Delitos de lesa humanidad

Zona Sur: Comenzaron los Juicios a represores de la dictadura por 29 centros clandestinos de detención

El 27 de octubre pasado comenzó el juicio unificado contra represores de los Centros Clandestinos de Detención (CCD) Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y la Brigada de Investigaciones de Lanús, conocida como “El Infierno”, parte del Circuito Camps; integrado por al menos 29 centros clandestinos de detención dependientes de la Policía de la provincia de Buenos Aires. El Pozo de Banfield, tristemente “inaugurado” en 1974.

Ana Vázquez
Redacción Semanario Socialismo o Barbarie.


“(…) Contó que en ese centro un policía había inventado un aparato para ‘esterilizar’ a las mujeres y se ufanaba de que gracias a él ‘no nacerían más subversivos’. Explicó que se trataba de un instrumento de metal con puntas, que descargaba corriente eléctrica cuando se introducía en la vagina. De esa forma, agregó, se quemaba el endometrio y se causaban lesiones irreparables. (…) Otro momento que la conmovió fue recordar haber compartido cautiverio con una joven, de nombre Marlene Katherine Kegler Krug, a la que habían crucificado en el Pozo de Arana y que aún tenía en su cuerpo las marcas de la crucifixión. (…)” (Testimonio de Nilda Eloy, InfoRegión, 24/11/20)

Con testimonios desgarradores como éstos, se retomaron las audiencias del juicio donde están acusados criminales a cargo de la represión de la zona sur del Gran Buenos Aires, integrada por al menos 29 centros clandestinos de detención dependientes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. La causa contra el Pozo de Banfield se inició en el 2012, se sumaron más tarde los otros y este año se han unificado. El juicio es contra 19 imputados y contará con alrededor de 500 testigos y se tramita ante el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata.

Las palabras citadas son parte de la declaración grabada de Nilda Eloy, fallecida hace 3 años. También se escucharon las de Liliana Calvo y Cristina Gioglio, sobrevivientes las tres del horror y luchadoras inclaudicables, por las cuales se conocieron hechos aberrantes ocultados por el Estado ejecutor y las fuerzas patronales y eclesiásticas que los guardaron bajo siete llaves.

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Las víctimas se estiman en 500, entre ellos los jóvenes de la Noche de los Lápices.

La causa, en manos del Tribunal desde hace varios años, “durmió el sueño de los justos” y algunos de los imputados fallecieron sin resolución de la justicia. Otros, se negaron a ser indagados, como el ex ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart; el ex médico policial Jorge Antonio Bergés y el jefe del Pozo de Banfield, Juan Miguel Wolk. En la última audiencia del martes pasado se negó a declarar el represor Ricardo Fernández.

El que se encuentra detenido es Miguel Osvaldo Etchecolatz, detenido en Campo de Mayo, así como otro de los imputados, Jorge Di Pasquale. El resto de los acusados goza de prisión domiciliaria, condenados en otras causas.

Etchecolatz se negó también a declarar ante el tribunal, pero no se calló la boca. Parte de sus expresiones defensoras del genocidio fueron estas: «Yo no maté, batí en combate que es distinto. (…) ¿Ante quién voy a declarar? Ustedes no tienen autoridad para actuar. Necesito que me interroguen los jueces que estaban en ejercicio de sus funciones en ese momento.”  (Infobae, 3/11/20, negritas en el original)

En el crucial momento que atravesamos, de debate en el Congreso del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, donde desde las jerarquías de las iglesias oscurantistas impulsan las convocatorias “celestes” en defensa de las “dos vidas”, vale alguna reflexión. Nos parece que pone blanco sobre negro la hipocresía de quienes no dudaron en ocultar y negar la tortura y el genocidio contra madres y niños/as durante la última dictadura militar. Así como contra adolescentes y todos/as los/as luchadores y sus familiares y amigos.

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¡Juicio y castigo a todos los genocidas y sus cómplices civiles y eclesiásticos!

¡Justicia por Facundo!

¡Nunca Más!

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