Este artículo apareció en Esquerda Web justo antes de la condena a 27 años de prisión a Bolsonaro.

Fuera de la movilización directa, no podemos imponer una derrota histórica al golpismo, ni enfrentar al imperialismo, ni luchar por nuestras reivindicaciones.

La responsabilidad por el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023, que buscaba impedir el reconocimiento de la victoria electoral de Lula, no fue obra exclusiva de Bolsonaro y su gobierno. Involucró a sectores militares, políticos y empresariales, así como a una amplia movilización social de extrema derecha. Nos enfrentamos ahora a una encrucijada histórica: la posibilidad del arresto de Bolsonaro, por un lado, y la amnistía para los golpistas, por otro. En los últimos meses, la intervención imperialista ha alimentado a la extrema derecha, que en su contraofensiva actual presiona por una amnistía para Bolsonaro y todos los golpistas inmediatamente después del fallo del Tribunal Supremo. La jugada depende de la movilización masiva en las calles para favorecernos. Por ello, más que nunca, además de la unidad de acción con independencia de clase, la lucha por dotar al movimiento obrero de banderas para enfrentar al imperialismo y a la extrema derecha constituye el mayor asedio táctico de la situación actual.

Podría perderse la posibilidad de una victoria histórica

Por primera vez desde el proceso de redemocratización, se abre la posibilidad real e histórica de condenar no sólo a un expresidente sino también a líderes militares por conspirar contra un golpe de Estado.

El juicio ante el Supremo Tribunal Federal, que concluye el 12 de septiembre, podría representar un hito histórico capaz de romper la tradición de impunidad de las élites políticas y militares. Sin embargo, justo cuando surge la oportunidad de castigar a los responsables, la administración Trump, de vuelta en el poder en Estados Unidos, recurre a la intervención directa en la política brasileña —aumentando los aranceles en un 50%, sancionando a los magistrados del Supremo Tribunal Federal y profiriendo una serie de otras amenazas—, lo que alimenta a la extrema derecha y agudiza la polarización nacional.

Este factor internacional no puede subestimarse en ningún análisis actual. La administración Trump ya ha demostrado su disposición a usar armas económicas y políticas para favorecer a la ultraderecha brasileña. El aumento del 50% de los aranceles a los productos brasileños no es solo un gesto proteccionista: es una clara demostración de fuerza y ​​chantaje a favor del bolsonarismo y la ultraderecha.

La extrema derecha es internacional y se articula como un bloque político con sus propios intereses, estrategias y tácticas. Por lo tanto, es cada vez más probable que el apoyo de Trump a Bolsonaro —y a Tarcísio una vez que este sea elegido presidente— vaya acompañado de una mayor presión económica, diplomática y militar. El bolsonarismo, por lo tanto, no actúa solo: con Trump a la cabeza, forma parte de una red internacional de intereses que ve a Brasil como un territorio estratégico para impulsar su agenda autoritaria bonapartista.

Nos encontramos, pues, en una situación particularmente peligrosa. La presión del imperialismo estadounidense está desequilibrando el poder a favor del bolsonarismo, amenazando el proceso contra el golpe de Estado de 2022 y la soberanía popular en las elecciones de 2026. Desde la perspectiva del imperialismo estadounidense, este movimiento tiene un objetivo geopolítico: imponer un gobierno títere de extrema derecha en Brasil, con el objetivo de representar más directamente los intereses de la burguesía neoextractivista dependiente, exigiendo una mayor explotación de la clase trabajadora y un Estado aún más policial.

Incluso contra la voluntad de la mayor parte del pueblo en libertad y enfrentando resistencia en el Congreso, la extrema derecha sabe que la condena de su máximo líder sería un duro golpe a su capacidad política para volver a competir por el poder central. Por lo tanto, en el centro de esta estrategia se encuentra el objetivo de conceder una amnistía a Bolsonaro y sus aliados, lo que representaría una victoria contundente para la extrema derecha y allanaría el camino para su regreso al Palacio de Planalto, con o sin Bolsonaro.

La ofensiva de amnistía ganó nuevo impulso con dos movimientos recientes: 1) las declaraciones del Ministro Luis Roberto Barroso (Presidente del Supremo Tribunal Federal, quien asumirá la presidencia del Tribunal Superior Electoral en 2026) sobre la relevancia política de un proyecto de ley de amnistía que se presentará al parlamento tras el juicio a Bolsonaro; y 2) la iniciativa del gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, quien asumió el rol de coordinador directo de la amnistía, además de consolidarse como el principal candidato presidencial de la burguesía y la ultraderecha en ausencia de Bolsonaro. Es un hecho que, a pesar de no haber sido aún plenamente ungido por Bolsonaro, Tarcísio se perfila como el candidato predilecto de la burguesía para 2026: su nombre no está directamente vinculado a la conspiración golpista, es ultraliberal, ultrarreaccionario y podría contar con el respaldo explícito de Bolsonaro, lo que consolidaría su posición como candidato de reemplazo para las elecciones del próximo año.

A cambio de este respaldo, Bolsonaro exige que lance una campaña a gran escala por la amnistía. Esto convertiría a Tarcísio en la representación directa del nuevo auge del golpismo al servicio del imperialismo, la burguesía neoextractivista y la impunidad de los crímenes cometidos contra los derechos democráticos en 2022. En este sentido, la candidatura presidencial de Tarcísio podría ser el fruto —si se concede la amnistía— y el motor de una contraofensiva ultrarreaccionaria que, de triunfar en 2026, podría desencadenar un cambio político de gran alcance, no solo dentro del gobierno, sino también dentro del propio régimen político, si no encuentra resistencia significativa.

Sin embargo, además de la propuesta de amnistía, esta composición ultra reaccionaria en el Congreso avanza para intentar imponer otros ataques: mayor concentración del poder económico bajo la forma de enmiendas parlamentarias, impunidad de los parlamentarios a través del proyecto de “prerrogativas” que impide el procesamiento de diputados y senadores por los tribunales sin autorización previa y control del Banco Central por parte del Congreso.

La renovada ofensiva golpista, apoyada por el imperialismo estadounidense, busca crear las condiciones para la reelección de un presidente golpista e imponer un sistema semiparlamentario ultrarreaccionario al margen de cualquier consulta popular. Esta situación representa un paso importante hacia el colapso del régimen, restringiendo los derechos democráticos de los trabajadores a organizarse y luchar.

Fracaso de la conciliación, ofensiva de Bolsonaro y enfrentamientos políticos más intensos

Como hemos visto, es necesario considerar que en este escenario de polarización que vivimos, no se descarta que tras la condena de Bolsonaro y otros golpistas, la amnistía no pueda ser votada en el Congreso: lo que polarizaría aún más la situación política nacional y acentuaría aún más la crisis entre los poderes.

Esta dinámica parece plausible porque Trump ha impulsado a la extrema derecha, que ahora lleva a cabo acciones cada vez más audaces (véase la ocupación del Congreso durante más de 40 horas). Mientras tanto, el gobierno de Lula III se limita a conciliar con la clase dominante, fragmentando a la clase trabajadora y a los oprimidos en una rutina diaria y en luchas parciales. Esta combinación de factores conduce a la crisis del gobierno y demuestra claramente el fracaso de la conciliación de clases, de la utopía reaccionaria de normalizar el régimen mediante un frente amplio. Aun así, Lula insiste en apostar por lo seguro ante la intervención imperialista y la contraofensiva de la extrema derecha.

Uno de los acontecimientos más importantes de la crisis de Lula III, que tendrá consecuencias políticas y estructurales, es la ruptura del gobierno entre el PP y los progresistas. Estos dos partidos, que forman la federación «Unión Progresista» (UP), cuentan en conjunto con 109 diputados, 15 senadores y 7 gobernadores. Han identificado las condiciones ideales para reconstruir un bloque ultrarreaccionario viable, especialmente con Tarcísio al mando. La UP, al servicio de cualquier gobierno (el actual presidente del PP, el senador Ciro Nogueira, fue jefe de gabinete de Bolsonaro), al unirse directamente a la oposición de extrema derecha, está en posición de bloquear cualquier propuesta gubernamental e imponer cualquier medida reaccionaria, lo que dejaría al gobierno contra las cuerdas hasta las próximas elecciones.

Aun así, Lula mantiene exactamente el mismo statu quo en el Cuartel Abrantes. Mantiene el trípode macroeconómico liberal, aprobó una nueva versión del límite de gasto y no ha derogado ninguna de las contrarreformas de gobiernos anteriores, como las reformas laboral y de la seguridad social. Continúa profundizando las privatizaciones, las asociaciones público-privadas y las concesiones que entregan sectores esenciales a la lógica del capital internacional, perpetuando así la política de austeridad y sumisión. Esta semana, su vicepresidente, Geraldo Alckmin, por invitación de Silvio Costa Filho (Republicanos), ministro de Puertos y Aeropuertos, estuvo junto a Tarcísio de Freitas para finalizar la subasta del túnel Santos-Guarujá.

Ante el ataque imperialista del aumento arancelario y la ofensiva ultrarreaccionaria que amenaza directamente los derechos políticos de las masas, Lula y su base política se presentan como la expresión perfecta del concepto de lo estático, de aquello que es incapaz de moverse: incapaces siquiera de aplicar la ley de reciprocidad a Estados Unidos —hecho que le permitiría gravar los productos estadounidenses— y mucho menos de apoyar directamente las demandas obreras, como el fin de la jornada laboral de 6×1 o el proyecto de ley para repartidores a través de aplicaciones móviles, actualmente en trámite en la Cámara de Diputados. En otras palabras, como buen gobierno de conciliación de clases, no presenta ninguna política de ruptura con el imperialismo ni el capital que pueda conectar con las necesidades más profundas de las masas, animándolas a luchar contra el avance ultrarreaccionario y la injerencia imperialista.

Necesitamos tomar la política en nuestras propias manos

En medio de la ofensiva de Trump contra Brasil y América Latina, con aranceles abusivos, sanciones contra jueces de la Corte Suprema, el despliegue de tropas en Venezuela y con la ultraderecha preparando un contraataque tan histórico como la posibilidad de la detención de Bolsonaro, importantes sectores de la izquierda independiente siguen políticamente absorbidos en su rutina habitual.

Incluso en una polarización política que combina riesgos y posibilidades, estos sectores siguen su lógica económica. Un ejemplo de esta concepción es la postura de los compañeros del PSTU. En un reciente editorial para abordar la situación nacional, incluso frente a los peligros políticos estructurales a los derechos democráticos de los trabajadores, afirman con franqueza como conclusión que los trabajadores deben combinar «la lucha por la soberanía con la lucha contra el Marco Fiscal y por sus reivindicaciones: empleos garantizados, fin de la escala 6×1, tierra, salario, derechos e ingresos».

Afirman, muy alejados de la tradición del marxismo —específicamente del leninismo en este caso—, que la lucha por la soberanía solo puede librarse mediante la defensa de causas económicas. En otras palabras, ignoran por completo que los objetivos de Trump, como un mayor control sobre la riqueza nacional, la explotación laboral y la transferencia de ganancias, dependen de la imposición de un gobierno ultrarreaccionario que garantice las condiciones políticas para este avance neocolonial sobre Brasil. Por esta razón, la lucha por la soberanía debe vincular necesariamente la lucha política con la lucha económica, y el primer punto de esta lucha política, justo después de la lucha contra la intervención imperialista, es la lucha por el arresto y el mantenimiento en prisión de Bolsonaro y todos los golpistas.

Esta consigna política, al igual que otras, los camaradas nunca la incorporaron orgánicamente porque, en su lógica economicista, que invariablemente minimiza las tareas de las masas trabajadoras, estudiantiles y populares, parecen no comprender el alcance de la ofensiva imperialista en Brasil. En otras palabras, los ataques buscan no solo la liberación de Bolsonaro, sino también imponer una ofensiva ultrarreaccionaria que conducirá al colapso del régimen —la implementación de un nuevo golpe— y a una derrota histórica para la clase trabajadora.

Aún más grave es el caso de los compañeros del MRT. Solo recientemente, años después del intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023, se ha comenzado a hablar de castigar a Bolsonaro, e incluso entonces, nunca lo hacen de forma agitada ni como una tarea fundamental para la clase trabajadora en la defensa de sus derechos políticos democráticos, ahora seriamente amenazados por el imperialismo y la contraofensiva de la ultraderecha. En otras palabras, cuando abordan el tema político central de la situación actual, lo hacen de forma ultrapropagandística, siempre con cobardía y sin considerar que el castigo a Bolsonaro debe estar vinculado a la lucha por superar los elementos autoritarios heredados de la dictadura militar y avanzar en la conquista de los derechos democráticos. Esta es la única manera de evitar que el Supremo Tribunal Federal, como institución burguesa, se fortalezca cumpliendo, desde arriba, de forma igualmente burguesa, la función de castigar el golpe.

Para empeorar aún más el panorama político de esta organización, además de su economicismo y abstencionismo, son extremadamente sectarios, ya que se oponen a la táctica de la unidad de acción para enfrentar la ofensiva trumpista contra Brasil y la contraofensiva golpista liderada por el bolsonarismo y una fracción creciente del Centrão. De esta forma, demuestran que no han aprendido nada de la lucha histórica de la clase trabajadora contra el fascismo. Esta lucha, sostenida por una línea política y organizativa independiente —sin confundir nunca pancartas ni columnas—, exige unidad de acción, es decir, acuerdos militantes prácticos con elel diablo y su abuelaContrariamente a esta lección fundamental del siglo XX, los compañeros, en lugar de contribuir a la construcción de columnas independientes en los actos de unidad de acción antiimperialista y antifascista del 7 de septiembre, para disputar la línea política con la burocracia de Lula, se limitaron a lanzar un llamado completamente estéril a la “movilización popular”, que no sirve a ningún interés de la clase trabajadora.

¡Se necesita un enfoque diferente! Todo este escenario polarizado confirma lo que afirmamos en nuestras notas: sin lucha directa, no hay garantía de que los golpistas del 8 de enero de 2023 sean castigados y, por lo tanto, no se puede construir un equilibrio de poder favorable a los explotados y oprimidos. Confiar en los tribunales, y mucho menos en maniobras institucionales, no es suficiente: la detención y el mantenimiento de Bolsonaro y los líderes militares y políticos involucrados en la conspiración golpista solo se harán realidad si hay una movilización social masiva en las calles.

La tendencia para el próximo período apunta a una intensificación de la polarización política transversal y a nuevos enfrentamientos y crisis entre los poderes del Estado. Por lo tanto, creemos ser plenamente capaces de garantizar que la lucha en las calles se convierta en un elemento real que impacte permanentemente la defensa de nuestros derechos políticos y económicos: tenemos reservas de espíritu de lucha y no estamos sufriendo una derrota histórica. Por ejemplo, el movimiento de repartidores a través de aplicaciones ha demostrado que es posible resistir, luchar en las calles y ganar.

Para lograrlo, es necesario comprender —a diferencia de la mayoría de la izquierda independiente— que la lucha por los derechos económicos es inseparable de la lucha por los derechos políticos. Las luchas económicas, como la resistencia al turno 6×1, la defensa de los derechos de los repartidores, los aumentos salariales, las batallas antiimperialistas (contra el aumento de aranceles y la nacionalización de empresas estadounidenses que despiden trabajadores) y las luchas anticapitalistas (por el fin del marco fiscal, la suspensión de la deuda pública y la nacionalización del sistema financiero) solo tendrán verdadera fuerza si se conectan con la lucha por el encarcelamiento de Bolsonaro. De lo contrario, no estaremos abordando la principal tarea de la clase trabajadora hoy: ¡poner fin de una vez por todas al ciclo histórico de amnistía e impunidad en el país y derrotar categóricamente a la ultraderecha golpista!

Hoy vivimos, por un lado, la intervención imperialista para imponer el regreso de la ultraderecha al poder y, por otro, las políticas de conciliación de clases de Lula. Ante este escenario, la organización y la movilización autónoma de los trabajadores y los oprimidos no son suficientes: también es necesario exigir que la CUT, el MST, la UNE y otras organizaciones actúen contra el imperialismo, la ultraderecha y los ataques del gobierno. Más allá de la política de unidad de acción, abogamos por que la CSP-Conlutas lidere la construcción de un frente de lucha independiente del gobierno y la burocracia, basado en un programa político y económico que permita a los trabajadores y los oprimidos participar activamente en los conflictos venideros.