Jaru Rodríguez se encuentra detenido desde el 15 de marzo. Hasta el día de la fecha sin pruebas ni argumentos legales legítimos. Lo único real, el uso de su derecho: el derecho a la protesta. En este caso, la macha del pasado 10 de marzo en contra del acuerdo de hambre y miseria con el FMI.
La imputación que pesa hoy sobre Jaru es la de asociación ilícita. Esa carátula permitió su detención “preventiva”. Se lo acusa de haber generado incidentes y disturbios en el contexto de una protesta a partir de la cual el gobierno, la oposición de derecha y los medios montaron una cacería de brujas con la excusa de los piedrazos hacia el Congreso.
Dicha acusación abre una puerta muy peligrosa. Atacar el derecho del pueblo trabajador a organizarse y manifestarse en las calles. Esta persecución de contenido político tiene como objetivo amedrentar a quienes luchamos frente a las consecuencias nefastas que el acuerdo con el Fondo trae para el pueblo trabajador. El tono del discurso abierto tras la campaña de Cristina fue seguido por el ministro de Desarrollo Social de Nación, Juan Zabaleta, así como por personajes de la talla de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.
¡Muy bien que le saquen el plan! Ahora anímense a sacárselo a aquellos que todos los días cortan las rutas. A menos que sea un moderno concepto de lo que es trabajar.?? pic.twitter.com/rwxo9LSU6R
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 16, 2022
Una cacería reaccionaria cuyo blanco es el derecho a la protesta
Jaru es un joven venezolano y estudiante de la carrera de Sociología. Se gana la vida con un trabajo precario, repartidor por aplicaciones. También dedica su tiempo a ayudar en comedores y ollas populares. Él está detenido sin pruebas, acusado de daño agravado, atentado a la autoridad, incendio, destrozo de bienes públicos y hasta de pertenecer a una “asociación ilícita” organizada con el objetivo de armar desmanes en movilizaciones.
La causa armada que se monta contra Jaru y otros dos manifestantes es en post de criminalizar la protesta. Un claro mensaje político de un gobierno que se dice defensor de los Derechos Humanos y las libertades democráticas, pero termina atacando la protesta por medio de la judicialización.
Este lunes 18 se realizará una nueva reunión abierta en Facultad de Ciencias Sociales de la UBA a partir de las 21hs para pensar cómo intervenir en post de la liberación de los presos políticos. Se trata de Oscar Santillán, Julián Lazarte y Alexander Jaru Rodríguez Carrero, detenidos injustamente en el marco de la protesta y masiva movilización popular contra el pacto con el FMI, acontecida el pasado 10 de marzo.
Familiares y amigues de Jaru Alexander impulsan esta actividad. Ellos/as se encuentran enfrentando la cacería mediática-política-judicial que se puso en marcha tras el ataque al despacho en el Senado de la vicepresidenta, Cristina Kirchner. Respecto a este tema no parece haber grieta entre Gobierno y oposición patronal. Jaru Rodríguez parece de las presas elegidas un blanco perfecto: un joven migrante, sin familia en el país, un trabajador precarizado.
