajudiciales y la criminalización de toda organización popular en las zonas rurales.

Raíces y desarrollo del movimiento naxalita

El movimiento naxalita nació en 1967, en la aldea de Naxalbari, en el estado de Bengala Occidental, cuando un grupo de campesinos pobres, dirigidos por cuadros disidentes del Partido Comunista de la India (Marxista), se levantó en armas contra los terratenientes locales.

El líder de la rebelión, Charu Mazumdar, formuló la idea de que India vivía bajo una semi-colonialidad y semi-feudalismo (caracterización clásica del estalinismo de la época para justificar el etapismo), por lo que la tarea revolucionaria consistía en emprender una “guerra popular prolongada” inspirada en la experiencia de Mao Zedong en China.

En sus primeros años, el movimiento combinó levantamientos agrarios, confiscación de tierras y enfrentamientos armados, a lo cual el Estado respondió con una represión sistemática. A finales de los años setenta, se desarticuló el núcleo original, pero sus militantes se replegaron hacia las zonas rurales más pobres, especialmente en Andhra Pradesh, Bihar, Jharkhand y Chhattisgarh, donde el Estado casi no tenía presencia. Allí, durante las décadas siguientes, construyeron estructuras políticas paralelas con tribunales populares, cooperativas agrarias y comités de autodefensa.

La década de 1980 marcó una fragmentación interna, con múltiples grupos disputando el liderazgo de la “revolución agraria”. Sin embargo, en 2004, se produjo la fusión del People’s War Group (PWG) y el Maoist Communist Centre (MCC), lo que dio origen al Partido Comunista de la India (Maoísta), unificando la mayoría de las tendencias insurgentes bajo un solo mando.

Desde ese momento, el CPI (Maoísta) se convirtió en la principal fuerza guerrillera del país, con presencia en lo que se bautizó como el “Cinturón Rojo”, una vasta franja que atraviesa el centro y este de India.

Durante los años 2000, el movimiento alcanzó su máxima expansión territorial y militar, llegando a controlar amplias zonas rurales e influir políticamente en decenas de distritos. Las milicias populares, conocidas como Platoons del Ejército Guerrillero de Liberación Popular (PLGA), llegaron a sumar alrededor de 10.000 combatientes armados y una significativa red de apoyo.

Sin embargo, el crecimiento inicial dio paso a un largo estancamiento. La represión estatal, las divisiones internas y el aislamiento político urbano redujeron su influencia. Las muertes de dirigentes históricos, como Kishenji (2011) o Koteswara Rao (2012), debilitaron la dirección.

Paralelamente, las zonas urbanas comenzaron a expandirse en un proceso acelerado de industrialización y expansión capitalista, lo que reconfiguró la composición social (y de clase) del país, en oposición a un movimiento que quedó anclado en un campesinado cada vez más fragmentado y precarizado. La insurgencia sobrevivió más como resistencia campesina que como proyecto revolucionario nacional.

Límites estratégicos del movimiento

El movimiento naxalita se define como maoísta en sentido de que asume la teoría de la guerra popular prolongada, la centralidad del campesinado como sujeto social y la revolución por etapas como ejes de su estrategia. Según su planteamiento, India continúa siendo una sociedad semi-feudal y semi-colonial, dominada por el imperialismo extranjero y por una burguesía subordinada.

De esa caracterización se deriva su línea política: la revolución democrática y agraria como primer paso hacia el socialismo. Esta concepción, heredada directamente del pensamiento de Mao, ubica al campesinado pobre como sujeto principal de la revolución, relegando a la clase obrera a un papel secundario.

En la práctica, la estrategia maoísta implicó concentrar la lucha en las zonas rurales atrasadas, organizar guerrillas en territorios alejados y construir un poder local paralelo para tratar de erosionar el control estatal. Durante años, esta política le permitió a los naxalitas sostener una resistencia armada efectiva, pero también los confinó al aislamiento respecto al proletariado urbano, los movimientos obreros, juveniles y de mujeres.

Su posicionamiento combina un discurso antiimperialista con una lectura dogmática del estalinismo, filtrada por la experiencia china. A diferencia del marxismo revolucionario, que parte de la lucha de clases en el plano internacional, el maoísmo subordina la revolución a una lógica nacional-campesina. En ese marco, la “toma del poder” se concibe como un proceso gradual de acumulación territorial y militar, más que como una irrupción política del proletariado en alianza con los sectores explotados y oprimidos.

El resultado de esa visión es una estrategia de desgaste, que durante décadas sustituyó la lucha política abierta por una guerra de posiciones sin horizonte de poder real. Mientras el Estado indio consolidaba el aparato capitalista, los maoístas mantuvieron una práctica de resistencia local, sin lograr articular una alternativa socialista a escala nacional.

A medida que la economía india se transformaba en una potencia capitalista con creciente peso tecnológico e industrial, la línea maoísta quedó anclada en un modelo de revolución rural cada vez más anacrónico.

Su discurso conserva una retórica radical (“derrotar al imperialismo, aplastar al Estado burgués, liberar a las masas”), pero su aplicación concreta desemboca en una forma de militarismo campesino que reproduce relaciones autoritarias en el interior del movimiento. El énfasis en la disciplina armada y en el liderazgo del “partido-guía”, refuerza estructuras verticales que contradicen el objetivo de una emancipación socialista.

El callejón sin salida del maoísmo

A lo largo de casi seis décadas, el movimiento naxalita desarrolló una lucha prolongada, la cual combinó la resistencia armada con el trabajo político en comunidades rurales marginadas. Su fuerza no se sostuvo sólo en la acción militar, sino en la organización social de sectores oprimidos del campo indio: campesinado sin tierra, trabajadores agrícolas, pueblos adivasis e intocables (dalits).

Fue una lucha que expresó demandas reales de las masas campesinas, como la redistribución de tierras, la defensa del territorio frente al capital minero y el reconocimiento de los pueblos originarios. Esa conexión explica que, aún bajo una intensa represión, conservaron legitimidad entre sectores rurales empobrecidos.

Sin embargo, la lucha armada prolongada terminó por aislar al movimiento del resto de las clases explotadas. Su enfoque unilateralmente campesinista, combinado con la ausencia de una política para insertarse en la clase obrera y otros sectores explotados urbanos, impidieron construir una alianza sólida con el proletariado industrial y con los movimientos sociales urbanos. Así, mientras la India capitalista avanzó hacia una economía digitalizada y globalizada, el movimiento maoísta se mantuvo confinado en enclaves rurales, cada vez más golpeados por la represión y la pobreza.

Aunado a esto, la estrategia de revolución por etapas (de “nueva democracia” antes del socialismo) terminó subordinando la lucha a una supuesta alianza con sectores de la pequeña burguesía rural o incluso de la burguesía nacional “antiimperialista”. En la práctica, esta orientación diluyó el carácter de clase de la lucha, transformándola en una resistencia sin horizonte socialista real.

El desafío actual para la izquierda revolucionaria india consiste en rescatar lo mejor de la combatividad naxalita, pero romper definitivamente con su estrategia etapista y reorientar la lucha hacia la organización de la nueva clase obrera urbana, en unidad con el campesinado y el conjunto de los sectores explotados y con independencia de clase.