La indignación popular y la movilización frente a los vetos de Milei a los jubilados, a los discapacitados o al Garrahan fueron claves para la profunda crisis política que atraviesa su gobierno. Y ahora insiste con la fuga hacia adelante. Comunicaron oficialmente que vetarán las leyes de Financiamiento Universitario, de Emergencia Pediátrica y de Reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). También, fingiendo demencia, anunciaron la judicialización de la Emergencia en Discapacidad después de que se supiera que le robaban a los discapacitados y Karina cobraba las coimas.
El cachetazo electoral sufrido por Milei y cia. no ha logrado torcer el nivel de provocación que viene caracterizando al gobierno desde su asunción.
La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada el pasado 22 de agosto y plantea que el presupuesto universitario sea del 1% del PBI. De esta manera, la educación universitaria volvería a los niveles relativos de gasto previos a la asunción de Milei en diciembre de 2023.
La Ley de Emergencia Pediátrica ordena refinanciar el sector de salud pediátrico mediante la transferencia de recursos para insumos, mantenimiento, medicamentos, vacunas, equipamientos y salarios. Esto implica la recomposición inmediata de los salarios de todos los trabajadores de la salud, incluyendo a los residentes. Se deroga la modificación al régimen de residencias del decreto 2109/2025, que pretende convertir a los residentes en ultra precarizados sin derechos laborales. Y, además, se establece que la recomposición salarial debe ser para recuperar todo lo que se perdió en salarios desde diciembre de 2023.
La Ley de Reparto de los ATN establece que cerca del 1% de la masa coparticipable y el 2% del impuesto a las «ganancias» se distribuya de manera automática sin el arbitrio del sumamente lumpen delincuencial Poder Ejecutivo Nacional, tan reacio a repartir fondos. En sí, los gobernadores quieren sus cajas lo menos ajustadas posible.
No hay paz para nadie
El gobierno piensa seguir con el ataque a la educación y la salud, así como continuar provocando a los gobernadores (que, a pesar de todo, han sido cómplices del ajuste). Todo esto después de perder por más de 13 puntos en las elecciones provinciales y con una diferencia incluso mayor en varios distritos del AMBA.
«Si hay veto, hay estudiantazo» o «si hay veto, hay toma» son consignas que ya comenzaron a circular en el movimiento estudiantil. Los y las estudiantes vienen de haber protagonizado un masivo proceso de lucha el año pasado, con tomas, asambleas y marchas. En su momento se consiguió que el gobierno no pudiese cerrar las universidades, pero el ajuste sigue en pie y el presupuesto está totalmente desactualizado.
Desoyendo el voto en la provincia de Buenos Aires, Milei se encamina a vetar la ley de financiamiento universitario y la ley emergencia pediátrica. Para colmo, quieren judicializar la ley de emergencia en discapacidad para dejar a las familias desamparadas…
Hay que tomar las… https://t.co/9bEKqHMHaR— Manuela Castañeira (@ManuelaC22) September 9, 2025
Desde CONADU convocaron a paro al día siguiente del eventual veto del presidente. Pero el paro lo convocan sin presencia en las Universidades, por lo que en sí mismo es desorganizador. La presencia del movimiento estudiantil puede cambiar eso, organizándose desde las facultades. Eso ya comenzó a pasar. Además, ya se comenzó a convocar a una marcha al Palacio Pizzurno y a una nueva Marcha Federal para el día que se trate la reversión del veto en el Congreso.
Ya ha habido varias asambleas de respuesta al veto, y es una posibilidad real y casi inminente que comiencen a ponerse de pie las primeras tomas.
Los trabajadores del Garrahan ya convocaron a próximas medidas de fuerza frente a la persistencia del gobierno en ahogarlos presupuestariamente. Convocaron a un paro total para los días 12 y 13 de septiembre, con movilización a las 20hs. del primer día.
La Emergencia en Discapacidad, judicializada
Milei sigue buscando la forma de retrasar la ejecución presupuestaria de la Ley de Emergencia en Discapacidad o incluso evitarla totalmente. Si bien es un manotazo de ahogado, lo que han anticipado desde el gobierno es que acudirán a la justicia para frenar la ley.
En los hechos, esto implica que un juez dicte una medida cautelar, pero lo inédito sería el engendro jurídico al cual debería apelar el equipo legal mileísta. Por otro lado, y ya en otro nivel de provocación, se baraja la idea de una divulgación de la ley que vuelva imposible su ejecución efectiva. El costo político de esta maniobra es difícil de dimensionar.
