Con el tarifazo de luz, esta semana comenzó con un pack de anuncios por parte de la Secretaria de Energía, dependiente de Ministerio de Economía, que obviamente no incluyó ninguna buena noticia para los trabajadores.

La primera resolución les permite a las empresas distribuidoras de electricidad, EDESUR y EDENOR, aumentar las tarifas de luz para noviembre. Así, Edesur podrá aumentar un 3,53% y Edenor un 3,6%. En contraste, la inflación fue de 2,1% en septiembre y en octubre se espera que sea de entre un 2 y 3%. Esto se suma a los aumentos, también por encima de la inflación, del gas y transporte. Ningún trabajador ve su salario crecer al mismo ritmo ve su salario crecer al mismo ritmo y las tarifas ineludibles tienen un peso cada vez mayor en los gastos mensuales.

El otro anuncio es que el Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE) va a permitir un cambio en la forma de medir el consumo energético. Establecido en 2016, el cálculo se hace de manera bimestral. El gobierno ordenó pasar a uno mensual, con revisiones y aumentos más frecuentes.

Las empresas vienen desde los 90´ vienen recibiendo beneficios. La prácticamente nula reinversión de las ganancias tuvo la obvia consecuencia en una caída en picada del servicio. Cada año, lo único que es seguro en este inestable país es que el verano viene con cortes. Las líneas de reclamos son en los hechos inexistentes y las “penas” a las empresas por los mega cortes veraniegos son un chiste que, además, nunca pagan. Pero siempre peuden victimizarse con la complicidad de todos los gobiernos. En particular de este.

Los tarifazos y el cambio de la medición del consumo son parte del “Plan motosierra”, que traslada el recorte del déficit fiscal directamente a los trabajadores mientras ayuda a las desastrosas empresas argentinas a no perder ni un peso.

Lo remarcamos en el Manifiesto Anticapitalista para Argentina:

“…los subsidios a los servicios públicos (gas, luz, agua) y al transporte público cumplen el rol de ser un “salario indirecto” para los trabajadores. Luego de la rebelión popular del 2001 y el estallido de las luchas sociales, se hizo necesario garantizar un aumento generalizado del nivel de ingresos de la población. Sin embargo, los empresarios no estuvieron dispuestos a hacerlo mediante aumentos de salario “directo” (es decir, aumentos en el sueldo que pagan a cada trabajador). Nuevamente, ese rol lo cumplió el Estado capitalista argentino, garantizando ese salario indirecto mediante servicios públicos subsidiados. Al mismo tiempo, el Estado capitalista mostró su carácter de defensor de los empresarios, porque siempre garantizó, mediante subsidios, las ganancias de las empresas de servicios privatizadas durante los años 90’. El aumento de las tarifas que promueve ahora Milei, como antes intentó el gobierno de Alberto Fernández y Macri, implica una reducción del salario “indirecto” de los trabajadores y, por lo tanto, el empobrecimiento de la mayoría de la población del país…”

Las elecciones terminaron y el gobierno se frota las manos, deseoso de arruinarle la vida todavía más a las mayorías trabajadoras para darle más y más a los empresarios.