La crisis política abierta al gobierno de Javier Milei por los audios difundidos por Diego Spagnuolo, acerca de las coimas recibidas por los Menem y Karina MIlei por la compra de medicamentos, provocó la indignación de amplios sectores en un país castigado por una crisis económica y social de proporciones cada vez más crecientes.

Una serie de  marchas multitudinarias demostró la indignación de la población, tanto en la Plaza del Congreso en Buenos Aires como en muchas otras ciudades del interior del país.

En la provincia de San Luis se realizó una marcha céntrica a la que asistieron incluso integrantes de los Centros de Día con cientos de carteles. En esa misma semana se viralizó un video, en el cual se denunciaba que las oficinas locales de la ANDIS no funcionan desde el mes de abril, provocando que muchas personas con discapacidad no hayan podido cobrar sus subsidios en los últimos tres meses.

A esta situación se suma la total falta de sensibilidad y desprecio por parte de  los diferentes organismos, obligando a quienes les han suspendido los cobros a realizar trámites en diferentes reparticiones sometiéndolos a un maltrato social de una crueldad sin precedentes en el área.

Es digno de destacar el accionar del compañero y candidato del Nuevo MAS, Sebastián Leo Pinela, que sufre una discapacidad visual originada por una bala de goma durante la represión policial en el marco de la lucha docente del año 2004. El compañero obtuvo una respuesta favorable a su situación por parte del Defensor del Pueblo, quien reconoció abiertamente la responsabilidad del Estado y que sirve como precedente para casos similares en el ámbito de la provincia y del país.

En este contexto, el gobernador Poggi mira para otro lado y se desentiende de esta problemática, mientras apoya el ajuste de Milei con un acuerdo político con la LLA. La bronca se expresa cada vez con más claridad, como nos planteaba un compañero en la marcha de Jubilados Autoconvocados de los días miércoles: “Si el gobierno judicializa  la ley de discapacidad, el próximo paso debe ser exigir la renuncia de Milei “.

Por otro lado, la crisis económica golpea a los trabajadores de manera brutal, no solo por los salarios de hambre, sino por qué las patronales aprovechan esta situación para avanzar sobre las condiciones de trabajo suspendiendo trabajadores hasta octubre con el 70 % o 75% de los sueldos, adelantando vacaciones y despidiendo compañeros.

Está situación comenzó con los 29 despidos en Bagley Arcor. Hoy hay suspensiones en las fábricas de Acindar, Clamet, Sampa (mallas metálicas especiales), Indema (mallas para la construcción) y en la fábrica Koinnor de heladeras en Villa Mercedes. En otras fábricas, la preocupación se encuentra latente entre sus trabajadores como en el caso de la metalúgica Mabe.

La crisis industrial golpea a los trabajadores y a la población que se encuentra marcada por una fuerte recesión, por la caída de las ventas en el mercado interno y por la apertura de las importaciones.

Ante este panorama, el gobernador Poggi se reunió con 300 empresarios y les prometió no  cobrarles el impuesto a los ingresos brutos, les realizará obras y le ofertó más trabajadores precarizados que vienen del plan de Inclusión, subsidiando así el coste laboral y mostrando su carácter de clase favoreciendo a las patronales. Todo esto es posible gracias a la complicidad de la burocracia sindical peronista de la CGT que no hace nada desde hace más de 40 años.

Esta crisis nos muestra cada vez con más claridad la situación de desprotección a la que nos lleva la política del Gobierno Nacional en total acuerdo con los gobernadores y la burocracia sindical.

Para los grandes empresarios y para quienes fugan capitales: ¡TODO! Para los discapacitados, para los jubilados, para los trabajadores, para los estatales, municipales y docentes: ¡NADA! Unamos las luchas para derrotar al plan de hambre y entrega del Gobernador Poggi y de Milei