A propósito de los recientes motines

Una reflexión sobre el sistema carcelario argentino

La población carcelaria se ha duplicado en los últimos diez años en la provincia de Buenos Aires, y ha crecido de 33.600 a 42.500 reclusos en sólo tres años, pero no ha sufrido un cambio cualitativo en su composición sociológica. Son ahora, los nietos y los hijos de las masas de desocupados y excluidos las que transitan sus pabellones.

Judiciales Clasistas

En el Estado burgués algunas de las garantías para su funcionamiento, es decir, dar plenitud a la producción de bienes mediante la explotación de miles y miles de trabajadores, es a través de sus instituciones; fundamentalmente las represivas, así como el derecho burgués y otras.

El Ejército y las policías por un lado, y el Poder Judicial por el otro, son una serie de instituciones que actúan como garantes de las relaciones de explotación. Los hospicios psiquiátricos y las unidades carcelarias son instituciones de reaseguro en el funcionamiento del sistema, que ataca represivamente las consecuencias de los males que el mismo sistema genera.

Las tensiones en el sistema carcelario son permanentes, ya que el más alto porcentaje de su población son jóvenes pertenecientes a sectores marginados, que en su inmensa mayoría sólo han terminado la educación primaria y cuyas familias no han podido jamás pasar ni cerca de un estudio de abogados particulares que pueda dar un mínimo de garantías en sus procesos penales.

Hay casos y casos, “ladrones de gallinas” y crímenes aberrantes, pero en su generalidad el sistema carcelario se ensaña más con los sectores más desprotegidos y o excluidos por el propio sistema.

En un porcentaje altísimo son jóvenes y pobres los que caen en el sistema de la Defensa Pública, que a su vez es el sector con menos recursos en el Poder Judicial, pasando a ser parte de las pilas de expedientes y kilos de papel quedando, en consecuencia, a merced de un sistema que debe garantizar el orden en función de los requerimientos del sistema. Es decir, aquellos que han sido expulsados como “ejército de reserva” o, incluso, más allá de él como excluidos estructurales, deben ser mantenidos a raya en una sociedad cuyo orden está regido por la explotación. La función judicial penal no es la búsqueda de la verdad o la imposición de penas individuales, como reconoce cualquier juez penal, sino que las penas “aleccionadoras” sirvan como disuasión para que el “pobrerío no se salga de la raya” mediante acciones individuales desesperadas que afecten la propiedad o la vida de las personas. Es decir, atacar represivamente no las causas de la exclusión generada por el sistema, sino sus consecuencias.

Las tensiones carcelarias adquieren mayor visibilidad en épocas como las fiestas de fin de año, por ejemplo; o, en coyunturas como las actuales, donde una pandemia azota sobre la totalidad de la humanidad, y por supuesto que aquellas personas privadas de su libertad no están excluidas, sino, al contrario, más expuestas por el inhumano hacinamiento en las cárceles.

En primer lugar, debemos reseñar que los detenidos adquieren la visibilidad social a partir de los medios masivos de comunicación y a su vez éstos reposan su mirada sobre los “presos” en circunstancias que éstos llevan adelante hechos políticos que atraen su visión. Nada de esto ocurriría si el Estado diera las respuestas correspondientes; si no los condenara a una muerte posible por infección.

Asimismo, el tema trae aparejado otro problema al llevar adelante un análisis y es evitar caer en el seudo-progresismo que plantea, por un lado, abrir las cárceles, pero por el otro justifica la existencia de un sistema de producción bajo las reglas del capitalismo que ha demostrado su más absoluta incapacidad de dar respuesta a millones de oprimidos que caen en el hambre y la miseria. No “todo preso es político” como reza la canción de los Redondos pero, por otra parte, no hay solución garantista que valga (más allá que estemos a favor del garantismo) sin acabar con la explotación capitalista.

Pero, desde el otro lado del péndulo se encuentran aquellos adoradores de los uniformes y la represión, donde a la miseria se la combate con represión, lo que incluye no solamente los que llevan adelante algún delito de índole privada –robos, hurtos y demás, que de cualquier manera no justificamos aunque sí los entendemos hasta determinado punto; otra cosa es atentar contra la vida de las personas-, sino también la represión política de las organizaciones sindicales, sociales o de desocupados.

Todos sabemos que las cárceles no son ni limpias, ni sanas, ni sirven para la resocialización de los individuos. Las cárceles son basureros humanos.

En tiempos de pandemia la tensión seguramente debe llegar a uno de los picos máximos que den cuenta de esta fotografía. Los zombis que habitan los basureros humanos toman cuerpo, rostro, y reclaman la palabra.

Ante el horror de algunos –quizás muchos- y la sonrisa de otros, las cárceles toman una corporalidad que nos interpela como sociedad, pero también como sujetos.

La población carcelaria se ha duplicado en los últimos diez años en la provincia de Buenos Aires, y ha crecido de 33.600 a 42.500 reclusos en sólo tres años, pero no ha sufrido un cambio cualitativo en su composición sociológica. Son ahora, los nietos y los hijos de las masas de desocupados y excluidos las que transitan sus pabellones.

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Un alto porcentaje de jóvenes, en sus primeros delitos, generalmente contra la propiedad o el narco menudeo, son sus habitantes. Delitos estos que con penas menores podrían haberse llevado adelante en un proceso penal con alternativas a la detención o la situación definitiva de los mismos –sentencias- podrían haber sido resueltas con medidas alternativas a la pena. Sin embargo, un Estado –nacional y provincial- que eliminó recursos en salud y educación -entre otros- e hizo eje en el equipamiento de las fuerzas represivas, no cuenta con elementos ni tecnología para garantizar procesos alternativos a la reclusión. Y esto por no olvidarnos de las miles y miles de prisiones preventivas sin condena, una aberración de las mayores de nuestro sistema penal.

Así, mientras el Estado se lava la cara encarcelando a miles de jóvenes excluidos, los ladrones de “guante blanco” por criminalidad económica, corrupción, evasión impositiva, quiebras fraudulentas, delitos ecológicos que generan daños inmensos -y no son cometidos por personas pobres-, no forman parte de ningún pabellón carcelario.

Es importante señalar que la cárcel como institución de castigo ha pasado por un catálogo de respuestas violentas (penas) como por ejemplo: el látigo, la horca, la cruz, el empalamiento, los tormentos, los azotes, y muchos más métodos vergonzosos para la conciencia humana. El nacimiento del capitalismo asistió en Inglaterra a la terrible imagen de miles de desposeídos que se negaban a entrar a las fábricas, ahorcados, por el delito de vagabundear, a la vera de los caminos.

Luego de estas experiencias aparecieron las teorías de la resocialización como fin último de la pena; o sea, que el encierro o privación de la libertad ambulatoria es el tope de castigo y que no puede ser castigada más allá de ella. Y, precisamente por esto, es que el Estado debe proveer la alimentación, la salud, el trabajo, la educación, entre otros, además de condiciones habitacionales dignas de encarcelamiento, en lugar del hacinamiento y abandono que se aprecia por doquier en el sistema carcelario.

Pero en los hechos la misión reintegradora nunca ha dejado de ser una ficción; un elemento meramente discursivo que sólo es útil para gobernar la cárcel en base a un sistema de premios y castigos. Lo único que se logra, en el mejor de los casos, es cierta sumisión y buen comportamiento fingido, que sirve para condicionar la conducta en el encierro, pero que de nada sirve al momento de salir en materia de resocialización y asegurar un empleo y vida laboral que impida la reincidencia en el delito.

Podemos señalar que, en líneas generales, nuestras cárceles están superpobladas por presos sin condenas y desde ya que rara vez los penados están separados de los procesados y algo parecido pasa con los llamados “jóvenes adultos” que son de entre 18 y 21 años. Es evidente que esta realidad influye negativamente sobre la totalidad de la cárcel en materia de salud, higiene, seguridad, alimentación, capacitación. La cárcel plantea esencialmente un ámbito en el cual el preso dispone de muchísimo tiempo, pues son realmente escasas las posibilidades de realizar alguna actividad. Esto ocurre porque el Estado no provee herramientas durante el encierro y tras la liberación no aporta acompañamiento, asistencia y contención, y así, se contribuye a la aparición de otro efecto de la cárcel, la reincidencia.

Las cárceles de la Provincia de Buenos Aires

Un fallo de la Cámara de Casación Penal de la Provincia ha sido agitado esta semana por los medios masivos como si fuese la apertura irrestricta de las cárceles bonaerenses; el ministro Alack y el gobernador Kicillof por su parte dicen que el gobierno no tiene nada que ver y que el otorgamiento de libertades es responsabilidad de los jueces. El motín de Devoto y el asesinato de un recluso en Florencio Varela, el complejo penal más sobrepoblado de la provincia, por otro motín, ha puesto el tema en primera plana.

La realidad es que las cárceles bonaerenses son una bomba de tiempo para el coronavirus. Mientras informes oficiales registraban para 2018 una capacidad para 29.300 reclusos, la población era de 42.500, un exceso de un 44%. Y con unidades como las de Sierra Chica, Junín, Campana, Mercedes y Varela al doble de su capacidad. Al ritmo de encarcelamiento, hoy la población debe superar los 50.000 reclusos y va camino a duplicar la capacidad existente; una fuente de contagio evidente.

A su vez se informaba de más de 1.500 reclusos entre los grupos de riesgo (diabetes, hipertensión, sida, tuberculosis); ni hablar entonces de “distanciamiento social” de 1 o 2 metros y menos de lavado frecuente de manos con agua o jabón, o de una alimentación adecuada. Si a esto le sumamos unos 16.000 agentes del Servicio Penitenciario, tenemos una población de unos 65.000 personas en espacios reducidos y de alta transmisibilidad. Si la bomba se activase, los infectados colapsarían el sistema de salud pública, no habría aislamiento posible de los contagiados y los motines estallarían. ¿Qué hacer entonces?

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La realidad es que los motines sumados a la pandemia están obligando en cierta manera a mandar a domiciliaria a una parte de los reclusos, lo que nos parece progresivo independientemente de cualquiera de las limitaciones de esta medida. Sobre todo cuando se trata de preventivas, o de presos con condenas bajas, no así de crímenes aberrantes (homicidios dolosos o femicidios, por ejemplo), o crímenes de lesa humanidad, de los cuales nos oponemos a la excarcelación.

De cualquier manera, la situación no excluye el cinismo de las autoridades: se manda a una parte a su casa, con domiciliaria, en condiciones también de hacinamiento y de sanidad precarias, sin ingresos posibles, pero eso sí, desentendiéndose y diciendo que es “la justicia” para no pagar el costo político de enfrentar el clamor reaccionario agitado por los medios.

Un fallo de las implicancias como el de Casación Penal sencillamente no puede ser firmado sin el consentimiento como mínimo del poder político. Y leyendo su redacción, en este caso, queda claro que fue acordado con el mismo: de ahí la presencia de los subsecretarios de los Ministerios de Justicia y Seguridad en la audiencia respectiva. El fallo reconoce que es inadmisible saltearse la actuación de los jueces, pero que lo hace porque la circunstancia es “excepcional” y le echa la culpa al propio Poder Judicial por la proliferación de prisiones preventivas que “colaboraron de modo sustancial con la superpoblación carcelaria y el hacinamiento imperante”; como si lo firmase un periodista y no el máximo órgano penal de la Provincia, y no tuviese nada que ver con la actual situación donde hay una responsabilidad de todas las autoridades y jueces del Poder Judicial.

De cualquier manera, el fallo expresa las presiones de la realidad y tienen un elemento progresivo: a los que nunca les importó nada las condiciones carcelarias se ven obligados ahora a resguardar precariamente la vida de los internos. Entonces, resuelven hacer lugar al arresto domiciliario de los reclusos por delitos leves y en situación de riesgo por la edad y por enfermedades preexistentes, mientras que en el caso de los reclusos por delitos graves, y en situación de riesgo, debería ser resuelto por cada Juzgado que tiene a su cargo al detenido, como asimismo la evaluación de las prisiones preventivas.

Dentro de los delitos graves el fallo incluye, correctamente, a los de violencia de género. Sin embargo, el propio Violini, que firma el fallo de Casación, le otorgó la domiciliaria a un violador de una menor por estar en grupo de riesgo por su edad y enfermedad preexistente, en un domicilio que está ubicado a escasos metros de donde vive la víctima…. La insólita defensa de Violini fue: «Si este hombre dice que va a estar en un lugar y está al lado de la víctima, el juez [de Lomas de Zamora que le había negado la domiciliaria] le debe decir que no puede estar en ese lugar»…. Y, además, que el mismo juez debía “resguardar la salud psicofísica de la víctima”, ¿cómo?: problemas del juez…

Otro liberado en Campana, preso por la reiteras denuncias de su ex mujer por violencia de género, aprovechó su salida y la asesinó. También fue liberado un recluso de Batán por el asesinato de dos mujeres, condenado hasta 2029. Con el correr de los días estas noticias se multiplicarán. Y aquí entramos en el carácter machista y patriarcal de la justicia: los mismos jueces que negaban femicidios y violencia de género, que otorgaban libertad a violadores a pesar de los informes periciales en contra, sin pandemia, son los mismos que ahora están otorgando domiciliarias a violadores, femicidas y genocidas usando la excusa de la pandemia. Y en sus manos el gobierno provincial dejó la “solución” de la bomba carcelaria del Covid-19.

Por otra parte, los que se escandalizan por la domiciliaria a los reclusos bonaerenses con penas leves y en situación de riesgo, deberían saber que según los últimos informes oficiales había en 2018 casi tantos condenados (21.722) como procesados (20.244) y que su amplísima mayoría es por robo, tentativa y otros delitos menores contra la propiedad: 21.500 contra 6.500 por homicidios y 4.700 por violaciones y abuso sexual.

No es necesario liberar a violadores, asesinos seriales ni genocidas para atenuar el impacto de la pandemia en las cárceles: aquí también es necesaria una política sanitaria, no una vergonzante como la de Kicillof: no alcanza con la domiciliaria de los grupos de riesgo. Hay que separar a los grupos de riesgo, aislar a los posibles contagiados, hacer test masivos, garantizar la higiene, y descomprimir la sobrepoblación de los reclusos con penas leves. No hacer nada, es la crónica de una matanza anunciada.

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