Traducción del portugués al español por Víctor Artavia.

La victoria contra el Proyecto de Enmienda Constitucional (PEC) del Blindaje, demostró que el poder de las calles puede derrotar a la extrema derecha y al ultrarreaccionario Centrão[1] , así como superar al propio lulismo. Sin embargo, la estabilización momentánea del gobierno tiende a reforzar su vocación histórica: contener la movilización y negociar concesiones insuficientes que preserven los intereses de la clase dominante. La clave es no permitir que las calles se conviertan en una “foto aislada”, sino en una película continua de movilización, capaz de unificar las demandas democráticas —como el arresto de Bolsonaro y la derrota de la amnistía, la preservación y expansión de los derechos políticos— con las luchas económicas y sociales que enfrentan la explotación diaria, vinculándolas a la solidaridad internacional con Palestina. Solo entonces la energía de las calles puede convertirse en un programa político-económico independiente y anticapitalista.

Las movilizaciones nacionales que ocuparon decenas de ciudades el pasado domingo 21 de setiembre, especialmente la Avenida Paulista y Copacabana, marcaron un punto de inflexión en la vida política brasileña. La Propuesta de Enmienda Constitucional del Blindaje (“PEC da Blindagem” en portugués), popularmente interpretada como la «institucionalización de la impunidad» o «PEC de los bandidos”, la cual hace parte del plan ultrarreaccionario y golpista para amnistiar a Bolsonaro y sus cómplices, fue derrotada políticamente incluso antes de ser aprobada en el Senado.

No se trató de una derrota parlamentaria, ni de un acuerdo a puerta cerrada entre el Ejecutivo y el Congreso, ni de un arbitraje del Supremo Tribunal Federal. Lo que ocurrió fue una retirada impuesta por la presión directa de la movilización en las calles y por la izquierda de las masas, como no se había visto en el país en años. Más aún: la extrema derecha salió debilitada. Al exigir la PEC del Blindaje y votar unánimemente a favor de este tema, vinculándolo al intento de indultar a Bolsonaro y a los golpistas, la derecha cruzó una línea roja del consenso social mayoritario.

Fue un error táctico categórico, que reveló su confianza en la parálisis impuesta por el lulismo. Resulta que, a pesar de todos los límites de las políticas conciliadoras, la sociedad demostró reservas de lucha que escapan al control de la lógica parlamentaria y las negociaciones al más alto nivel.

Las movilizaciones impusieron un límite significativo, aunque momentáneo, al golpismo y obligaron a la burguesía y a sus interlocutores en el Congreso a reconsiderar su curso de acción. También expusieron, una vez más, los límites estratégicos del lulismo: en lugar de confiar en la fuerza de la movilización, el gobierno prefirió recurrir al viejo «toma y daca», llegando al extremo de apoyar la PEC del Blindaje como moneda de cambio para bloquear la amnistía y liberar espacio para sus propios proyectos de ley en el Congreso.

Esta decisión podría haber llevado a una catástrofe: la aprobación conjunta de una enmienda bonapartista —que otorgaría al Congreso no solo sus poderes ejecutivos ya acumulados, sino también prerrogativas judiciales para su autoprotección, por encima del Supremo Tribunal Federal (STF), rompiendo con toda lógica republicana— y, al mismo tiempo, una amnistía para los golpistas. Fue solo la intervención de las calles lo que evitó este escenario.

Tras la traición política de negociar la aprobación de la PEC del Blindaje (PEC) en la Cámara de Diputados, el gobierno ahora intenta capitalizar la aprobación de la exención del impuesto sobre la renta para quienes ganan hasta R$5.000. Así, mediante su arraigada política de negocios turbios, contención y traición preventiva a la lucha de la clase trabajadora y los oprimidos, busca estabilizarse institucionalmente y avanzar su campaña hasta 2026, que, de hecho, ya comenzó. Los gestos de gratitud de Lula, Haddad y Gleisi Hoffmann a Hugo Motta y Arthur Lira por el voto de exención no dejan lugar a dudas: se trata de un intento de restablecer la conciliación con el Centrão y revivir el sueño reaccionario de una «normalización» del sistema político brasileño.

La estabilización de Lula y los límites de la conciliación

Es importante comprender la contradicción actual. Por un lado, las protestas masivas impulsaron al gobierno de Lula III, que se encontraba en apuros en medio de crisis políticas, la contraofensiva de la ultraderecha y el ataque imperialista, un Congreso desmesurado, la oposición política del Centrão y la parálisis y dificultad para aprobar medidas con impacto político. El hecho de que la ultraderecha se haya visto acorralada y el bolsonarismo se encuentre en un impasse, algo dividido —con Tarcísio de Freitas en retirada y Eduardo Bolsonaro cada vez más aislado— creó una ventana momentánea de estabilización mientras se avecinan nuevas crisis.

Sin embargo, esta estabilización no es una garantía sólida ni se traducirá en avances sustanciales para los trabajadores y los oprimidos. Al contrario: el gobierno y sus bases señalan que no recurrirán a la movilización popular como herramienta para disputas políticas y programáticas, a pesar de que fue precisamente esta movilización la que permitió la victoria política del gobierno en torno a la exención de impuestos. Su objetivo es recuperar el terreno perdido con la burguesía y restaurar la «normalidad institucional» mediante acuerdos parlamentarios, garantizando así su gobernabilidad y un cuarto mandato para Lula el próximo año.

El mensaje es claro: no se tocará nada que afecte la relación capital-trabajo: «Esta línea no se cruzará bajo ninguna circunstancia», dictan la burguesía y el gobierno. En otras palabras, no se debatirá el fin de la jornada laboral de 6×1, no se reconocerán derechos básicos a los repartidores de apps; continuarán las privatizaciones; no habrá ajustes salariales sustanciales, ni se romperá con la política de precarización estructural. Mucho menos se hablará de derogar las contrarreformas de Temer y Bolsonaro por parte de este gobierno, que las complementa con sus propios ataques, como en el caso del límite o techo al gasto público (conocido como el “Teto de gastos” en Brasil).

Por tanto, el límite máximo de la acción gubernamental se cristaliza en la reciente exención fiscal aprobada en el Congreso, lo que es extremadamente peligroso, pues la extrema derecha no está derrotada y puede, tras esta ola favorable al gobierno, retomar la ofensiva.

Exención fiscal: concesión progresiva, pero insuficiente

El gobierno y sus partidarios han presentado la nueva exención del impuesto sobre la renta como una «victoria histórica». Esta victoria solo fue posible gracias a la movilización del 21 de septiembre en respuesta a la PEC del Blindaje negociada por el propio gobierno.

De hecho, la exención proporciona un alivio significativo a millones de trabajadores de clase media, especialmente a la clase media-baja: los salarios de hasta R$5.000 (unos 937 dólares) están exentos, e incluso quienes ganan un poco más sienten cierto alivio. Es positivo que una parte de la clase trabajadora pague menos impuestos, pero esto no puede convertirse en una narrativa de cambio estructural, porque no lo es.

El impacto fiscal proyectado ronda los R$25 a R$27 mil millones, pero viene acompañado de mecanismos de compensación y salvaguardas para evitar perturbar la lógica del equilibrio fiscal. En otras palabras, se concede una pequeña reducción, pero sin alterar la estructura tributaria que sigue protegiendo las grandes ganancias, fortunas y riquezas de los capitalistas. La tímida imposición de dividendos de alto rendimiento no constituye un ataque frontal a la burguesía: es un ajuste limitado, diseñado para no violar la lógica de la «responsabilidad fiscal» ni comprometer la confianza de las grandes empresas en el gobierno actual.

Desde la perspectiva de la clase trabajadora, es una ganancia parcial, útil en el bolsillo inmediato, pero que no aborda lo esencial: la explotación cotidiana, los bajos salarios, la precarización laboral, la jornada laboral de 6×1 y la completa falta de derechos para millones de repartidores y conductores de apps.

Es una política que mejora la vida sin cambiar la estructura (quienes ganan hasta R$5.000 ahorrarán aproximadamente R$4.000 al año en exenciones fiscales). En otras palabras, es el epítome del lulismo: una concesión controlada, calculada para evitar disrupciones y mantener el orden social. Se otorga una concesión a la clase media-baja, a la vez que se reafirma el pacto con los de arriba. A diferencia de las administraciones anteriores de Lula, esta ha tenido poca o ninguna política real de concesiones a los estratos sociales más vulnerables: se ha limitado mucho más a la clase media-baja que al subproletariado, por decirlo suavemente.

Por lo tanto, la tarea de los revolucionarios no es albergar la ilusión de que las medidas paliativas resuelven los problemas estructurales. Pueden y deben reconocerse críticamente como logros parciales, pero solo tienen valor real si sirven como trampolín para exponer los límites de lo posible dentro del orden capitalista. La lucha no puede terminar ahí: o confrontamos directamente la lógica del capital, o seremos rehenes de los pequeños avances administrados desde arriba para contener la movilización social; avances que, además de insuficientes, pueden ser fácilmente revocados cuando los intereses de la clase dominante lo exijan, especialmente cuando encuentran las calles vacías por la izquierda y, por lo tanto, una correlación de fuerzas favorable a la retirada incluso de las concesiones más básicas.

Es en este contexto que debemos situar la situación actual. Vivimos en un momento de polarización cristalizada, que se ha vuelto menos asimétrica con las movilizaciones del día 21, pero que de ninguna manera garantiza que no se produzcan nuevos ataques a los derechos democráticos y económicos. Al contrario, la ofensiva continuará, aunque a ritmos diferentes. Por lo tanto, el futuro de la clase trabajadora y los sectores oprimidos no puede decidirse por el ritmo de las negociaciones de las cumbres ni por los cálculos del gobierno de Lula III, sino solo por la fuerza organizada de las calles, mediante una lucha independiente contra la patronal, sus partidos y sus gobiernos.

La amnistía como preludio a nuevos golpes de Estado

La derrota de la PEC del Blindaje debilitó la narrativa de la amnistía, y no es poca cosa. Sin embargo, no ha desaparecido: ya sea explícitamente o por la «dosimetría» (es decir, la disputa por rebajar las penas a los culpables por la intentona golpista), sigue siendo un objetivo central de la extrema derecha.

También es cierto que la burguesía y el sistema político se dan cuenta de que la PEC del Blindaje se convirtió en una carga de la que deben librarse, y todo indica que el gobierno está más que dispuesto a ayudar a quienes, hasta ayer, eran llamados «enemigos del pueblo». No solo porque desató la indignación popular, sino porque expuso las fisuras internas de la ultraderecha. Tarcísio de Freitas se replegó tácticamente, buscando presentarse como una alternativa «responsable» al establishment bolsonarista y exigiendo moderación a Eduardo Bolsonaro para preservar su viabilidad presidencial en 2026. Eduardo Bolsonaro, mientras tanto, se encuentra cada vez más aislado: incluso amenazó con romper con el PL, pero parece estar cada vez más debilitado dentro del partido de Valdemar (presidente del PL).

Esta crisis interna también afectó el discurso y las ambiciones de la amnistía. La asociación directa entre el “blindaje” y la amnistía, construida por la propia extrema derecha, convirtió a esta última en blanco de desconfianza y combustible para las protestas callejeras. Incluso el «proyecto de ley de dosimetría» —que Flávio Dino ya declaró que no tiene nada de malo» en ser ajustado por el Congreso— ahora es menos probable que se presente como una especie de «pacificación» o «moderación». Sin embargo, insistimos: aunque las manifestaciones del 21 pusieron momentáneamente a la defensiva a la extrema derecha, la reducción de las penas y el arresto domiciliario de Bolsonaro no han abandonado el radar de este grupo: veremos cómo será la «Caminata por la Amnistía» del 7 de octubre en Brasilia, una movilización convocada por Flávio y Michelle Bolsonaro, Nikolas Ferreira , Silas Malafaia y otros.

Debe quedar claro: cualquier forma de amnistía o reducción de penas sería una victoria parcial para la extrema derecha y un incentivo para nuevos golpes de Estado. Por lo tanto, no aprovechar el momento en que la izquierda vuelve a las calles, demostrando una disposición categórica y reservas para la movilización, no invertir en movilizaciones populares para encarcelar a Bolsonaro y a todos los golpistas, enterrar la Ley de Amnistía de 1979 y el Artículo 142 de la Constitución, así como desmantelar los tribunales y la policía militar, sería un crimen político contra las libertades democráticas de los explotados y oprimidos.

Nos parece fundamental apoyarnos en la claridad que arroja la experiencia histórica: cada vez que el Estado brasileño concedió amnistía a golpistas, allanó el camino para nuevos atentados. Cabe destacar la amnistía otorgada en 1956 al personal de la Fuerza Aérea que participó en los levantamientos golpistas contra Getúlio Vargas y Juscelino Kubitschek. Con la amnistía, estos mismos sectores estuvieron en la primera línea de la conspiración que culminó en el golpe de 1964.

En otras palabras, la lucha contra la amnistía no es meramente legal o moral: es una cuestión político-estratégica y, por lo tanto, una prioridad en el país hoy, dados los peligros, pero también las posibilidades históricas. Sin la detención de Bolsonaro y todos los golpistas, habrá nuevos intentos de golpe, como ya ha demostrado la historia. A diferencia de 2022, la coyuntura internacional con Trump como aliado directo del bolsonarismo, introduce un nuevo elemento externo mucho más peligroso. En un contexto de polarización electoral y cuestionamiento de las elecciones, la posición del imperialismo estadounidense podría ser decisiva para las inclinaciones de las fuerzas armadas. Esto coloca la lucha del movimiento de masas para detener a Bolsonaro y a todos los golpistas sin amnistía ni reducción de penas, en el centro de la lucha política nacional.

Las calles superaron a las direcciones lulista y expusieron el sectarismo del MRT-PTS

Un elemento cualitativo de las últimas movilizaciones, fue que se organizaron en gran medida sin y por fuera de las direcciones lulistas. Fue la presión popular, sumada al prestigio de los artistas culturales nacionales, lo que consolidó las manifestaciones. El oficialismo conformado por el PT, el PCdoB, el PSOL y la CUT, asumió la jornada del día 21 de forma protocolaria, pero fue superado ese domingo.

Esto plantea un problema estratégico para la izquierda independiente. Un grupo, como el PSTU —principal dirección de nuestra central sindical y popular, la CSP Conlutas-, emitió un tímido, insuficiente y disperso llamado a la acción, sin ninguna perspectiva de formar un bloque unitario que expresara una política de independencia política.

Otro grupo, como el MRT (Movimiento Revolucionario de Trabajadores, ligado al PTS de Argentina), ni siquiera llamó a las movilizaciones. Simplemente apareció más tarde, repartiendo panfletos formales, ya que era la única organización ausente de las calles (un hecho que los dejó en la marginalidad política y que podría abrir alguna crisis o presión por la base de su militancia).

En otras palabras, el MRT-PTS no cambió ni un milímetro su política economicista y sectaria, la cual es incapaz de responder eficazmente a los intereses de las masas y su vanguardia: en los últimos años, los camaradas han estado jugando al escondite en la política, con rasgos cada vez más de ser un grupo exclusivamente de propaganda. Solo estructuran un operativo para ocultar sus verdaderas tácticas políticas.

Esta postura sectaria es irresponsable. La negativa a intervenir en las calles bajo el argumento de que «la detención de Bolsonaro fortalece al poder judicial» es una reflexión que ignora las necesidades concretas de la lucha de clases. En la práctica, termina precisamente en el punto que dicen combatir: fortalece a la extrema derecha, al gobierno y al propio poder judicial, dejando a los trabajadores sin una dirección combativa e independiente.

Por un plan político-económico anticapitalista de los trabajadores

El momento actual exige más que victorias parciales. Es necesario construir un plan político y económico de los trabajadores, capaz de unificar las agendas democráticas e internacionales con las demandas sociales y económicas más urgentes. Esto significa apostar en movilizaciones callejeras que intersecten los siguientes ejes:

Democrático: Cárcel y expropiación de los bienes de Bolsonaro y de todos los golpistas; derrota definitiva de la amnistía; defensa de las libertades democráticas, fin de los tribunales y de la Policía Militar, del artículo 142 de la Constitución y de la Ley de Amnistía de 1979.

Internacionalista: Derrotar el aumento de aranceles de Trump y todas sus políticas colonialistas; solidaridad activa con el pueblo palestino; exigir la ruptura inmediata de las relaciones entre Brasil e Israel; poner fin a los envíos de petróleo y a la complicidad en el genocidio.

Económicas y sindicales: fin de la escala 6×1; reconocimiento de los derechos de los repartidores; combate al fraude de la “pejotização” (el régimen de “Pessoa Jurídica” o “PJ”, es el equivalente al  monotributo); aumentos reales del salario mínimo para equipararlo al estiplado por el Dieese (Departamento Inter-sindical de Estadística y Estudios Socio-Económicos), tributación efectiva de las grandes fortunas y no pago de la deuda pública.

Para que este plan trascienda la mera formulación y se convierta en una realidad concreta, es fundamental convocar una sesión plenaria nacional de activistas de la CSP- Conlutas, que reúna a trabajadores, jóvenes, movimientos de base y la izquierda independiente. Solo así podremos organizar, desde la base, en centros de trabajo y escuelas, la fuerza necesaria para hacer de este programa una realidad concreta.

Al mismo tiempo, es necesario exigir a los sindicatos (CUT, CTB), UNE, UBES y a todos los movimientos sociales un calendario nacional de luchas que unifique las batallas: contra la amnistía y por la detención de los golpistas, por Palestina (inundar las calles este domingo 5), pero también por los derechos económicos de los trabajadores.

La tarea histórica que tenemos ante nosotros es transformar la “fotografía” del domingo 21 de setiembre en una película permanente de movilización independiente. Para ello, necesitamos un programa anticapitalista claro y una organización militante capaz de llevarlo a las bases.

[1] En Brasil se denomina como Centrão a un conjunto de partidos “fisiológicos”, es decir, que no tienen un claro programa político y cuya actividad pasa por colocar sus votos en el Parlamento al servicio del gobierno de turno, a cambio de recursos estatales para su base electoral y prebendas personales. Anteriormente, fueron base del gobierno de Bolsonaro y hoy lo son de la administración de Lula. Son partidos bastantes reaccionarios y de derecha (Nota de V.A.).