Los logros los festejamos porque costaron mucha sangre, sudor y lágrimas. Pero también advertimos sobre los retrocesos: muchos jueces intentan aprovechar los aires de situación del gobierno de Milei para darles más y nuevos beneficios a los genocidas, que deberían estar en prisión.

Se la creyeron porque eso les habían prometido no solo sus “iguales” de los mandos militares, sino desde todos los ámbitos del poder de la clase dominante: políticos, empresarios, eclesiásticos. Pero la marea democrática pudo más que sus promesas. Y las calles, la lucha sostenida de Madres, Abuelas, población solidaria, ocuparon también los tribunales de testimonios, verdades que salieron a la luz, a pesar de todos los “socios” que intentaron taparlas.

Y después de tantos logros, estamos peleando contra las instituciones del Estado que cerraron espacios de relevamiento de pruebas, achicaron presupuestos para proseguir investigaciones sobre predios donde sepultaron víctimas, reconocimientos de ADN para la búsqueda de nietos/as y un largo etcétera, que tiró toneladas de tierra sobre una búsqueda de más Justicia que continuaba.

La dilación de los juicios

De esta forma, con tiempos más que exagerados de la Justicia, se pierden pruebas, fallecen testigos, represores e intentan liberar bajo la forma de domiciliaria a los “pobres viejitos” genocidas que están en la cárcel.

El juicio del Villazo es quizás el caso más emblemático de esta situación. Se sustancian desapariciones y crímenes cometidos en el 75, durante el gobierno Estela Martínez de Perón, probados con testimonios de todo tipo y color. Así como están dilatando la conclusión del juicio a los responsables militares y civiles del Ingenio La Fronterita, en Tucumán, convertido en centro clandestino de reclusión. Y siguen los alegatos… y las sentencias se dilatan.

Junto con la dilación, aumentaron en forma exponencial las domiciliarias a genocidas de trágico “renombre”, como Raúl Guglielminetti, ex integrante del Batallón de Inteligencia 601, quien recibió condena por ser responsable de 25 casos de privación ilegal de la libertad agravada y 21 hechos de imposición agravada de tormentos cometidos en el centro clandestino de detención  “Automotores Orletti”. Fue uno de los que participó en el encuentro en el presidio con los legisladores visitantes de La Libertad Avanza.

También se prendió en el pedido el ex capellán Christian Von Wernich, condenado a prisión perpetua.

Todos tienen un cúmulo de trofeos de secuestros, torturas, crímenes, en sus espaldas. Ya suman 1.197 personas condenadas por delitos de lesa humanidad, según informe del portal “El Explicador Justicia” del 24 de marzo de 2025. De éstos, en la actualidad se encuentran 63 en Campo de Mayo y 23 en el resto del país. Pero de los condenados y en prisión, la mayoría está en sus casas. Los prófugos paseando son 33.

Y para darles otro “beneficio” y una nueva provocación al movimiento de mujeres de parte del gobierno, se realizaron cambios en el museo de la ex ESMA: sacaron las marcas que registraban la represión diferencial que sufrieron las mujeres que estuvieron allí cautivas. Los datos de violaciones y torturas específicas por su género se habían incorporado en el tratamiento de las causas a partir de 2019.