El fiscal federal, Gerardo Pollicita solicitó la inhibición de bienes para funcionarios de la gestión macrista del Banco de la Nación, incluyendo a su ex titular Javier González Fraga y su segundo al mando Lucas Lach. En la causa se investiga una posible defraudación mediante el otorgamiento de créditos multimillonarios en dólares a la empresa Vicentin. Otro capítulo de la saga Vicentin tiene lugar, mientras el gobierno de Fernández corrió a cajonear su tibio proyecto de expropiación.

Ante el juez interviniente en la causa Julián Ercolini, el fiscal Pollicita presentó un escrito donde involucra a por lo menos 24 personas. Entre ellos hay ex funcionarios macristas a cargo del Banco Nación, así como la empresa Vicentin SA y la Algodonera SA, involucrados en una maniobra de otorgamiento irregular de préstamos multimillonarios en dólares. Como se sabe, la empresa Vicentin el 10 de febrero último solicitó el concurso preventivo, lo que dejó en jaque la posibilidad de devolución de los más de 18.500 millones de pesos que debe al Banco de la Nación Argentina.

En el documento presentado, se advierte que según las pruebas reunidas, los funcionarios a cargo de la entidad bancaria “incumplieron deliberadamente con los deberes a su cargo y perjudicaron los intereses confiados en la administración de los fondos de la entidad”. Los créditos multimillonarios en dólares se otorgaron a las firmas Vicentin SA y Algodonera Avellaneda SA por fuera de las normativas vigentes, los funcionarios “omitieron ejecutar en tiempo y forma las garantías que preveían los contratos tendientes a recuperar el dinero que se adeudaba”.

El fiscal también sospecha que se trataría de una crisis “autogenerada” por parte de los empresarios y que las maniobras eran llevadas a cabo con la intención manifiesta de no devolver los préstamos recibidos por el banco estatal. Estamos ante una estafa hecha y derecha. Los funcionarios continuaron autorizando los préstamos mientras los pagos anteriores se vencían y no se realizaban.

Como cliente histórico del banco, había un tope en relación a la cantidad máxima que podía serle prestada, que era hasta los 8.333.000.000 de pesos. La autorización para otorgarle préstamos vencía el 30 de abril de 2019, pero tras extender los plazos mediante resoluciones internas de los funcionarios, y aun con una calificación para recibir esas cifras vencida, además obvio, de acumular millonarias deudas impagas.

La trama implicó una primera prórroga para la empresa que fue del 30 de abril del 2019 hasta el 30 de junio, donde se le otorgaron 22 créditos que ascendieron a 90.500.000 dólares. En la segunda extensión de los plazos autorizada por los funcionarios desde el 30 de junio al 30 de julio, Vicentin accedió a 11 créditos por un total de 44.500.000 dólares. Estas cifras habían superado ampliamente una normativa del Banco Central, que pone un tope a la cantidad de dinero que puede prestarse llamada “Grandes Exposiciones al Riesgo de Crédito”.

Los datos vertidos en la presentación son aún más indignantes, con un contexto en que Vicentin tenía más de 70 créditos impagos y se estaba violando una disposición del BCRA. Con Fraga a la cabeza, los funcionarios del Banco Nación, entre los días 8 y 26 de noviembre vuelven a autorizar 28 nuevos préstamos a la empresa por 105.500.000 dólares. A continuación citamos un párrafo del escrito bastante grafico respecto a las maniobras de estafa descarada:

“Así, mientras aumentaba la deuda impaga de VICENETIN con el BNA, en las cuentas que la firma tenía en garantía en el propio banco ingresaron casi 800 millones de dólares y más de 2000 millones de pesos –USD 795.651.946 y $ 2.219.740.272-, los cuales estaban reservados asegurar el cobro ante el incumplimiento de las obligaciones por parte de la empresa.

Sin embargo, pese a que el BNA tenía las cuentas especialmente estipuladas como garantía de los créditos suficiente dinero para cobrarse varias veces los casi USD300.000.000 que VICENTIN le debía, los funcionarios del banco permitieron que los empresarios retiraran ese dinero, con lo cual, para el momento en que se quiso cobrar de dichos fondos por disposición de la nueva gestión del Directorio, las cuentas se encontraban prácticamente vacías.”

Y así, mientras esto consta con pruebas en un escrito presentado a la justicia capitalista, Alberto Fernández y el gobierno agachan la cabeza cajoneando el proyecto de expropiación de Vicentin. Nos vemos ante una nueva prueba de la estafa escandalosa que tuvo lugar detrás de la cortina del concurso preventivo por parte de los dueños de la empresa.

Se inhiben algunos bienes de los ex funcionarios y CEOS millonarios, pero las soluciones de fondo están lejos de los horizontes de la justicia de los ricos. Mientras, como todo árbitro (parcial) para Alberto Fernández y su gobierno, emulando el estilo de Francisco Lamolina, vale el famoso “siga, siga” que esta estafa, como todas, querrán hacérnosla pagar a las/los de siempre.