Mediante un DNU, el gobierno comenzó la privatización de AySA y volvió a habilitar los cortes totales de agua a usuarios residenciales.

Mediante el decreto 493/2025, el gobierno modificó 100 artículos del actual régimen regulatorio, permitiendo que AySA pueda cortar totalmente el suministro de agua a usuarios residenciales, así como habilitó al Estado a desprenderse de las acciones de AySA y, por ende, privatizarla.

El antecedente de Aguas Argentinas

Aguas Argentinas S.A. fue la empresa concesionaria del servicio público de agua potable y cloacas en el AMBA durante los 90. Se trataba de un consorcio de empresas, entre las que la principal accionista era la empresa francesa Suez. Durante el proceso de privatizaciones de los 90, Aguas Argentinas S.A. se presentó como oferente en la licitación y «ganó» la concesión. Fue así que se privatizó a la empresa estatal de agua en ese momento para el AMBA, Obras Sanitarias de la Nación, bajo la modalidad de concesión durante 50 años.

Esta empresa obtuvo la concesión con la meta de proveer agua potable al 100% de los habitantes del área de concesión, y proveer de cloacas al 95%. Si bien la concesión acabó antes, ninguno de los objetivos intermedios se cumplió. En 2003, la cobertura del servicio de agua potable era del 79% respecto del 88% establecido en el contrato, y la red de desagües cloacales alcanzaba solo al 63% de los usuarios, respecto de la meta del 74%.

El proceso de privatización también fue escandaloso desde lo legal. Aguas Argentinas se había presentado a la licitación ofreciendo una reducción de la tarifa del 26,9%, con ventaja respecto del resto de los oferentes. Pero, con el pasar de los años, el gobierno le ofreció sucesivas revisiones tarifarias. Si bien la tarifa propuesta era para una concesión de 50 años, apenas unos años después este valor fue modificado, haciendo perder sentido al mecanismo de licitación y poniendo en evidencia que se había tratado de una estafa. El concurso de licitación estuvo arreglado desde un primer momento, sobres bajo la mesa mediante.

Entre 1993 y 2002, las tarifas del servicio subieron un 88,2%, muy por encima de la inflación acumulada de 7,3%. En contraste, el gasto en inversión fue solo una fracción de lo que se estipulaba en el contrato de concesión durante los primeros 5 años: 837 de 1.440 millones de pesos, solo el 58%. Y esta cifra de incumplimiento se mantuvo durante los siguientes 5 años: solo se ejecutaron 428 de 752 millones de pesos (57%).

En 2006, en vista de que Aguas Argentinas no había cumplido con nada, a la vez que aumentaba las tarifas, el Gobierno (tiempos del kirchnerismo) decidió rescindir la concesión. En ese momento pasó a llamarse Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Esta nueva estatización no fue menos vergonzosa, el gobierno de Néstor Kirchner le pagó a los estafadores de Suez una suma multimillonaria en multas. Así fue como, de la mano del kirchnerismo, Suez y los demás grupos de empresarios accionistas fueron recompensados por su gestión de saqueo como Aguas Argentinas.

El legado de esta privatización es palpable hasta el día de hoy. Hay numerosos barrios en municipios linderos de la Ciudad de Buenos Aires que no tienen red de agua potable. En algunos casos, la red solo llega a los lugares céntricos. La privatización no fue más que un liso y llano saqueo. La posterior estatización, de gestión mayoritariamente peronista, no acabó por mejorar en gran medida la situación relativa. Se incorporaron más usuarios a la red, pero la población creció y el porcentaje de cobertura quedó en el 83% para agua potable y 63% para cloacas.

La nueva privatización en modalidad «enajenación»

Esta vez, el modelo de privatización mileísta sería peor que el del menemismo. Ahora la transferencia de AySA sería total y no una concesión como se acostumbraba en el menemismo. Esto vuelve mucho más oneroso para el Estado recuperar el control del agua. Milei busca sellar el destino del agua en manos privadas, al menos en términos legales.

Para una estatización ya no habría contrato que rescindir: debería ejecutarse una compra o una expropiación. El mecanismo legal de expropiación en Argentina no es una expropiación real, sino una compra forzada. El Estado pasaría a estar «obligado» a tasar la empresa y pagar en consecuencia a los empresarios accionistas. Es un desastre en ciernes, pero lo legal no necesariamente es lo único que importa en estos casos.

No solo se venden las acciones de AySA, sino que, en lugar de un marco regulatorio inmediato, se establece un plazo de transición. De esta manera, la nueva empresa —que podría ser, por ejemplo, Mekorot— tendría la facultad de hacer lo que le plazca durante varios años.

Se habilitan los cortes de aguas a los usuarios residenciales

En el artículo 3 del decreto se habilitan los cortes de agua para usuarios residenciales que estén con una mora mayor a 60 días. Tener en cuenta que solo en 2024 las tarifas de AySA aumentaron un 330%. De esta forma se busca abolir un derecho básico como lo es el derecho al agua.

El derecho al agua está contemplado dentro de uno de los anexos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, al cual adhiere la Argentina. Tal es así que este pacto está también dentro del sitio web del gobierno argentino. Ya en su introducción se deja claro el carácter de este derecho fundamental.

«El agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos. El Comité ha constatado constantemente una denegación muy generalizada del derecho al agua, tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados. Más de 1.000 millones de personas carecen de un suministro suficiente de agua y varios miles de millones no tienen acceso a servicios adecuados de saneamiento, lo cual constituye la principal causa de contaminación del agua y de las enfermedades relacionadas con el agua. La polución incesante, el continuo deterioro de los recursos hídricos y su distribución desigual están agravando la pobreza ya existente. Los Estados Partes deben adoptar medidas eficaces para hacer efectivo el derecho al agua sin discriminación alguna, como se establece en la presente observación general.»

Incluso en términos capitalistas se reconoce que este derecho es de mayor jerarquía que el derecho a la propiedad privada. Así, el decreto del gobierno es ilegal y sumamente regresivo y reaccionario.