Por Ana Vázquez

Después de un lanzamiento del año judicial con un discurso, desde el presidente de la Corte, de un llamado a «superar la crisis de legitimidad de la Justicia» y con escasa concurrencia de sus pares, se dicta este fallo. Éste es favorable al reclamo de María Isabel García, de la provincia de Entre Ríos, que inició su demanda contra la AFIP en 2015. Logró esta resolución que prohíbe que le deduzcan el Impuesto a las Ganancias sobre sus haberes y deberán devolverle el descuento que le realizaron en forma retroactiva. La resolución efectiva, si bien es sólo para ella, habilita a unos 300.000 jubilados y pensionados en similar situación a realizar el reclamo judicial, que abarca a aquéllos que su haber sea de al menos $62.462.

Aunque una resolución definitiva sobre el tema esté en manos del Congreso Nacional, quien es el encargado de tal legislación, este es un precedente importante y “explosivo” en la actual situación política.

Los jueces Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco votaron a favor argumentando fundamentalmente el carácter de grupo vulnerable a los trabajadores pasivos y apoyándose en la reforma constitucional de 1994 que garantiza “la igualdad real de oportunidades y de trato”. El doctor Carlos Rosenkrantz votó en contra con el argumento central de que “No se demostró que una retención del orden del 30% en concepto de Impuesto a las Ganancias sea confiscatoria ni irrazonable. Por el contrario, la actora sólo ofreció prueba relativa al pago de un servicio de telefonía, cuyo costo representaba el 0,68% de su haber jubilatorio”. O sea que, en su opinión, era una barbaridad el haber que cobraba esta señora que seguramente lo derrochaba en lujos como hablar por teléfono. Si lo gana un presidente, gobernador, funcionario legislativo, ejecutivo o judicial, cambiaría su opinión, desde ya.

Es el mismo magistrado que expresó el año pasado, en relación al cobro del Impuesto a las Ganancias a los jueces (finalmente se resolvió que lo paguen los que fueron nombrados a partir de 2017): “…la exención de Ganancias a los jueces ‘no es la consagración de un privilegio’. Dijo que el desafío es lograr que los jueces paguen el Impuesto ‘sin que su sueldo de bolsillo se vea reducido’». (La Nación 11/11/18) Un poco contradictoria, ¿no?, pero ésta no es la más reaccionaria. La siguiente: «El ‘Nunca más’ no se puede poner en práctica a cualquier costo», (íd), muestra más claramente su perfil.

¿Fue un regalo de los supremos “democráticos y progres”?

Esta resolución no es mérito de los 4 jueces que la votaron en mayoría, sino de, por un lado, de que los derechos en nuestro país, no es tan fácil eliminarlos de un plumazo. Y, además que, en un año electoral y con un gobierno que es un fracaso total, también su “juez estrella” en el máximo tribunal hace agua por los cuatro costados. De quedar en minoría pasó a quedar solo en su votación. Como consecuencia inmediata dentro del organismo judicial, y como parte de su control, “(…) se decidió quitarle al presidente Rosenkrantz el control y la administración del

Centro de Información Judicial (CIJ). Este es un sitio abierto que creó Lorenzetti durante su presidencia para informar sobre fallos judiciales.” (La Nación, 27/3/19)

Una vez más, los señores supremos le bajaron el pulgar al gobierno. Un gobierno que, además de fracasado y repudiado cada vez más ampliamente por los sectores populares, está siendo aislado por los más poderosos. Si los hay, la Corte no es un poderoso menor.

Avancemos en la defensa de nuestros derechos y vayamos por más

Este fallo crea un precedente en defensa de los haberes y los derechos de los trabajadores jubilados, en un momento que hay una oleada reaccionaria antiderechos que nos quieren convencer que jubilarse perjudica la salud física y psicológica, que hay muchas personas mayores que pueden seguir trabajando. O sea: ser jubilado es un privilegio que hay que eliminar. O, a lo sumo restringir a las personas que ya no puedan ni caminar.

Lo que no es anticonstitucional ni para la “vieja” ni para la “nueva justicia” y es una vergüenza social y humana es que el haber mínimo de la jubilación pasó a ser en este mes la suma de $10.410,37 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor de $8.328,29.

Sobre este brutal ataque a la vida, la salud, de millones de trabajadores jubilados, la Suprema Corte se calla. Mira para otro lado, como mira contra los derechos de otros millones de jóvenes, mujeres y trabajadores que defienden derechos “supremos” como el del trabajo, el acceso al estudio, a la salud.

Está en nuestras manos seguir la pelea que es tradición de generaciones en nuestro país y es actual y presente como las masivas movilizaciones en todo el país el pasado 24 de Marzo, de no dejar arrebatarnos nuestros derechos conquistados e ir por más.