Este lunes (8), la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos autorizó al gobierno de Donald Trump para reanudar las detenciones y arrestos de migrantes en el estado de California, en especial en Los Ángeles, basándose en criterios racistas y xenófobos como el color de piel, el acento o simplemente por estar en zonas frecuentadas por la población latina (paradas de transporte público o centros de trabajo manual).

Recordemos que el gobierno de Trump tiene como una de sus principales banderas la persecución xenófoba e indiscriminada contra todos los inmigrantes latinos. A finales de agosto, las deportaciones rondaban las 1500 por día. La Casa Blanca fue categórica al marcar como objetivo deportar un millón de inmigrantes al año y, en 2025, apunta llegar al medio millón.

Además, en julio se dio un aumento de 76 mil millones de dólares del presupuesto del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), encargados de llevar acabo las persecuciones.

Como indicamos previamente, las detenciones se producen en los lugares de trabajo o espacios frecuentados por personas trabajadoras, en su mayoría inmigrantes latinos. Esto abarca desde obras en construcción hasta lavaderos de autos, donde los agentes de ICE emplean métodos de persecución violentos contra quienes se vean o hablen como migrantes.

Asimismo, estas detenciones arbitrarias también afectan a ciudadanos estadounidenses con ascendencia latina, los cuales son detenidos por su color de piel. Es el caso de Brian Gavidia, quien fue detenido en Los Ángeles el pasado junio al salir de un centro comercial, pero tuvo que ser liberado luego de demostrar que era ciudadano estadounidense.

En este marco, uno de los estados más atacados es California, dado que cuenta con una comunidad latina muy grande, en especial en Los Ángeles. Según las estimaciones de la Oficina del Censo de Estados Unidos, el 40% de los californianos son latinos, lo cual equivale a poco más de 15 millones de personas.

Lo anterior explica que fuera en Los Ángeles donde tuviera lugar el primer gran estallido social contra las redadas de ICE, el cual hizo retroceder a los agentes migratorios a partir de la organización colectiva contra las redadas, como reflejaron las hermosas imágenes de los patrulleros huyendo ante una lluvia de piedras.

Estas protestas masivas lograron arrancar el fallo de la Jueza Demócrata Maame E. Frimpong, el cual detuvo las redadas aleatorias de ICE basadas en color de piel, hablar español o el tener un acento al hablar inglés.

Este fue el 1°round, el cual se saldó con un repliegue del gobierno de Trump y una victoria parcial de la semi-rebelión popular latina.

Pero, tal como informaron nuestros compañeros del SiTraRePA luego de su viaje a Los Ángeles (en el marco de la organización del 2do Congreso Internacional de Trabajadores por Plataformas), tras este primer round vendría un contraataque.

Todo parece indicar que el fallo judicial de ayer es el inicio. La decisión de la jueza californiana fue elevada a la Corte Suprema de Justicia, con mayoría no solo republicana, sino en completa alineación con Trump.

Desde el gobierno estuvieron todo el mes de agosto presionando a la Corte Suprema para que resolviera el caso y permitiera retomar las redadas indiscriminadas contra la población migrante. Un ejemplo de esto fueron las declaraciones del Procurador General Jhon Sauer, quien afirmó que la decisión de la jueza amenazaba a los oficiales con sanciones si se consideraba que los arrestos estaban sustentados en criterios racistas y xenófobos como el color de piel. Fruto de esta presión, día de ayer la Corte Suprema finalmente se pronunció en contra del fallo de la jueza californiana.

Así, con una mayoría de 6-3, se le devolvió a los agente de ICE la posibilidad de arrestar a personas por su apariencia, acento, etnia o simplemente por desempeñar trabajos manuales o frecuentar lugares usuales para los migrantes.

Es una decisión en extremo racista y xenófoba, la cual da vía libre para que sigan las persecuciones, la violencia y el terror contra los latinos.

Este fallo refleja la gran división, no solo de la sociedad estadounidense, sino de las propias instituciones. Por un lado, el juez trumpista Brett Kavanaugh salió a defender la posición de la mayoría en la corte: “…Para ser claros, la etnicidad aparente por sí sola no puede generar una sospecha razonable; sin embargo, según la jurisprudencia de este tribunal con respecto a las detenciones de inmigración, puede ser un ´factor relevante` cuando se considera junto con otros factores salientes.…”

Por otro lado, desde la minoría sacaron una respuesta contra el fallo, escrito por la jueza Sonia Sotomayor y respaldado por las otras 2 juezas que votaron en minoría. En este marcan que “…No deberíamos tener que vivir en un país donde el gobierno puede detener a cualquiera que parezca latino, hable español y parezca tener un trabajo mal pagado…”.

Por otra parte, como es usual los demócratas no llaman a movilizar contra el fallo racista y xenófobo, ni siquiera cuando reconocen que están bajo ataque las libertades constitucionales y los migrantes son puestos a merced de las bandas de agentes de ICE.

Esto marca el comienzo del 2° round entre el gobierno de Trump y los matones de ICE contra la comunidad latina de Los Ángeles.

Las instituciones federales están dispuestas a cederle en todo al gobierno de Trump y su agenda anti-inmigrante y ayudarlo a llegar a su meta de un millón de deportados por año, mientras los demócratas siguen con su tibieza cómplice.

Aun así, este contraataque puede desatar la respuesta de los explotados y oprimidos que, tal como quedó demostrado en julio, tienen capacidad de frenar esta nueva ola de ataques.