La querella de la familia había pedido perpetua, la defensa absolución y la Fiscalía una condena de tres años. Los jueces hicieron lo que pidió la defensa en los hechos, le dio un formato jurídico de hacer parcialmente lo que pedía el fiscal.
Los jueces simplemente no podían absolver a alguien que mata por la espalda a una persona reducida. El escándalo hubiera sido demasiado grande. Más aún cuando casos como el de Facundo Castro todavía son una mecha que amenaza en todo momento con arder. Darle la impunidad sin disfrazarla hubiera sido una provocación mayúscula… pero a la vez quieren cuidar sus relaciones con sus perros guardianes.
Repudiamos la falsa condena de Chocobar de 2 años en suspenso ya que consagra la impunidad en casos de gatillo fácil. Esto es así porque dicha condena no tiene consecuencias: Chocobar no irá a la cárcel ni estará detenido simbólicamente en su casa.https://t.co/O2AbpgHOAC
— Manuela Castañeira (@ManuelaC22) May 28, 2021
“Yo no tengo duda de que se han equivocado y que fallaron en contra de las pruebas de la causa, pero bueno, esta es mi interpretación” dijo Fernando Soto, abogado defensor de Chocobar. Para personajes como este, sin embargo, las pruebas son simplemente jerga de profesión: lo importante es el resultado. Soto fue funcionario del Ministerio de Seguridad de Bullrich (lo que da a pensar que es ese propio ex ministerio el que ejerció la defensa). A su vez, fue abogado de los asesinos de Rafael Nahuel (parece tener vocación por defender a uniformados que disparan por la espalda) y de un ex jefe de la SIDE que regenteaba prostíbulos. Se trata de un personaje que se siente muy cómodo entre asesinos y criminales comunes de alto rango, porque la ley es igual para todos, pero para algunos es más igual que para otros.
Las quejas de Soto y su jefa Bullrich son porque rechazan hasta la simulación de condena: querían una legitimación ideológica-judicial desenfrenada al derecho de los uniformados a matar. La realidad es que con esta condena Chocobar ni siquiera irá a prisión.
La “doctrina Chocobar»: Licencia para matar
Luis Chocobar asesinó cobardamente por la espalda. Los videos son un testimonio indiscutible. Sin embargo, la política oficial del gobierno de Cambiemos, con Mauricio Macri y Patricia Bullrich a la cabeza, fue instalar un clima de completa arbitrariedad e impunidad al accionar represivo, una nueva «doctrina” penal: la policía ya no es responsable de un “enfrentamiento”. El uso de esa palabra es una completa estafa. No hubo enfrentamiento. Juan Pablo Kukok fue asesinado por la espalda, primero con un tiro que lo dejó en el piso, después con dos disparos más con los que Chocobar lo remató. Las palabras de Patricia Bullrich en una entrevista en la radio (Radio con Vos, con Ernesto Tenembaum), días después de los hechos, fueron una brutal declaración de intenciones poco comunes en una “democracia”.
Condenaron a Luis Chocobar, un policía que hizo su trabajo: defender a una víctima de un asalto e intento de homicidio. Esta sentencia condena a toda la sociedad: ¿qué policía va a querer actuar sabiendo que terminará juzgado? Lamentablemente, el relato pudo más que la verdad. pic.twitter.com/nktK2lLfYM
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 28, 2021
Toda la legislación penal vigente, que puede ser usada por los de abajo como forma de defenderse frente a la brutalidad estatal, tiene por principio el derecho a un juicio justo y la presunción de inocencia. Aún más, en teoría la pena de muerte no es legal en Argentina. La nueva “doctrina” Bullrich no tenía necesidad de pasar por el Congreso, ni siquiera por un decreto. El Gobierno nacional macrista hizo campaña para que la policía pueda matar sin consecuencias. La política macrista es legalizar la pena capital de hecho, sin molestos debates parlamentarios de por medio. Más aún, el derecho a un juicio justo es virtualmente eliminado. La policía ya no es más un “brazo de la Justicia” (ni siquiera en teoría), se erige en tribunal, juez y verdugo sin la mediación de ley alguna.
“En cualquier país civilizado, el Estado lo que hace es darle la presunción de inocencia a su Policía. No al revés” nos decía Bullrich. En realidad, el sólo concepto de “presunción de inocencia” implica que el Estado no puede ejecutar ninguna pena hasta que se haya pasado por un juicio. Esto es así en la doctrina penal desde las primeras repúblicas burguesas. Si la presunción de inocencia es para la policía, retrocedemos al siglo XVIII en cuanto a derechos adquiridos.
“Está mal encuadrado el caso. Es una acción de cumplimiento de deber de funcionario público”. Para Bullrich, matar a alguien por la espalda es el deber del funcionario público.
“Nos enfrentamos contra delincuentes que no tienen ningún problema en matar policías. A partir de esto, consideramos que el Presidente de la Nación lo que hace es avalar esta idea en la figura de Chocobar. Así lo hicimos también en otros casos donde se demostró que la verdad estaba del lado de lo que habíamos dicho, como en el caso Maldonado». La mención referente a Santiago es lisa y llanamente siniestra. La mentira oficial, lamentablemente instalada, de que el compañero habría muerto ahogado, como si de un accidente común se hubiera tratado, es usada aquí para defender no solamente el asesinato discrecional, sino también la desaparición de personas. No puede ser casual que como Ministra haya tenido por Jefe de Gabinete a un abogado de genocidas. Es un mensaje peligroso para todos los que salgan a luchar por sus derechos: la “doctrina” es que pueden ser desaparecidos y muertos impunemente.
“En la Argentina se discute a la pistola taser. Este es un buen momento para decidir que la policía tenga un arma letal y un arma que en el 97% de los casos no es letal, como la taser». Ningún funcionario público de ningún Gobierno se atrevió a decir algo así desde 1983. La pistola Taser ha sido denunciada por varios organismos internacionales y de DD HH como un instrumento de tortura. Nadie había legitimado la tortura desde la dictadura militar. La pistola Taser funciona a través de descargas eléctricas a la víctima, una especie de “picana” de la democracia. Estas palabras no son más que una justificación de la tortura, que pretenden legalizar más temprano que tarde.
“No voy a dejar que se construya la doctrina de que el delincuente es la víctima. Es una política pública y punto. Es así.” Nadie puede discutir tampoco si se trata en efecto de un delincuente porque no hay juicio, Patricia Bullrich nos da la garantía de que no existe la brutalidad policial. “Y punto”.
La eliminación del derecho a un juicio justo, la legalización de hecho de la pena de muerte, la pasada por alto de la presunción de inocencia, la completa impunidad para las fuerzas represivas, la justificación de la tortura, la propaganda para justificar una desaparición seguida de muerte. Nada de esto suena a una Ministra de Seguridad de la “democracia”. Patricia Bullrich hubiera sido una digna funcionaria del Gobierno de Videla.
