Este miércoles tuvo lugar la primer audiencia conciliatoria sobre el caso Vicentín en Reconquista. En la misma el gobierno provincial llevó la propuesta -consensuada con nación- de constituir un fideicomiso entre los acreedores de las multimillonarias deudas de Vicentín, abriendo el juego también a otras empresas con el objetivo de garantizar un rescate para la cerealera.

El proyecto de Perotti, que siempre se mostró reacio a la expropiación de Vicentín, le sirve al gobierno nacional para mostrar moderación luego de haber retrocedido de su posición inicial, producto de la presión por derecha de los cacerolazos y banderazos en defensa de la propiedad privada.

Fernández había anunciado la intervención de la agroexportadora el 8 de Junio pasado, junto con un proyecto de ley para su expropiación luego de más de que entrara en concurso de acreedores por una deuda de más de cien mil millones de pesos. Pero a poco más de un mes de los anuncios la intervención fue desestimada por el juez, el proyecto de expropiación nunca se presentó y el gobierno fue retrocediendo ante la presión por derecha, llegando Alberto a arrepentirse públicamente de sus acciones en declaraciones radiales.

Un salvataje a la medida de los empresarios

Lejos del reclamo de expropiación sin pago, embargo e investigación que levantamos desde la izquierda, lejos incluso de la expropiación parcial y conversión en empresa mixta que pregonaba el oficialismo como vía de rescatar la empresa, la última propuesta del gobierno supone una capitulación completa, en la que el Estado se haría cargo de rescatar a la empresa sólo para que vuelva a caer en manos privadas.

El planteo del gobierno fue bien recibido por Maximiliano Padoán, director de Vicentin, Daniel Buyatti, presidente del Directorio, y Guido Ferullo, abogado de la firma, que actuaron como representantes de la empresa. Luego de sortear la intervención y quebrar la posición del gobierno sobre la expropiación se mostraron abiertos al diálogo y a escuchar sugerencias, ahora en términos más convenientes para ellos. Habrá una nueva audiencia para avanzar en este tema el 30 de este mes en el juzgado de Lorenzini.

En concreto, el proyecto del gobierno de Santa Fe supone la creación de un fideicomiso, para administrar la empresa transitoriamente hasta salir de la crisis, con participación de accionistas y acreedores. Esto significa que las acciones actuales de la empresa, así como las deudas de sus acreedores, capitalizadas en nuevas acciones, pasarían a ser administradas por un tercero para luego de cierto plazo o condiciones entregar la empresa a la nueva sociedad que se forme.

Para que la capitulación no parezca completa hace falta sin embargo una gestualidad. La prenda de cambio sería en este caso el desplazamiento del actual Directorio de la empresa que integran las familias Vicentín, Padoán y Nardelli. Un movimiento que cuenta con amplio consenso entre los acreedores, tanto nacionales como extranjeros por el fuerte descrédito que tienen estos empresarios luego de haber llevado a la crisis al cuarta cerealera del país.

Según medios especializados, hasta las propias familias estarían dispuestas a dar un paso al costado. Evidentemente no les parece mal negocio convertirse en accionistas minoritarios de una empresa con alta capacidad exportadora y respaldo estatal y que de paso bajar el foco se corra un poco de ellos en vista del fraude que consumaron al frente de la empresa y que empieza a tomar cada vez más profundidad.

Un fraude millonario

Precisamente el otro gran tema que queda por fuera de la discusión y que han logrado correr de la agenda es la responsabilidad de los directivos en la crisis financiera que atraviesa la empresa actualmente, luego de recibir préstamos multimillonarios del Banco Nación a cargo de Javier González Fraga durante el macrismo. A la par que la empresa embolsaba miles de millones en deudas, fue creando una serie de empresas off shore que evidencian que se consumó una enorme estafa para fugar dinero al exterior por diversos mecanismos.

Esta semana un grupo firmas acreedoras presentaron por intermedio de un estudio jurídico especializado una denuncia contra Vicentín SAIC y sus directores por lavado de activos ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Denunciando una serie de transacciones entre empresas no declaradas pero dependientes o vinculadas al grupo económico asociado a la agroexportadora.

Los rastros de lavado de activos, triangulación de precios y maniobras de facturación se extienden desde Santa Fe hacia Uruguay, Paraguay, los Estados Unidos, Panamá y las Islas Vírgenes Británicas, donde se han creado empresas vinculadas a Vicentín, sus directivos o accionarios en distintas combinaciones, según reveló una investigación que llevan a cabo desde Diciembre de 2019, cuando la empresa se declaró en default.