Daniel Catalano, líder de la Asociación de Trabajadores de Estado (ATE Capital) y secretario adjunto de la CTA de los Trabajadores, respondió a los anuncios de la ministra Batakis con un llamado de atención sobre los pases a planta que siguen pendientes desde 2020, cuando el presidente Alberto Fernández se comprometió a regularizar su situación: “No queda claro qué va a pasar con el descongelamiento de las 30 mil vacantes que hay en el Estado nacional”.
Se diferenciaba así del secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez, quien aseguró que la medida de Batakis «no está tan mal» ya que “el Estado tiene un número aceptable de trabajadores”, como declaró en diálogo con Mejor País Del Mundo, por Radio Con Vos.
Pese a la manera diferente de plantear las cosas, ninguno siquiera insinuó que vaya a hacer algo sobre los inminentes ajustes sobre los trabajadores del Estado. Se comportan como comentaristas mediáticos, no como dirigentes sindicales.
Más allá de las diferencias, ambos dirigentes parecen coincidir en que el pase a planta de los trabajadores contratados es el principal punto de conflicto: “Una cosa es que dejen de contratar gente nueva, otra que interrumpan el proceso de regulación del empleo público”, aseguró Catalano.
Sin embargo, como señalara el secretario general ATE, Hugo “Cachorro” Godoy, el pase a planta de los trabajadores contratados es otra deuda del gobierno de Fernández desde el inicio de su mandato: “el congelamiento va a impedir avanzar en una medida que ya venía sumamente demorada, como es el pase a planta de 30.000 trabajadores y trabajadoras, compromiso asumido por el Gobierno en diciembre de 2020 y que, a la fecha, recién se hizo efectivo para unos 4000 casos”.
Efectivamente, además de los problemas que implica un cese de contrataciones en un Estado que debe dar respuesta a problemas sociales cada vez más acuciantes, con los recientes anuncios de la ministra se oscurece aún más el pronóstico para les trabajadores que, bajo la modalidad del monotributo, desempeñan hace años las mismas tareas que sus compañeros de planta sin derechos laborales.
En resumen, como señalara el dirigente gremial Catalano, la medida “no cayó bien en ningún sector del trabajo”. Mientras el salario sigue perdiendo la guerra contra la inflación y la derecha agita una devaluación en regla, los trabajadores ven con preocupación las medidas anunciadas por la ministra quien, lejos de marcar un cambio de rumbo con respecto a las políticas de Guzmán, reafirmó la orientación de cumplir punto por punto con las condiciones impuestas por el Fondo y adoptó como mantra el principio del “equilibro fiscal”. Evidentemente, no son palabras que traigan tranquilidad para un sector que viene sufriendo la precarización laboral y la pérdida del poder adquisitivo desde hace más de dos años de gobierno fernandista.
