¿Alguien de verdad cree que la justicia es independiente de «la política»? ¿Hay alguna razón para creerlo si siempre que asume un gobierno los funcionarios implicados legalmente en escándalos de corrupción son sólo los opositores? Las historias de personajes como Pepín, contestan estas preguntas sin dejar dudas. Preparen los pochoclos, se viene una de mafiosos. 

Pepín hace décadas es un delincuente. En los 90 estaba implicado en el quiebre fraudulento de empresas y luego, como funcionario del gobierno porteño de Mauricio Macri, hizo de matón. Dirigía un grupo que expulsaba a la gente que dormía en lugares públicos de manera violenta… Tipazo. 

Con el tiempo fue escalando y su relación con Macri se fue haciendo más estrecha. Luego del triunfo de Cambiemos en el 2015, Pepín se transformó en el operador judicial estrella del gobierno. Su objetivo era presionar a jueces y fiscales para perseguir al kirchnerismo. Una vez que lograban pescar empresarios ligados a Cristina o funcionarios menores, se encargaba de apretarlos para involucrar a CFK y otros pesos pesados de la gestión anterior. 

Antes que nada, no pongo ni una uña en el fuego por el kirchnerismo. Hay muchas pruebas en algunas causas y es conocida la corrupción estructural del estado capitalista en nuestro país y en todo el mundo. Tampoco me creo el cuento del republicanismo de Carrió y Juntos Por El Cambio. Con sus diferencias, todos están manchados en la corruptela estatal hecha de coimas, licitaciones a amigos, negocios con el dinero público, etc. Lo que acá planteamos, es que nadie quiere meter preso a nadie por el crimen que cometió realmente. No hay ningún tipo de interés en las investigaciones y mucho menos en “impartir justicia”. El único interés de quienes llevan adelante la persecución a opositores es utilizar la justicia para sacarlos del juego. 

La historia de Pepín se puso interesante cuando Cambiemos perdió las elecciones en el 2019. Comenzaron a avanzar causas presentadas contra quienes operaban a la justicia apretando jueces, testigos y sirviéndose para esto de la secretaría de inteligencia del gobierno y Pepín era número puesto para caer. Sin ser todavía procesado, lejos  de llegar a algún juicio, solo por ser llamado a declarar, Pepín emprende su huida a Uruguay y denuncia una persecución política en su contra. 

Hay algo muy divertido. Pepín en declaraciones planteó que no confía en la justicia argentina. It ‘s fun because it ‘s true (es gracioso porque es cierto) dice un dicho estadounidense. Pepín que logró medidas en contra de los opositores de Macri, a través de la presión a la justicia, conoce desde adentro cómo se manejan estas causas de impacto político. 

Pepín debe ir preso, pero eso no solucionará el tema de fondo. 

Los jueces y fiscales son designados bajo acuerdos políticos, decretos, intercambio de favores y en ocasiones por concurso (decididos con criterios poco claros).  Luego utilizan sus fallos para favorecer a los intereses políticos y económicos de los que son parte o para resguardarse de los carpetazos y aprietes de servicios de inteligencia y operadores políticos como Pepín. El pueblo trabajador, la mayoría aplastante de la sociedad, no tiene arte ni parte en la designación de los “impartidores de justicia”. Ya es hora de que eso cambie.