Esta semana, el gobierno de Donald Trump declaró que revocaría el cálculo científico que sirve de base legal para combatir el cambio climático. Esta medida no sorprende, dado que el magnate es un defensor de los combustibles fósiles y un negacionista confeso del calentamiento global.

La decisión sobrevino tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia (compuesta por una mayoría de jueces conservadores leales a Trump), el cual avaló a la Casa Blanca para derogar la restricción ambiental impuesta en 2009, durante la administración del ex presidente Obama.

En ese entonces, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) estableció que los gases de efecto invernaderos eran peligrosos para la salud y el medio ambiente, por lo cual sus emisiones se podían regular bajo la Ley de Aire Limpio, una normativa de 1970. Con base a lo anterior, elaboró la Declaración de Peligro, la cual sirve de fundamento legal para muchas regulaciones ambientales de los Estados Unidos.

Pero, tras el regreso de Trump a la  presidencia, la Casa Blanca comenzó a desconocer los compromisos ambientales adquiridos previamente. Por ejemplo, en los primeros días de su administración retiró a los Estados Unidos del Acuerdo de París.

Volviendo con el caso en cuestión, el actual director de la EPA, Lee Zeldin, declaró que los “conservadores aman el medio ambiente, quieren ser buenos administradores del medio ambiente”, pero de inmediato se diferenció de las personas que “están dispuestas a llevar al país a la bancarrota en nombre de la justicia ambiental”. Además, festejó que esta sería la “mayor medida desregulatoria” de la historia de los Estados Unidos.

Estas palabras las pronunció durante un acto que se llevó a cabo en un concesionario de autos en el norte del país, un detalle bastante simbólico, pues se espera que la EPA en los próximos días declare que los gases de efecto invernadero emitidos por los automóviles no tienen un impacto significativo en el medio ambiente.

Lo anterior no se corresponde con los datos. Según la ONG Consejo de defensa de los recursos naturales, si el sector de transporte de los Estados Unidos fuera un país, sería el cuarto emisor de gases de efectos invernadero del planeta.

Dicho en términos jurídicos, la decisión de la Casa Blanca configura un ecocidio doloso. La desregularización que promete Trump va potenciar el calentamiento del planeta, en un momento donde los efectos del cambio climático cada vez impactan. Por ejemplo, 2024 fue el año más caliente registrado y. a lo largo de la década previa a 2023, los niveles del mar aumentaron un promedio de 4,3 centímetros, aunque en algunas parte del océano Pacífico fue mayor, colocando en duda la existencia de varias repúblicas insulares.

Esta medida entra en contradicción con el reciente fallo de la Corte Interamericana de Justicia (CIJ), que la semana pasada declaró que el cambio climático es una “amenaza urgente y existencia” y, además, declaró como un derecho humano el acceso a un “entorno limpio, saludable y sostenible”. Este fallo, como era predecible, contó con la oposición de Estados Unidos.