El centro del conflicto es la Terminal Puerto Rosario, que está en manos de Vicentín y la empresa Ultramar por concesión del Estado. Todo comenzó con una provocación patronal por parte de una empresa que ya tiene acostumbrado a todo el mundo con sus fraudes. Salieron impunes antes, pretenden seguir siéndolo.

Los 25 despidos. los cesanteos y la negativa a pagar los salarios son un intento de imponer por la fuerza una reforma laboral. Las empresas más ricas del país, que lo son por su participación en la exportación del agro y por no parar de estafar, pretenden imponer a los trabajadores peores condiciones laborales y salariales. Pese a nadar en riquezas, intentan instalar la necesidad de que los trabajadores sean más pobres como programa político.

El paro comenzó en una terminal del puerto de la ciudad y ya se extendió a todos los demás puntos de salida de productos al exterior. La paralización es de siete terminales del sur de Rosario, en las que operan empresas de la magnitud de Cargill, ADM y Dreyfus. 

Además de la paralización de las terminales, los trabajadores realizaron también movilizaciones al Palacio Municipal y el Concejo Municipal de Rosario. Mantuvieron un piquete en las puertas de uno de los edificios más «exclusivos» de la ciudad, la torre Aqualina, en donde vive el patrón estafador de turno de Vicentín, Gustavo Nardelli.

La contundencia de los piquetes y el paro puso en alerta a las principales empresas de la exportación de la agroindustria, agrupadas en torno a la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA). En su expresión de «preocupación», dijeron que el principal problema es que se bloquee el ingreso de divisas al país. Por supuesto que no dijeron lo mismo cuando los patrones del campo se negaban a liquidar sus cosechas para imponer una devaluación. Quieren que el gobierno intervenga para aplastar a los trabajadores.

Por su parte, los trabajadores portuarios de la mayoría del país están a la expectativa. No se puede descartar que éste se convierta en un conflicto nacional. Denuncian que lo que pasa en Rosario es la «punta de lanza» de una reforma laboral contra los portuarios de todo el país. El conflicto podría extenderse a los principales puertos de Argentina, aunque el gobierno intenta alejar esa posibilidad.

La intervención del gobierno nacional ha sido «fría», por no decir cómplice de los empresarios. El sindicato local dice estar en contacto con la ministra de Trabajo Kely Olmos, pero ésta nada ha hecho más que mirar Vicentín trata de pasar por encima de cientos de obreros.

El jueves pasado hubo una reunión en la Gobernación de la provincia con el ministro de Trabajo de la provincia. Pero no hubo nada ni parecido a un acuerdo. Las empresas se mantuvieron intransigentes mientras el gobierno observaba haciendo mímica de «mediación». Después de que nada saliera de la reunión, los trabajadores confirmaron las medidas de fuerza en una improvisada asamblea en la Plaza San Martín.

Las empresas también son denunciadas por estar metiendo presión para lograr una extensión de la concesión de la terminal portuaria, que vence en 2032. Los medios, mientras tanto, hacen una campaña de denuncia de «la violencia» de los trabajadores y poco ponen en la mira la voluntad empresaria, con la que están de acuerdo, de hacer lo más miserable posible la vida obrera.