El anuncio del gobierno de Fernández de intervenir y eventualmente estatizar Vicentín desató un intenso debate. El sector más reaccionario de la oposición patronal salió con los tapones de punta a defender el derecho de propiedad de los estafadores que llevaron adelante el vaciamiento y endeudamiento fraudulento de una de las principales agroexportadoras del país.

El gobierno, que al momento sólo dictó la intervención y anunció el envío de un proyecto de ley para que la empresa sea considerada “utilidad pública”, simplemente salió a responder que se trata de un rescate a una empresa en crisis y que su vocación en defensa del capital privado es inconmovible.

Desde la izquierda, Manuela Castañeira salió a reclamar que se lleve adelante una verdadera expropiación “sin pago y bajo control obrero para que la expropiación no sea un salvataje a estos vaciadores”.

Nubarrones en el horizonte

La crisis de Vicentín puso al gobierno de Fernández en una posición difícil, la agroexportadora acusa crisis en un momento que convergen el parate mundial por la pandemia de Covid-19 y la negociación de la multimillonaria deuda externa.

Se trata de una empresa enorme, de larga tradición y un rol estratégico en el rubro agroexportador cuyos socios principales iniciaron una cadena fraudulenta de endeudamiento, fuga de capitales y vaciamiento que llevó a la crisis actual.

En este contexto el gobierno decretó la intervención. Pero sobre Vicentín revolotean los buitres de los grandes pulpos transnacionales de la alimentación y el agro, deseosos de aprovechar la crisis para hacerse con una parte de este mercado multimillonario. También quienes quieren que el “rescate” del gobierno les dé la posibilidad de seguir perpetuando este negocio.

¡Comunismo!

La oposición patronal puso el grito en el cielo, tildando al gobierno de comunista, de querer expropiar a todas las empresas que tenga a su alcance, llenando todos los medios de propaganda digna del macarthismo yanqui de la posguerra y convocando a manifestaciones reaccionarias como la que se dio anoche en Avellaneda, Santa Fe.

Ocurre que en su lógica ultra liberal, si una empresa nacional se endeuda hasta la crisis, lo normal es que otras empresas transnacionales se la lleven a precio de remate y siga el negocio. Cualquier intervención del Estado, incluso este salvataje en el que puede terminar haciéndose cargo de una deuda privada inmensa, es vista como dictatorial, comunista y enemiga de negocios futuros.

Ante una respuesta tan cipaya, el gobierno quedó con una posición política privilegiada, apareciendo como defensor de la soberanía nacional y alimentaria, los puestos de trabajo, pequeños productores y el espíritu de la Argentina productiva… Mientras le salva y el negocio a otros empresarios megamillonarios que se dedicaron a especular y fugar con plata ajena.

Fernández sencillamente tuvo que responder que ellos son 100% capitalistas, amigos de los empresarios y los negocios, pero que tiene una estrategia distinta a la anarquía del mercado y la extranjerización extrema de la economía que proponen liberales y conservadores al unísono.

Intervención no es expropiación

Lo primero que hay que decir sobre el debate en torno a la expropiación de Vicentín es que todavía no hay tal. El gobierno de Fernández dispuso, ante la prolongada crisis financiera de la empresa, una mera intervención. Se podría argumentar que fue un movimiento defensivo, para frenar la venta de activos que ya estaba encarando la empresa.

La expropiación, si ocurre, se dará luego de un largo debate parlamentario donde el oficialismo tendrá que conciliar con la oposición y sectores más abiertamente pro empresarios al interior de su propio espacio las condiciones para llevarla adelante.

Hay dos elementos del debate que son fundamentales aquí: Qué porcentaje de la empresa se expropia eventualmente y cómo se indemniza a la parte expropiada. Porque la expropiación por vía parlamentaria no es sino una compra forzada. Se declara la empresa “de interés público” y, si se procede a expropiar, “debe ser calificada por ley y previamente indemnizada” según el Artículo 17 de la Constitución Nacional.

¿Quién paga los costos?

Entonces el Estado, ateniéndose a las leyes que estos empresarios desatendieron desde el primer momento, debe pagarles previamente para poder rescatar a la empresa de la debacle a la que la llevaron sus dueños y directivos en concurso con el gobierno anterior.

Distinto es si el Estado utiliza la deuda que tiene la empresa con el Banco Nación (arriba de $18 mil millones) para argumentar que ya pagó. Pero en ese caso la expropiación sólo es de una parte y así todo los empresarios tienen la posibilidad de llevar el Estado a juicio, sacando aún más millones de las arcas públicas. Así funcionó con Aerolíneas y Repsol, cuyas cuentas todavía estamos pagando y en algunos casos restan juicios por definir.

Se trata de una dinámica ya conocida, en el que el Estado termina haciéndose cargo de deudas millonarias de empresas que fueron llevadas a la quiebra por directivos adictos a las ganancias a corto plazo.

Una empresa estratégica

El Grupo Agroindustrial Vicentín SAIC es una empresa agroexportadora de capitales nacionales, basada en el Norte de Santa Fe, que se ha hecho un lugar importante en el mercado a lo largo de los más de 90 años que viene operando, colocándose en el top 10 de empresas argentinas.

Se dedican principalmente al procesamiento y exportación de granos y productos derivados, pero además cuentan con una textil, Algodonera Avellaneda; un feedlot, Los Corrales de Nicanor; producen vinos de alta gama, miel y tienen participación junto a la suiza Glencore y Molinos Río de La Plata en una planta de biodiesel, Renova. Todo esto para exportación, facturando el año pasado más de U$S 4 mil millones.

Cuentan con cuatro plantas en Ricardone, Avellaneda y San Lorenzo. Renova tiene plantas en Timbúes y San Lorenzo y allí también Vicentín tiene una terminal de embarque, es decir un puerto propio.

Como se puede ver se trata de una empresa estratégica para el funcionamiento productivo del país actualmente y es de extrañarse cómo con volúmenes récord de procesamiento y exportación la empresa se encuentra en crisis financiera hace más de medio año.

El negocio de la crisis

Ocurre que, apoyándose en su enorme espalda productiva, la empresa contrajo enormes deudas con la banca pública, bancos privados y adeuda pagos a productores que le vendieron sus granos para que Vicentín los exporte por ellos. En total acumula casi 100 mil millones de pesos de deuda (unos U$S 1350 millones).

Durante la gestión de Macri, recibió una fuerte inyección de financiamiento por parte del Banco Nación, mientras la empresa abría subsidiarias en el exterior, lo que da una pista de a dónde fue todo el dinero adquirido. A pocos días del cambio de gobierno, Vicentín anunció la cesación de pagos por unos U$S 350 millones, argumentando “estrés financiero”. De ahí la crisis escaló, estando hoy la empresa en concurso de acreedores.

Sin embargo la empresa tiene plena capacidad productiva, la crisis que acusa es sólo financiera, de capacidad de pago de las deuda contraídas. Y para hacer frente a ciertos pagos empezó a vender algunos de sus activos, como parte de su participación en Renova, que fue adquirida por Glencore, que ahora tiene la mayor parte de la empresa de biodiesel.

Mientras tanto, los trabajadores de las distintas plantas fueron sufriendo desigualmente el parate de la pandemia y la cuarentena con suspensiones que sumado a la crisis que acusa públicamente la empresa, ponía en duda la continuidad de los puestos de trabajo. A todo esto Gustavo Nardelli, principal responsable de la empresa, se paseaba en lancha por el Paraná rompiendo la cuarentena.

¡Expropiación ya!

Todo este panorama intenta ilustrar un problema enorme, que es la dependencia del Estado de empresas -nacionales y transnacionales- que, usufructuando su mano de obra, sus recursos naturales y hasta la banca pública hacen enormes negocios a expensas del interés general de los trabajadores.

No es casual que hayan sido estos los principales excluidos del debate, que en el caso de Vicentín abarca muchas ramas productivas, gremios y miles de personas que están involucradas, directa o indirectamente, en generar esas ganancias multimillonarias para los Padoán y los Nardelli.

Es inconcebible que en el Siglo XXI países mega productores de alimentos no sólo tengan que ver cómo sus poblaciones pasan hambre, sino que hasta los miserables paliativos que otorga el Estado sean comprados en negocios multimillonarios para empresas privadas que poseen los campos, los medios para producir y los puertos para exportar.

Es indignante que en nombre de la soberanía se les otorgue un salvataje a estos mismos empresarios y que el Estado se ofrezca a pagar los costos de mantener esta rueda andando.

La verdadera soberanía, económica y alimentaria sería que sea ellos mismos quienes paguen los costos de esta crisis. Que la empresa sea expropiada a sus dueños, sin pago ni indemnización, y puesta a producir por sus trabajadores, junto con las comunidades circundantes, organizaciones defensoras del medio ambiente y profesionales de las universidades nacionales, al servicio de las necesidades de estos mismos trabajadores.