Hace poco fue noticia que, mediante la diputada Romina Diez, el gobierno libertario, envalentonado tras ganar las elecciones de medio término, presentó el proyecto de Reforma Laboral.
Fueron los abogados del estudio jurídico al que acuden gran parte de los principales empresarios del país para asesorarse en materia laboral fueron quienes realmente elaboraron el proyecto, y Romina Diez, diputada de LLA que se presenta como defensora de las “ideas de la libertad”, actúa solo como su fachada.
El estudio en cuestión es Bruchou-Funes de Rioja & Asociados. Este bufete de abogados se dedica a asesorar a los principales empresarios que hacen negocios en el país, ya sean locales o internacionales. La historia de esta firma comienza con la fusión de dos estudios, por un lado Bruchou, Fernandez Madero & Lobardi (un bufete «full service») y, por el otro, Funes de Rioja & Asociados (fundado por Daniel Funes de Rioja, actual presidente de la Unión Industrial Argentina). Entre ambos estudios acapararon buena parte de las transacciones mas importantes de los últimos 30 años en Argentina.
La relación del Brouche-Funes de Rioja con el gobierno de Milei
Bruchou-Funes de Rioja & Asociados es el estudio jurídico que se encuentra íntimamente ligado a los empresarios más importantes que hacen negocios en el país. Pero además, el estudio tiene una relación política con el gobierno. Quien se ocupa actualmente de mediar esta relación es Miguel Angel Ponte, un funcionario del gobierno que es ex número dos de Jorge Triaca en el Ministerio de Trabajo del gobierno de Macri y exgerente de Recursos Humanos de Ternium, del Grupo Techint.
Los principales responsables técnicos de la reforma laboral son Ponte, el ultra carga reincidente Federico Sturzenegger y el ahora Secretario de Trabajo de Milei, Julio Cordero. Cordero y Ponte viene de largas carreras de décadas de representantes legales del grupo Techint.
Entre otras cosas, este funcionario mostró su vínculo con el bufete al disertar en una exposición organizada por Bruchou-Funes de Rioja. Habló allí como el referente en temas laborales de LLA. Además, otros funcionarios de LLA admitieron que Ponte convocó a “especialistas del sector privado” para redactar el capítulo laboral del decreto 70/23, que la justicia laboral finalmente suspendió. Queda claro que estos «especialistas» probablemente hayan provenido del estudio jurídico mas prestigioso del rubro.
El comienzo de la relación entre LLA y Bruchou & Funes de Rioja se dio poco antes de 2023 mediante el ex jefe de Gabinete, Nicolas Posse, luego eyectado del gobierno por diferencias con Karina Milei. La afinidad con el bufete fue total. Tal es así que Liban Kusa, uno de los cuatro socios que forman parte del consejo de administración del estudio, recibió la oferta de dirigir la AFIP ni bien arrancó el Gobierno, pero no aceptó.
Una reforma laboral para volver al siglo XIX
El proyecto contiene un abanico de puntos antiobreros y ultra regresivos, que acabarían por volver las condiciones laborales a las del siglo XIX. Entre otras cosas propone:
- Extender la jornada laboral a 12 horas mediante bancos de horas o regímenes especiales.
- Flexibilizar convenios colectivos de manera que permitan acuerdos individuales, una aberración jurídica ya que los convenios ya no tendrían mucho de colectivos.
- Fragmentación de vacaciones.
- Peritaje de certificados médicos centralizado por médicos dependientes del Ministerio de Capital Humano.}
- Indemnizaciones en hasta 12 cuotas.
- La vuelta de los “ticket canasta”, una forma de pagar parte del salario en órdenes de compra de alimentos y otras mercaderías.




