La situación de los trabajadores del sector público de la provincia sigue siendo asfixiante: el último aumento recibido fue en noviembre del año pasado, el cual correspondía a la última cuota de un miserable 23% anual, cuando como todo el mundo sabe la inflación anunciada por el gobierno nacional superaba el 50%. Esto trajo como consecuencia el endeudamiento masivo de los trabajadores, que para poder llegar a fin de mes recurrieron a la tarjeta de crédito y los préstamos de bancos y otras (“aves de rapiña”) entidades financieras.
Este año veíamos con cierta falta de asombro como los sindicatos de los trabajadores docentes arreglaba con el gobierno provincial, antes de la crisis del coronavirus, un aumento del 11,3 %, por un monto adeudado del año anterior, y que de esta forma se aseguraba el inicio de clases. Mal negocio para los docentes chaqueños que, de una deuda que el gobierno mantenía con ellos desde el mes de octubre del 2019, solo reconoció parte de ella, haciendo el aumento retroactivo al mes de enero de 2020.
Por otro lado, en la última semana, aprovechando la crisis de la pandemia de coronavirus, el gobierno de la provincia cerró con los sindicatos minoritarios estatales (poder ejecutivo) UPCN, ATE, APSTACH y Gremial Médica, una suma similar a la pactada con los docentes. Cabe aclarar que el sindicato mayoritario de estatales UPCP no acordó el aumento y denunció que no fue convocado a la mesa salarial para la discusión, y si en cambio fue invitado a firmar el aumento una vez acordado el mismo con los otros gremios. También debemos recalcar que este sindicato se encuentra próximo a elecciones de comisión directiva, por lo cual cualquier tipo de traición a los trabajadores sería argumento válido de campaña en contra para las listas opositoras. Y ya que este sindicato nos tiene acostumbrado a todo tipo de negociaciones por debajo de la mesa, no sería raro que, de no estar en época de campaña electoral, UPCP figurara en la mencionada lista de traidores.
Con respecto a las condiciones laborales de les trabajadores de la salud pública en la pandemia, el número de infectados por coronavirus aumenta paulatinamente, y los mismos trabajadores denuncian que no se han dispuesto el aislamiento para trabajadores en contacto con casos supuestos. Tal es el caso de los trabajadores del nivel central del Ministerio de Salud Pública de la Provincia, de los cuales muchos de ellos han estado en contacto con la directora del Hospital Dr. Perrando, caso positivo confirmado.
Ante el aumento de casos entre trabajadores de la salud, el gobierno ha incorporado más de 200 profesionales mediante decreto, de los cuales aproximadamente 20 son médicos y 120 enfermeros, entre otros. La vinculación laboral se dio por Contrato de Servicio, una especie de contrato a Plazo fijo. Dicha relación contractual contiene todos los beneficios de un personal de planta, solo que en este caso el contrato sería transitorio.
Aquí se debe llamar la atención, dado que la buena noticia respecto a que el gobierno contrate personas con todos los derechos que debe tener un trabajador (lo que no debería ser novedad), contrasta con la precariedad laboral de alrededor de 4.000 compañeros y compañeras de salud pública y otros tantos del Ministerio de Desarrollo Social, que cuentan con “becas” de trabajo y “contratos directos” que apenas cubren la canasta alimentaria, cumpliendo con 6 horas diarias, horarios rotativos y distintos tipos de funciones: limpieza, administración, enfermeras, trabajadoras sociales. Todo esto sin beneficios de aportes jubilatorios, obra social, ni régimen de licencias por enfermedad, seguro, etc. Con respecto a la antigüedad, hay casos en que los mismos superan los 11 años, y los distintos gobernadores de turno (Capitanich, Peppo y nuevamente Capitanich), le han negado el pase a planta permanente.
Con respecto al sector privado, se han hecho denuncias vía redes sociales de trabajadores de Call Centers. Estos exponen que, pese a que los empresarios del rubro fueron los que más se resistieron a implementar medidas frente a la pandemia, y aunque el trabajo se sigue realizando mediante la modalidad de “teletrabajo”, aun así, les han comunicado que la empresa abonará el 70% de sus sueldos y estarían negociando que el Estado provincial pagara los aportes. Lo que se dice, un negocio redondo para un sector que no bajó las persianas.
Por eso decimos que el gobierno de Jorge “Coqui” Capitanich aprovecha la pandemia para continuar con el ajuste y cargar ésta y la crisis de deuda externa sobre los trabajadores. Decimos también que la misma es una situación propicia para no otorgar los aumentos que deberían corresponder a la inflación acumulada. Y que la pandemia lo obligó a contratar personal como debe ser, con todos los derechos que debe tener un trabajador, pero que se olvidó que hace menos de 6 meses, la provincia tenía protestas y paros de todos los colores en el sector público, por las condiciones precarias del 30% de sus trabajadores.
Por todo esto, como Nuevo MAS y Corriente 18 de Diciembre Regional Nordeste llamamos a les trabajadores a no confiar y no esperar nada de este gobierno, que es el mismo gobierno ajustador que el de Peppo, y del cual no es más que su continuidad (forman parte del mismo partido y hasta hace meses, del mismo frente).
