El gobierno de extrema derecha de Donald Trump impone un clima reaccionario en Estados Unidos. En esta nota abordaremos dos casos que lo ejemplifican: los intentos de deportación contra Abrego García y la militarización de Washington que podría extenderse a otras ciudades, en particular las llamadas ciudades santuario.

El caso de Abrego García: la brutalidad de las deportaciones 

Comencemos por el caso del salvadoreño Kilmar Abrego García, quién experimentó la brutalidad de la política de deportaciones desde su detención por la policía migratoria, ICE.

En marzo fue deportado junto a otras 300 personas rumbo a El Salvador, a la mega cárcel de el Cecot, ampliamente señalada por las denuncias de tortura a las personas detenidas. A dicho grupo de personas se les acusaba falsamente de pertenecer a cárteles, como el Tren de Aragua u otras organizaciones criminales.

Luego de la presión que desató su deportación sin motivo justificado, el gobierno estadounidense tuvo que garantizar su retorno a Estados Unidos en junio pasado. Sin embargo, el calvario de Abrego no cesó allí. Una vez en el país norteaméricano fue a una prisión en Tennessee bajo una acusación falsa de tráfico de personas migrantes indocumentadas y, recién hasta el pasado viernes 22 de agosto, recobró su libertad, la cual le duró poco, pues el pasado lunes 25 de agosto fue capturado nuevamente por el ICE.

La persecución del gobierno de Trump contra Abrego no cesa. Ahora, la Casa Blanca lo amenaza con deportarlo nuevamente, pero en esta ocasión le ofrecieron un “acuerdo” con dos posibilidades: a) declararse culpable de los cargos de tráfico de personas y ser deportado a Costa Rica o, en rechazo de lo anterior, b) ser deportado a Uganda, en África Oriental.

Según el New York Times Abrego está solicitando asilo en Estados Unidos como un intento para frenar su deportación a Uganda (tras no declararse culpable de un delito inventado por el gobierno); además, el 6 de octubre tiene una audiencia en los tribunales para analizar el peligro de tortura en Uganda y, la jueza a cargo, giró una orden para impedir su deportación mientras llega la audiencia.

El caso de Abrego es sumamente ilustrativo sobre la política migratoria y de deportaciones de la actual administración. De ser expulsado a Uganda, perdería su arraigo, el contacto con su familia y amigos, quienes residen en Estados Unidos, mientras él estaría solo en otro continente.

Los casos de deportaciones arbitrarias comienzan a sonar cada vez más, así como los tratos de tortura que reciben quienes llegan a  los centros de detención del ICE. Ester Soto, una española que recientemente fue deportada, denunció diversas violaciones a sus derechos mientras estuvo detenida por el ICE: la tenían en un centro que era sólo para hombres, en una celda que -se supone- era para 12 personas, pero en su estancia habían 30 mujeres que sólo recibían una comida al día. Los casos de detención y/o deportación arbitraria se acumulan: Mahmoud Khalil, Kunal Oberoi y Agustín Gentile, son otros casos que pasaron por una situación similar.

Así, el gobierno de Trump impone el terror entre las personas migrantes a través del despliegue del ICE. En medio de ese clima político, el caso de Abrego resalta como un ejemplo de persecución política de la Casa Blanca contra una persona migrante , el cual denota la crueldad y la arbitrariedad de la política trumpista de deportaciones masivas.

Sumado a lo anterior, el presidente norteaméricano busca llevar al extremo su política xenófoba. Para ampliar la capacidad de las detenciones y las redadas del ICE, por ejemplo, apuesta a una mayor profesionalización de las fuerzas represivas. Recientemente, se crearon unidades especiales SWAT para “atender” situaciones más confrontativas.

En esa misma línea, la institución realiza fuertes campañas de contratación de personal. Actualmente, el ICE cuenta con unos 6.500 oficiales de deportación y, con las campañas que desarrolla, busca sumar 10.000 nuevos oficiales a sus filas (hasta el momento recibió 121 mil solicitudes de reclutamiento).

A lo anterior, se le suma  un presupuesto aprobado por el Congreso para el ICE, el cual asciende a unos $76.500 millones para acelerar las deportaciones. Dentro de dicho monto, unos $30.000 millones serán destinados a contratar personal; además, el ICE planea adquirir vehículos blindados.

Trump contra las ciudades santuario: la militarización en Washington

Así como el trumpismo avanza con la militarización del ICE, también desplegó a la Guardia Nacional, una rama de las fuerzas armadas, en Washington DC. El domingo 24 de agosto, se desplegaron más de 2.200 soldados. Asimismo, el Secretario de Defensa, Peter Hegseth, dió autorización para que estos portasen armas de fuego, como las pistolas M-17 o fusiles M-4.

El despliegue dió inicio el 12 de agosto y se hizo con la excusa de bajar la “alta” criminalidad en la capital estadounidense; no obstante, el discurso del gobierno no resiste el contraste con las estadísticas: para este año se reporta una reducción de los delitos violentos (un 26%) y de los robos (un 28%).

El motivo principal detrás de la militarización no es bajar la criminalidad, sino capturar personas migrantes y perseguir a los “homeless” (personas sin hogar).

En Estados Unidos el problema del acceso a la vivienda es estructural. Son muchas las variables sociales que arrojan a muchas personas a las calles: la pobreza (que el salario no alcance para el alquiler), las deudas (principalmente por acceder a servicios médicos), el estatus migratorio (no tener un permiso de trabajo), entre otros.

Lo que Trump busca es barrer con todas estas personas y, de esta forma, ocultar el profundo problema de acceso a la vivienda. Una política reaccionaria y violenta.

Como parte de las medidas, el gobierno federal recuperó el control de la Estación Central. Se trata de una de las estaciones de trenes más concurridas, la cual estaba en manos de la “Union Redevelopment y Amtrak”, la empresa pública de transporte ferroviario de Estados Unidos. Según declaró el Secretario de Transportes, Sean Duffy: “vamos a recuperar la gestión total por parte del Departamento de Transportes y vamos a realizar inversiones para asegurarnos de que esta estación no esté sucia y que no haya personas sin hogar”.

Otra de las medidas que impulsa Trump es reinstaurar la pena de muerte en la ciudad, específicamente para el delito de asesinato. Esta penalización fue abolida en Washington en el año de 1981.

Además, pretende extender el despliegue de la Guardia Nacional, pues ya anunció un plan para tomar este rumbo en otras ciudades como Chicago, Nueva York y Baltimore, entre muchas otras. El blanco principal son las llamadas “ciudades santuario”, las cuales limitan las políticas migratorias del gobierno y presentan políticas más laxas para la población migrante.

Según CNN, “Trump señaló su intención de ampliar el papel de los militares estadounidense en las actividades policiales internas en todo el país” y, por tal motivo, firmó un decreto para habilitar a la Guardia Nacional a crear unidades especializadas para “combatir la delincuencia en las ciudades”.

Se especula que la militarización tome como referente el despliegue ocurrido en Los Ángeles el pasado junio, cuando la “raza” se plantó en las calles contra la “migra”. El mismo Trump referencia esa ciudad: “miren lo mal que está Chicago. Miren lo mal que está Los Ángeles”, “tenemos otras ciudades que están muy mal. Nueva York tiene un problema. Y luego están, por supuesto, Baltimore y Oakland”.

Esta nueva bravuconada para imponer su política migratoria de extrema derecha, es un intento más para cuestionar los consensos políticos que rigen en los Estados Unidos, como la autonomía de los estados. Quiere ver hasta qué punto es capaz de pasarle por encima a ese “viejo” orden y hasta qué punto puede crear uno de corte más autoritario.

Además, la referencia a Los Ángeles en medio de la militarización también da cuenta del efecto que dejó la respuesta de las personas, principalmente migrantes, quienes propinaron una derrota parcial al avance antiinmigrante de Trump en dicha ciudad.

Lo anterior es de suma importancia. En medio de la situación reaccionaria que prevalece en el país norteamericano, no hay que perder de vista que existe la potencialidad de la reversibilidad. De hecho, respecto a la política migratoria, encuestas recientes muestran que “el apoyo al plan de deportaciones propuesto era del 51% y la oposición del 41%. Ahora, solo el 45% lo apoya, mientras que el 49% se opone”.

La sociedad es un cuerpo vivo y, en el caso de los Estados Unidos, hay experiencias de luchas de los sectores trabajadores, las mujeres, la juventud y la población afroamericana; cuestión que, incluso Trump, tiene presente, pues en su primera administración enfrentó una rebelión antiracista contra la violencia policial y hace unas semanas la semirebelión popular de los migrantes en Los Ángeles le recordó.