Frente a esta grave situación, la única respuesta del gobierno de Juan Schiaretti es una inacción criminal que abandona a su suerte a los bomberos voluntarios, los brigadistas y los vecinos y vecinas. Peor aún, la única acción de su gestión es buscar instalar que esta situación en lugar de estar ligada al agronegocio y al desarrollismo inmobiliario, serían el resultado de algún loquito (pirómano) suelto.

Los incendios forestales vienen siendo noticia desde la semana pasada cuando el humo llegó a la capital y las localidades cercanas. En la actualidad, acaban de controlarse los dos grandes focos que asolaban la provincia, uno en el Valle de Punilla y otro en Sierras Chicas, que afectaron a las localidades de La Cumbre, Huerta Grande, La Falda y Villa Giardino, entre otras.

Se estima que a lo largo de la semana se quemaron aproximadamente 15.000 hectáreas de bosque nativo y pastizales. Un verdadero desastre ecológico si se tiene en cuenta que la provincia de Córdoba hoy cuenta con menos del 3% de bosque nativo debido al avance del agronegocio y la especulación inmobiliaria que en las últimas décadas ha vivido un boom con la construcción de countries y barrios privados. A la pérdida del bosque se le suma el daño irreparable de la perdida de la fauna nativa.

Esta situación está lejos de ser un mero desastre natural, detrás del fuego hay responsabilidades políticas y económicas muy claras. Desde años vemos como el gobierno provincial de Schiaretti, a tono con el gobierno nacional, viene reduciendo el presupuesto para prevenir y combatir los incendios. A su vez, el gobierno viene de una antidemocrática modificación de la ley de ambiente que permite un mayor avance sobre las zonas rojas (aquellas en las que la preservación debería ser la prioridad) por parte de la obra pública, el agronegocio, etc. Estos achiques presupuestarios luego tienen consecuencias concretas que se ven la clara desidia del gobierno provincial a la hora de combatir el fuego en donde abandona a su suerte a bomberos, brigadistas y vecinos, que se ven obligados a acudir a la solidaridad de la población para acceder a insumos básicos.

Por otro lado, la contracara de esta inacción puede verse en los grandes esfuerzos realizados por el gobernador y los intendentes de lavar su responsabilidad política en el asunto. Así, a lo largo de la semana circularon por todos los medios noticias del tipo “Los incendios son provocados por un pirómano en moto”, “Un señor mayor con un asado provocó los incendios”, etc. Sin embargo, la causa de fondo de los incendios que crónicamente afectan a nuestra provincia son político-económicos. Esto es así porque estos incendios representan una excelente oportunidad de negocios para unos pocos, a través de la expansión de la frontera agropecuaria y de posibilitar la construcción de emprendimientos inmobiliarios luego de arrasar con el bosque. A esta situación se suma la complicidad de la justicia que no sólo no investiga a los verdaderos causantes de los incendios, sino que se dedica a perseguir y criminalizar a los activistas que defienden el bosque nativo.

Un claro caso de esto último puede verse con el caso de la construcción de la autovía de Punilla. Una obra impulsada por el gobierno y financia por la Confederación Andina de Fomento, de carácter ilegal y plagada de irregularidades que avanza destruyendo el bosque y la fauna nativas, cuencas hídricas y patrimonio arqueológico. En la actualidad 20 activistas se encuentran perseguidos y criminalizados por el poder judicial.