En los últimos meses, las protestas por mejores salarios tomaron las calles de Venezuela. Los salarios en el país sudamericano se encuentran congelados desde el 2022, lo cual se traduce en una precarización de las condiciones de vida para amplios sectores trabajadores, cuyos ingresos ya no cubren, ni siquiera, la Canasta Básica Alimenticia (CBA). Mientras el salario base equivale a 27 centavos de dólar, la CBA equivale a 700 dólares.

La exigencia legítima del incremento salarial en disputa

Venezuela atraviesa una pugna interburguesa y crisis social. Esto no causa sorpresa, pero luego de la agresión imperialista estadounidense hay elementos novedosos que es preciso analizar.

Comencemos por señalar que ambos sectores son sumisos al imperialismo estadounidense. El actual gobierno venezolano se transformó en un agente colaboracionista de la Casa Blanca, lo cual dejó descolocado a la oposición encabezada por María Corina Machado. En medio de esto, hay manifestaciones con la consigna legítima de un incremento salarial, la cual sectores de la derecha opositora tratan de instrumentalizar en su pugna con el gobierno.

Según datos oficiales del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), en lo que llevamos del primer semestre del 2026 se registraron 1.926 protestas, esto es, 144% más en comparación con el mismo período de 2025. De ese total, un 36% fue impulsado por reivindicaciones vinculadas a un aumento salarial o a derechos sociales.

En dicho marco, el último mes estuvo marcado por dos protestas importantes. La primera, el jueves 2 de abril, se convocó a una jornada de protestas luego de que la presidenta, Delcy Rodríguez, anunciara un aumento salarial miserable de apenas 30 dólares. Las calles volvieron a llenarse el jueves 30 de abril, cuando sindicatos y gremios de trabajadores convocaron a una nueva protesta por el aumento salarial.

Para el 1° de mayo, sectores vinculados a María Corina Machado llamaron a movilizarse y, la líder de la derecha publicó fotos de las marchas con el mensaje: “Sin libertad no hay trabajo digno ni prosperidad”, además de que criticó el incremento salarial miserable del gobierno. Una hipocresía total de parte de los “pitiyanquis”, cuyo “proyecto” de país es someterse al imperialismo y garantizar la continuidad de la explotación de la clase trabajadora venezolana.

En esta ocasión, el gobierno respondió con una contramarcha bajo la consigna de “Gran Peregrinación por una Venezuela sin sanciones y en paz”, la cual se hizo sobre la autopista central de Caracas. Además  , la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras de Venezuela, que respalda al chavismo (y de socialista no tiene nada), convocó a la “Marcha de la Clase Obrera” para el 1° de mayo.

En el Parlamento, los sectores  de oposición llevaron la propuesta de aumentar el salario a 150 dólares al mes, impulsada por Enrique Capriles, quién aseguró que, “si lo que viene es un ajuste de 20, 30 dólares, eso es una burla y lo único que va a hacer eso es generar presión social”. Una expresión de hipocresía, pues a la derecha venezolana nada le importa mejorar las condiciones de la clase trabajadora.

De tal manera, Caracas atraviesa un pulso para consolidar el poder. Por un lado, en la plaza las personas trabajadoras expresan un descontento legítimo sobre la precarización del salario, por otro lado, en el palacio se procesa una pugna entre el chavismo y la derecha escuálida que trata de instrumentalizar la situación de descontento social.

Del problema inflacionario a la rapiña imperialista

Los salarios en Venezuela se mantienen congelados desde el 2022. Esto significa que, desde esa fecha, se mantiene en 130 bolívares (27 centavos de dólar), mientras la Canasta Básica ronda los 700 dólares.

Al final, el aumento anunciado desde Miraflores quedó en nada, pues no aumentaron el salario base. El anuncio que se hizo fue sobre los bonos del salario. De tal manera, el “ingreso integral” pasa a 240 dólares: 200 dólares del “bono de guerra” y 40 dólares del “bono de alimentación”. Mientras que las pensiones sólo tendrán un aumento de 10 dólares a través del bono de alimentación, con lo que quedarán en 70 dólares.

Aunque es un complemento importante con relación al salario actual, se queda muy por detrás del costo de la Canasta Básica. Además, al ser mediante “bonos” no impulsa el incremento de otros rubros, como las utilidades, prestaciones sociales, aportes a las cajas de ahorro, cuotas sindicales y otras cláusulas contractuales. Se trata de un “aumento salarial” con trampa, que termina beneficiando a las patronales, pues no implica cambios a futuro en las cargas sociales.

Los problemas salariales en Caracas también se extienden al sector público. Con la política de bonos (que también aplica en el sector público) se aplanaron los salarios sin tomar en cuenta ni el tiempo trabajado ni los méritos profesionales. Además, el gobierno dejó de lado las contrataciones colectivas y desató una persecución contra líderes sindicalistas, varios de ellos encarcelados.

Además, el problema de fondo se extiende a la macroeconomía. La inflación anual en Venezuela es del 650%, colocándose en una espiral inflacionaria que recuerda a la del 2017. Solo en marzo, los precios aumentaron un 13,1%, mientras en febrero fue del 14,6%, y en enero del 32,6%. Parte del origen de esta espiral fue la impresión de dinero sin respaldo, pues el chavismo financió la inversión pública a través de la emisión de billetes del Banco Central de Venezuela, sin tener mayor sustento de cómo sostenerlo.

En medio del descontento social por la precarización salarial, también se inserta la rapiña imperialista. Un actor importante del negocio petrolero aseveró que “para Trump el dinero es lo primero, por eso María Corina no está ya aquí”. Por este motivo, desde Washington no se muestra mayor interés en sacar a Delcy Rodríguez de Miraflores, pues hasta ahora se mostró dispuesta a colaborar están aprovechando la situación de incertidumbre y descontento para hacer negocios.

El interés estadounidense se centra en lograr el control de los recursos venezolanos, para ello están allanado el camino para una futura reestructuración de la deuda fiscal de Caracas y de la estatal de Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA), mediante la emisión de licencias que permiten a las transnacionales estadounidenses reactivar parcialmente operaciones en el sector energético, incluida la participación de grandes compañías en proyectos petroleros.

Venezuela mantiene alrededor de 60.000 millones de dólares en bonos de mora desde el 2017 y el total de compromisos impagos supera ampliamente dicha cifra. Esta situación hace de la reestructuración de la deuda de Caracas un proceso complejo y atractivo. Solo con conocerse el anuncio los bonos venezolanos registraron un aumento, lo cual es un indicativo de la rapiña que se prepara en el país.

Asimismo, el pasado jueves 30 de abril Washington y Caracas anunciaron que restablecerán relaciones diplomáticas y consulares. Las relaciones diplomáticas entre ambos estaban suspendidas desde enero del 2019, cuando Trump apoyo al “presidente encargado” Juan Guaido. Según el presidente estadounidense, Venezuela se encuentra “estabilizada” y no se guarda elogios para Rodríguez, “tenemos una persona maravillosa como su presidenta electa, Delcy Rodríguez, y ella y su personal han estado haciendo un trabajo fantástico con nosotros”.

Mientras esto ocurre, Washington saca “cientos de millones de barriles de petróleo, que van a Houston y varios otros lugares donde se está refinando. De vuelta, les estamos enviando mucho más dinero del que han ganado en muchos años y, de hecho, muy pronto será más dinero del que han ganado nunca”, en palabras del mismo Trump.

Hace unas semanas se firmó el primer acuerdo entre la transnacional Shell y una empresa privada venezolana, esto gracias a la nueva ley de hidrocarburos que abrió el negocio energético. Según Rodríguez “le estamos dando vida y ejecución a la nueva ley de hidrocarburos y hemos sido testigos de la firma de contratos entre Shell y una empresa privada de Venezuela”. Además, le dijo a Doug Burgum, secretario del interior estadounidense, que le “ratifique al presidente Trump toda nuestra disposición a seguir construyendo esta agenda diplomática y de cooperación entre nuestros países”.

También se prevén planes conjuntos para la explotación minera en el Arco Minero del Orinoco, un área que ocupa casi 12% del territorio nacional

Con esto, el gobierno de Venezuela y los restos del “chavismo-madurismo” toman una posición sumamente cipaya frente al imperialismo estadounidense y, para mantenerse aferrados al aparato estatal, no dudan en someterse a los mandatos de Trump. Mientras, por abajo, se desarrolla un clima de descontento social producto de la precarización de la vida, algo que podría desbordar al régimen chavista y a la oposición encabezada por Corina Machado.