La Justicia de Estados Unidos falló contra la República Argentina en la demanda abierta por la nacionalización parcial de YPF en el año 2012. Es intervencionismo económico descarado, ultrarreacionario, de sometimiento directo y saqueo, de ruina nacional.

La jueza federal Loretta Preska da lugar así al reclamo de dos fondos de inversión que denuncian haber sido «perjudicados» por la medida. Es un intento de expropiación sin pago de los recursos nacionales y los frutos del trabajo y el dinero argentino, un fallo de sometimiento brutal y entrega sin compensación alguna de una de las principales empresas nacionales.

Los demandantes son dos fondos norteamericanos llamados Burford Capital y Eton Park, dos fondos «buitres» que compraron la quiebra de Petersen Energía (de los Esquenazi, por aquel entonces propietarios del 25% de la petrolera) para demandar al Estado Argentino.

Este tipo de fondos de inversión son una especie muy destacada en el ecosistema de parásitos engendrados por la sociedad capitalista: se trata de fondos que compran litigios contra países débiles o en crisis que por alguna razón tienen que someterse a la justicia yanqui, teniendo por seguro que los fallos judiciales no los beneficiarán.

En 2015, estos tipos de fondos también fueron favorecidos por la justicia norteamericana respecto al canje de bonos de deuda externa argentina realizada en el año 2005.

En esta ocasión, Burford y Etan Park compraron la quiebra en la que se declaró la compañía Petersen Energía luego de que el Estado argentino comprara el 51% de las acciones de YPF que estaban en posesión de la española Repsol. Como según el estatuto de la petrolera -que cotiza en la bolsa de Nueva York y por lo tanto tiene estatus jurídico para los tribunales norteamericanos- se establece que en caso de expropiaciones se debe hacer una oferta de compra a la totalidad de los accionistas (y no sólo a una parte), la jueza Preska decidió hacer lugar a la demanda de los buitres.

Privatizadores y vaciadores

Con la privatización de YPF, Argentina fue víctima de un saqueo descarado. Casi dos décadas después de la entrega a REPSOL, sin inversiones, la empresa había sido de hecho vaciada. Y ahora los fondos buitre pretenden mostrarse como «perjudicados» por lo que ni siquiera fue una recuperación completa de ese desfalco.

La realidad es que bajo la gestión privada la empresa sufrió un vaciamiento descomunal, y con él, una pérdida de posiciones estratégicas para el país en lo que refiere a la energía.

Luego de años de privatización y casi nula inversión, en 2011 -todavía bajo gestión de Repsol- el país tuvo que importar por primera vez más gas y petróleo del que produjo, perdiendo su autoabastecimiento energético, problema que continúa hasta hoy.

Desde la adquisición de la petrolera por parte de Repsol, las reservas de petróleo de la empresa se redujeron un 54% entre 1999 y 2011, mientras que las de gas prácticamente desaparecieron, reduciéndose un 97%. Hoy Argentina gasta miles de millones de dólares anuales en la importación de gas, aunque cuente con importantes reservas.

Estos datos arrolladores contra el falso discurso de la «eficiencia» que sería propia del «sector privado» (discurso típicamente noventista que recobró fuerza con Milei) no parecen ser suficientes para que los derechistas y cipayos de turno aprovechen la ocasión para renegar de la expropiación, defender la privatización y a los parásitos especuladores extranjeros que hacen negocios con el país.

Párrafo aparte para el kirchnerismo que, si bien recuperó para el Estado la mayoría accionaria, premió a los vaciadores de Repsol con más de U$S 8.000 millones. Ahora, los saqueadores pretenden quedarse con los recursos del país sin poner ni un dólar. Además, al haber hecho una estatización parcial y no total, le abrió la puerta a los buitres que ahora sobrevuelan y que pueden perjudicar (aún más) gravemente las finanzas del país.

Además, la Ley impulsada en su momento por CFK dejó intacta la figura de Sociedad Anónima, dejando una ventana abierta para futuras reprivatizaciones y dándoles un peso importante a los inversores privados. Antes de su privatización en el gobierno de Menem, YPF era una Sociedad del Estado, y su conversión a Sociedad Anónima fue el paso previo necesario para avanzar en su privatización y posterior desguace.