Este 19 de abril empezó el juicio oral y público por los hechos conocidos como la Masacre de Napalpí. Se trata de una de las mayores masacres cometidas por el Estado argentino contra una comunidad originaria. Durante estos 98 años los diferentes gobiernos negaron el carácter de crímenes de lesa humanidad de estos hechos.

Era el año 1924, por orden del gobernador radical -y empresario algodonero- Fernando Centeno, más de 500 miembros de la comunidades Qom y Moqoit fueron asesinadas/os. Esto ocurrió en el contexto de una huelga en la que se alzaron contra las condiciones de semi-esclavitud a las que eran sometidas/os. El genocidio y represión contó con el aval del entonces presidente radical Marcelo Torcuato de Alvear.

A tempranas horas del día 19 de julio, un grupo de más de cien hombres conformado por miembros de la Policía, Gendarmería, terratenientes y criollos comenzó a disparar contra la comunidad. Los atacantes contaron incluso con el apoyo de un avión que disparaba desde el aire. Esto mientras las y los originarios estaban desarmadas/os y realizaban en el contexto de la huelga una ceremonia religiosa, en la zona del Paraje del Aguará.

Luego de casi una hora de disparar con sus armas de fuego comenzaron a avanzar con sus machetes degollando y llegando a colgar a las y los heridos. Hablamos de hombres, mujeres, niñas/os y ancianas/os. El racismo y los intereses de clase motivaron la orden de desatar una represión brutal contra esta comunidad originaria que era explotada en condiciones inhumanas por los empresarios algodoneros de la zona.

Un Estado criminal, racista y clasista

La huelga fue la herramienta que desde la comunidad encontraron para resistir ante la avanzada de los empresarios que, con la complicidad del Estado y gobiernos, los explotaban como mano de obra casi gratuita en jornadas de más de 12 horas de trabajo. Las comunidades originarias de Chacho (por entonces con estatus de territorio nacional) fueron reprimidas con el fin utilizar el terror para evitar que lucharan y se organizaran contra sus explotadores y opresores.

En este caso las y los originarios eran recluidos en la llamada Reducción Estatal para Indígenas de Napalpí (ubicado a unos 140 km de Resistencia). Territorio donde el hambre, la violencia y la precariedad absoluta de la vivienda hacían a sus condiciones de vida y trabajo en la recolección del algodón. El genocidio fue la técnica utilizada para disciplinarlas/os. El mismo fue acompañado por una campaña de demonización, control y más violencia luego de los hechos del 19 de julio para mantener a raya a las comunidades que quisieran seguir el valiente ejemplo de dignidad y lucha.

Memoria, verdad y justicia

Hay un elemento que es más que elocuente en la reconstrucción de este hecho. Ayer y hoy la represión y las campañas demonizantes son la herramienta de los empresarios, sus medios y políticos afines para hacer valer sus intereses. Además, a lo largo de las décadas este hecho fue sistemáticamente negado y el Estado y sus instituciones entorpecieron la posibilidad de una investigación sobre lo ocurrido.

La denuncia para el reconocimiento de este crimen como crimen de lesa humanidad y su imprescriptibilidad se realizó en el año 2004 por las comunidades que integraban el Instituto Aborigen Chaqueño (IDACH). En 2005 el entonces presidente Néstor Kirchner, a través de la Procuración del Tesoro de la Nación, ordenó la apelación contra este pedido con el argumento de que «los tobas no constituyen una etnia» y que la masacre «no constituía un crimen de lesa humanidad».

Tras años de lucha y el reclamo contra el Estado argentino en la perpetración de este crimen, comenzó ayer el juicio por la verdad – como fue al inicio contra los milicos genocidas de la última dictadura – tras los hechos de la llamada Masacre de Napalpí. Ha sido sin dudas la lucha, resistencia, memoria y el testimonio de las y los sobrevivientes lo que abre luego de décadas la posibilidad de conquistar verdad y justicia.