Sin precisar más detalles, agregó que “al pedido de más altas de planes estamos respondiendo con la posibilidad de aportar materiales y herramientas para poder generar trabajo».

Este anuncio parece llegar, por un lado, como respuesta a los movimientos sociales que conforman la Unidad Piquetera, quienes marcharon de forma masiva este último martes hasta la sede del Ministerio de Desarrollo. Allí las organizaciones denunciaron incumplimientos en el pago de los programas y al eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La movilización también denunció que esto “significará profundizar el empobrecimiento” en el país.

Por otro lado, y pese a que Zabaleta se cuidó de aclarar que esta medida del gobierno no significa la aplicación de ningún tipo de ajuste, parece una señal directa para el FMI de que las metas de reducción del gasto público -reducción del déficit fiscal- serán cumplidas a rajatabla.

Se trata de reducir el «gasto» de dinero destinada a la ayuda social estatal en un escenario de una pobreza que en el primer semestre del 2021, según el último informe del INDEC, trepaba a un 40,6%, afectando a unas 11,7 millones de personas. Con una inflación que cerró en 2021 con un 50,9% y, que según estimaciones privadas, rondaría una cifra similar para este 2022. A eso debemos sumar que en el país la cifras del mercado de trabajo arrojan que existe un 8,2% de desocupación y un 27,3% de subocupación.

Un reciente estudio de IDESA, que fue publicado a fines del año pasado, se mostró que los dos planes sociales más importantes son el Potenciar Trabajo, que cuenta con unas/os 1.100.000 beneficiarias/os, y los alimentarios, que superan los 1.700.000 beneficiarias/os. Los principales medios de comunicación de uno y otro lado de la grieta ya despotrican contra el enorme costo que implica al Estado hacer frente a las consecuencias sociales de la crisis que arrastra el país.

Las cosas hay que llamarlas por su nombre y este «ahorro» que pretende el gobierno del Frente de Todos sobre los planes sociales afecta al sector más empobrecido y golpeado del pueblo trabajador. Un ejemplo puede mostrar esto, hoy las y los beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo cobran $ 16.000 por mes. Según la actualización del INDEC sobre la Canasta Básica Total, una familia de cuatro integrantes necesita 78.624 pesos por mes para no ser pobre. Los números hablan por sí solos.

Con el más profundo clasismo se alimenta el discurso de odio contra la «Argentina planera» -así titulaba una nota IProfesional-  que hace al centro del abordaje de los principales medios de comunicación y se riega entre muchos sectores de la sociedad. El gobierno se apoya sobre esto y de ese modo se plantea avanzar en el ataque a quienes son más profundamente golpeados por la crisis.

Recorte del gasto sin creación de empleo genuino, aplicación de las viejas recetas recesivas y ortodoxas, todos esto forma parte de la política económica que recorre el gobierno. Y así, se plantea avanzar en hacer los deberes para entregar la riqueza producida por las y los trabajadores para depositarlo en las arcas de los representantes del imperialismo como el Fondo Monetario Internacional.