Mediante la resolución 452/2025 el gobierno fusionó los entes reguladores ENRE y ENARGAS en el ENRGE. Esta entidad pasaría a absorber todas las responsabilidades del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS). Ambos se ocupan actualmente de ejercer un control y arbitrio de sanciones sobre las empresas energéticas de cada ámbito respectivo, luz y gas.

Su origen se remonta a las privatizaciones de los 90. Se creó estas entidades debido a la naturaleza de monopolio natural (por razones técnicas) de las empresas ahora privatizadas, Sin regulación las privatizaciones se hubieran vuelto algo difícil de sostener. Monopolios de servicios básicos desregulados, y que además son esenciales para el funcionamiento de la sociedad, pueden hacer colapsar la economía de cualquier país en pocos años. Dejarlos para el «libre mercado» es pura fantasía.

Una fusión que sólo levanta sospechas de despidos

Esta fusión es parte de la infame Ley de Bases.

¿Es necesaria la fusión? Para nada. Ambos entes regulan actividades que, si bien parecen relacionadas, en los hechos técnicos y administrativos no lo están. No hay forma de optimizar el trabajo que ya realizan estos entes. La energía eléctrica y el gas natural se relacionan operativamente, pero no en cuanto al régimen de servicio, que es lo que regulan estos entes. La idea de la fusión se ve más orientada a dar una sensación de «eficiencia» irreal, en línea con el discurso de la extrema derecha mundial. Además, puede ser la excusa perfecta para los despidos y el debilitamiento del control o la regulación de los servicios públicos de luz y gas.

La Ley de Bases plantea cosas impracticables, como la competencia entre distintos proveedores para el usuario final. Como si Edenor y Edesur pudiesen superponerse y uno pudiese elegir. Esto no es practicable técnicamente. Es, por ejemplo, una discusión saldada en Estados Unidos hace mas de 100 años, el primer país en hacer un uso extensivo de la corriente alterna. Algo similar es aplicable a la distribución de gas. No es practicable que existan distribuidoras superpuestas. Las normativas de seguridad para el gas son incluso más restrictivas que para la energía eléctrica. La existencia de varias distribuidoras de gas en el mismo lugar geográfico implica una complejidad técnica innecesaria y no habría manera de que quepan físicamente tantos servicios.

El Estado deja que los empresarios hagan lo que quieran en el mercado eléctrico mayorista

Además, mediante la resolución 450/2025, el gobierno desregula aún más el Mercado Eléctrico Mayorista y pone en peligro el abastecimiento de gas natural para uso residencial. Abastecimiento que ya es una vergüenza, como lo evidenciaron los cortes de gas durante la ola de frío y las respectivas victimas fatales de esta barbarie.

La competencia entre proveedores es algo que resulta invisible para los usuarios de a pie, ocurre en el mercado eléctrico mayorista (MEM). El MEM es el resultado de las políticas neoliberales de los años 90. Allí las centrales eléctricas «compiten». En realidad la competencia es algo discutible. El precio mayorista varía por día y hora, dadas la reglas de «competencia» que emulan una suerte de oferta y demanda. Las centrales ganan la diferencia entre este precio y sus costos de generación.

Los gastos del MEM se transfieren a las transportistas (Transener, Transba, etc.), las empresas dueñas de las redes de alta tensión. A su vez, las transportistas venden la energía a las distribuidoras (Edenor, Edesur, Eden, Epec, etc.). Todas las operaciones son mediadas por CAMMESA, una empresa semi estatal en los papeles pero estatal en la práctica. Si la tarifa que pagan los usuarios no cubre el costo, este es cubierto por CAMMESA. El esquema de subsidios funcionó de esta manera, siendo CAMMESA, y por ende el Estado, quien absorbía la diferencia.

Se desregula la compra venta de gas natural a las centrales termoeléctricas

El decreto 450/2025 busca que CAMMESA ya no sea intermediario de la compra venta en el MEM. Pero CAMMESA se encarga de mucho más que las operaciones con dinero. Su rol es coordinar el sistema argentino de interconexión (SADI). Entre otras cosas, deben limitar el gas natural que las centrales termoeléctricas pueden consumir; particularmente en invierno, para evitar, ni más ni menos, que los hogares se queden sin calefacción.

En el decreto 450/2025 el gobierno elimina el tope que impone CAMMESSA sobre la adquisición del gas y esta pasa a ser gestionada directamente por las centrales. Están orquestando un desastre. Por un lado, la competencia entre centrales por el gas natural hará subir el precio del gas, por ende de la energía eléctrica y del gas en los hogares. Pero, además, no hay forma de evitar que las centrales lo acaparen completamente, dejando sin calefacción a todo el mundo que no pueda pagarse un sistema de calefacción eléctrico.

La reglamentación de la Ley de Bases, en lo que se refiere a la energía, está preparando un auténtico desastre.