La semana pasada, se dio a conocer que fue aprobado el proceso de vacancia (destitución) contra la presidenta peruana Dina Boluarte. Así, quien llegó a la silla presidencial mediante un golpe parlamentario contra Pedro Castillo en el 2022, hoy sale por la puerta trasera, destituida y conocida como la “presidenta más impopular del mundo”.

Además, el gobierno de Boluarte se va con una lista amplia de cuestionamientos, como aprobar una amnistía que favorece a aquellos militares que cometieron violaciones contra los derechos humanos entre los años 80 y 2000. O bien, el caluroso saludo con el ex jefe del servicio de inteligencia del ejército, Juan Rivero Lazo, en el Palacio Presidencial, al cual acudió en calidad de invitado de honor, a pesar de que fue condenado a 25 años de cárcel por la masacre de Barrios Altos. 

Desde mediados de año, se reabrió en Perú una crisis por el aumento de la violencia del crimen organizado. El sector transportista fue uno de los primeros en salir a las calles a protestar, ya que muchos de los choferes habían sido víctimas de asaltos y asesinatos. Luego se sumó la “generación Z”, la cual salió a las calles a protestar contra el incremento de la violencia en el país andino y contra una reforma al sistema de jubilaciones.

En medio de las protestas, el Congreso aprobó, en la noche del jueves 9 y viernes 10, cuatro mociones para la vacancia de Boluarte por “incapacidad moral permanente” para mantenerse en la presidencia. Con esta salida ya son ocho los presidentes removidos de su cargo a lo largo de los últimos 10 años en el país andino.

La vacancia fue aprobada con votos de los partidos de derecha, incluido el fujimorismo, que, hasta entonces, apoyaban a Boluarte. Sin embargo, este sustento se derrumbó debido a los cuestionamientos sobre el incremento de la violencia, los sonados casos de corrupción y la desaprobación del gobierno por un 93% de la población.

Tras la destitución de Boluarte, quien tomó las riendas del gobierno fue José Jerí, presidente del Congreso y un abogado que afrontó una denuncia por violación, a cual fue archivada hace dos meses. Jerí se mantendría en la silla presidencial hasta las elecciones de abril del 2026 y, en su primer discurso, prometió “instalar y dirigir un Gobierno de transición, de empatía y de reconciliación nacional”.

Pero desde el inicio, el nuevo gabinete de Jerí ya está enfrascado en polémicas y cuestionamientos de fondo. Por ejemplo, el presidente del Consejo de Ministros será Ernesto Álvarez, del Partido Popular Cristiano (PPC), sobre quien pesan denuncias por presuntos delitos de difamación, corrupción, secuestro y violación sexual. También se le han realizado cuestionamientos por represión contra los movimientos sociales.

La plaza exige que se vayan todos 

Mientras el palacio arde e intenta reconfigurar su correlación de fuerzas, en las plazas de Perú exigen que “se vayan todos”. Este 15 de octubre, por ejemplo, se realizó una marcha nacional por la Generación Z, la cual tuvo como lema central “El pueblo no se rinde”.

El rechazo en la juventud trasciende a la ex mandataria Dina. También, proviene del apoyo que el mismo Congreso le dio a la ex mandataria para mantenerse en la presidencia, a pesar de las denuncias en su contra por la muertes de manifestantes en las protestas contra el golpe en 2022 y 2023. Uno de los carteles de la marcha tenía la siguiente frase: “Delincuentes sacrifican a delincuentes para quedar como héroes”.

Según una encuesta de Datum, publicada por El Comercio, el 85% de los peruanos siente vergüenza del Parlamento. Este dato indica que es posible que continúen las protestas contra el nuevo gobierno, cuya figura de cabecera tiene muchos cuestionamientos, empezando por las denuncias de violación sexual contra Jerí. 

Asimismo, en la jornada del 15 se movilizaron artistas, debido a los recientes ataques de extorsionadores contra los grupos de música cumbia Agua Marina y Armonía 10, que dejaron varios heridos y un cantante fallecido.

La protesta tuvo un fuerte componente juvenil, con la participación de diversas universidades, como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Nacional Federico Villarreal, Universidad Nacional Agraria La Molina y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). A la marcha también se sumaron sectores trabajadores, como docentes agrupados en el Sutep y la Confederación General de Trabajadores del Perú.

En Lima la marcha tuvo elementos de radicalidad, algo patente cuando se intentó tumbar las rejas de seguridad y encendió fuego. La represión del nuevo gobierno fue feroz. Se reporta un muerto por un disparo de la policía y más de 100 heridos, entre los que se contabilizan 78 polícías y 24 manfiestantes.

En la región andina Huancayo los manifestantes pedían el cierre del Congreso, calificaban a Jerí como violador y afirmaban: “Este gobierno no me representa”. En la ciudad norteña de Chiclayo, los jóvenes y profesores sindicalizados del magisterio público salieron a marchar. También se reportaron protestas en ciudades como Ayacucho, Cusco, Huaraz, Arequipa, Iquitos, Chimbote, entre otras.

Para las personas manifestantes, también “salimos porque nos están matando, porque el miedo no puede ser la normalidad”, lo cual da cuenta que los reclamos de la juventud y la clase trabajadora peruana van más allá del descontento contra Boluarte, es un cuestionamiento a sus condiciones de vida y a la casta política que, mediante la corrupción, se enriquece mientras las mayorías trabajadoras viven sumidas en la violencia y la pobreza.

El crecimiento de la violencia del crimen organizado

Perú atraviesa una ola de extrema violencia. Entre enero y agosto del presente, se produjeron 6.041 asesinatos, la cifra más alta en el mismo periodo desde 2017. A esto se le suma el incremento en las extorsiones del crimen organizado; en el mismo período de tiempo se reportaron 18.385 denuncias por extorsión, un incremento de 29,3% con respecto al mismo periodo de 2024.

La violencia escala a tal punto que, las “advertencias” de los extorsionadores, consiste en provocar explosiones en casas, el transporte público, restaurantes y hasta en escuelas. Estos ataques, junto a los homicidios, afectan en mayor medida a los sectores trabajadores y los barrios periféricos.

Las modalidades de extorsión van desde el “chalequeo” (seguridad a cambio de dinero), los cupos (el pago por desarrollar una actividad económica), o el “gota a gota” (préstamos a elevados intereses). La última modalidad bebe de la informalidad —que llega al 73% en Perú — y la imposibilidad de acceder a créditos, por lo cual es fácil que tengan que recurrir a dicho tipo de extorsión.

Este crecimiento del crimen organizado tiene otras dos caras: por un lado, la importancia de la minería ilegal y, por el otro, el impacto del narcotráfico en el país andino.

La minería ilegal, según expertos, se ha convertido en el centro del crecimiento de las economías ilícitas. Según la BBC “la demanda de oro se disparó por el incremento del precio del oro en los mercados internacionales”, lo cual ha resultado atractivo para distintos grupos criminales. 

De tal manera se produjo el ingreso de organizaciones como el Tren de Aragua, el Comando Vermelho brasilero o Los Choneros del Ecuador, quienes comienzan a adueñarse de la extracción del mineral en las diversas regiones. En la Amazonía peruana, por ejemplo, una draga minera puede extraer hasta 7 kilos de oro al año usando mercurio, que, además de un gran daño medioambiental, genera unos 690.000 dólares o 590.000 euros anuales.

A la actividad minera ilegal se le suman otros crímenes, como la extorsión y la explotación sexual que degradan las vidas de quienes viven en sus alrededores.

Respecto al narcotráfico, junto a Colombia y Ecuador, es uno de los países con más producción de drogas del planeta. Se presume que, desde el puerto de Callao, uno de los principales de América Latina, salen considerables cargas de coca.

Además, el Estado peruano cuenta con años de relación con los grupos del narcotráfico. En la década de los noventa, el gobierno de Fujimori-Montesinos usó dinero del narco para sobornar a jefes militares, a la Corte Suprema, la Fiscalía de la Nación, directores de medios de comunicación y empresarios. Durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011), los “narcoindultos” fueron otra expresión de la colaboración entre el gobierno y el crimen organizado. 

Así, la minería ilegal, el narcotráfico y las extorsiones, se combinan con un Estado que cobija estas actividades ilícitas con la corrupción, mientras a las mayorías trabajadoras las arroja a la degradación social, la pobreza y la violencia.

En vista de lo anterior, es claro que el capitalismo peruano es incapaz de brindar una salida a la crisis orgánica que atraviesa el país. Por el contrario, es necesario una Asamblea Constituyente realmente soberana, para refundar el país sobre nuevas bases sociales anticapitalistas y, de esta forma, atender las reivindicaciones de los sectores explotados y oprimidos del país.