El país se encuentra en una nueva coyuntura. Un momento sanitario, económico y social nuevo que, en el marco de la pandemia, se expresa en un relativo retorno a la vida “normal”–un retorno que contrasta con la completa anormalidad del 2020- y que facilita la irrupción del malestar acumulado a lo largo de la pandemia. En este sentido esta nueva coyuntura aparece como una “ventana de posibilidad” cuya duración podría estar limitada por el ingreso a una nueva ola de contagios –la famosa segunda ola- y que nos obliga a sacar las conclusiones políticas necesarias para no desperdiciar ni un minuto, para no dejar pasar la oportunidad de poner los reclamos de los de abajo en la calle.

Las movilizaciones del 8M, con peso en distintas ciudades del país, los dos días consecutivos de cortes de la autopista Dellepiane por el caso de Maia, la niña secuestrada en Villa Lugano, el conflicto del frigorífico Arebeff en Ramallo brutalmente reprimido pero con métodos radicalizados ocupando la planta y el sindicato, el conflicto militante de la salud y los docentes en Neuquén, las masivas movilizaciones de los movimientos independientes de desocupados, son algunos datos de que se vive un clima social no monopolizado excluyentemente por el temor al contagio y que se expresan de manera “dispersa”, pero en muchos casos con acciones de lucha contundentes (que se aprecian más fuera del AMBA que en el centro del país, aunque esto parecería estar comenzando a cambiar). Se trata de un signo completamente distinto a la pasividad que intenta seguir imponiendo el gobierno de Fernández, que mientras abrió de par en par la economía, llama junto a la burocracia sindical a evitar los reclamos y a no movilizarse “para evitar el contagio”…

De ahí que para el próximo miércoles 24 de marzo, 45 aniversario del golpe militar, el gobierno y los organismos que lo acompañan, llamen nuevamente a quedarse en las casas. Nuestro partido (el Nuevo MAS) en conjunto con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y el resto de la izquierda, estamos en contra de no movilizar por segundo año consecutivo. No solamente es una falacia que la movilización con distanciamiento social en las calles aumenta el contagio –todo el mundo sabe que el contagio se incrementa en espacios cerrados-, sino que, por lo demás, estamos en contra de dejarle a la derecha fascistoide y provocadora el espacio público.

Los derechos democráticos, así como todos los reclamos de los de abajo, se defiende en las calles; reclamos que, por lo demás, se han venido incrementando en la medida que el gobierno se muestra incapaz de dar ninguna solución de fondo al salario, al incremento de los precios, a la precarización laboral, a la quema de bosques y la megaminería contaminante en Chubut, etcétera. Más bien, como sabemos, más allá de las declaraciones y las palabras vacías, lo que hace es trabajar para los sectores privilegiados de este sistema capitalista.

En cualquier caso, y más allá de las simpatías políticas de cada uno, aspiramos a confluir en la Plaza con todos aquellos y aquellas jóvenes, trabajadores, integrantes del movimiento de mujeres y sectores lgbt+, etcétera, que provengan de donde provengan, quieran gritar justicia por los 30.000 desaparecidos y por Facundo Castro, Santiago Maldonado, Carlos Fuentealba y Jorge Julio López junto a nosotros.

Un retorno caótico

Cuando hablamos de la apertura de una nueva coyuntura donde el signo es el retorno a cierta “normalidad”, está claro que no hablamos de un normalidad en términos pre-pandémicos; una normalidad que sólo podría ser conquistada en la medida en que el sars-cov2 sea contrarrestado por la vía de las inoculaciones masivas (cosa impensada al menos por un año más).

A nivel global éste es un hecho imposibilitado por un déficit evidente en la producción y distribución de las vacunas atado a una lógica de ganancias capitalistas que genera un escaso número de países con alto nivel de vacunación y competencia entre empresas y Estados –además de la acaparamiento imperialista de la mayor parte de las dosis– mientras la mayoría dela población mundial sufre la escasez del bien más necesario para todos.

Dicho esto, en la Argentina se vive un retorno –eventualmente transitorio- a una cierta “normalización” en medio de dos olas de la pandemia tanto por cuestiones estacionales (la temporada de verano) como por una reapertura parcial de la educación y una recuperación económica que parte del derrumbe del producto el año pasado de más del 10%. Una nueva coyuntura política que contrasta con el “cierre” casi total durante largos meses del año pasado.

El contexto de des-sincronización sanitaria, económica y social, sumado al abandono pandémico de tantos sectores como la educación y el incremento de la pobreza, entre otros datos, alcanza para entender que este retorno a la “normalidad” no deja de ser muy anormal. Incluso si tenemos en cuenta que la situación sanitaria está desbordada nada más y nada menos que en Brasil, el gigante de Latinoamérica, y que los países fronterizos al nuestro tampoco están en las mejores condiciones, está claro que los vasos comunicantes de la pandemia están abiertos, otro elemento que hace a la configuración anormal de la actual “normalización”.

Uno de los elementos que ha posibilitado este “retorno a la vida” en nuestro país es el número relativamente bajo y estable de contagios en las últimas semanas que promedia los 7 mil casos. Un retorno que podría ser muy transitorio, sin embargo, en la medida que el país cuenta con un bajísimo porcentaje de la población vacunada (sólo el 1% recibió las dos dosis) y cuando el ingreso de nuevas dosis se encuentra en un limbo. Las vacunas de AstraZeneca que se esperaban para este mes podrían retrasarse hasta mayo, lo cual pone en evidencia la impotencia del gobierno nacional para inocular masivamente a la población mientras sigue desarrollando febriles gestiones con el gobierno ruso por nuevas dosis de la Sptunik V y con el chino por la Sinopharm.

Junto con este retorno de una cierta “rutina” íntimamente ligado a la nueva coyuntura y al crecimiento de los reclamos sociales, está, como base material de los desarrollos, la reactivación económica; un fenómeno que tiende a expresarse en todo el mundo –la recuperación luego de la caída del año pasado- pero que opera sobre bases desincronizadas –en todo sentido- en la medida que los ciclos económicos y del comercio internacional se ven afectados por la situación sanitaria de país a país.

La pandemia ha provocado una crisis original en la economía mundial –y nacional- que no puede ser explicada por la mera continuidad de los elementos críticos que se arrastran desde el 2008 a la fecha, sino que con su impacto sobre la vida de los 7 mil millones de habitantes del mundo, los confinamientos o diversas medidas sanitarias (muchas veces represivas y disciplinadoras), impidió el normal funcionamiento de la producción, de los intercambios y del consumo a nivel mundial, regional y nacional. Sin embargo, cuando el nivel de contagio disminuye, la tendencia es a cierta recuperación en la economía, fenómeno que también se expresa en la Argentina aunque acompañado de faltantes de muchos productos y alza del costo de vida y los precios.

La reactivación económica es, entonces, uno de los elementos de esta nueva coyuntura que empuja a una vida más social, menos privada, donde el trabajo comienza a hacerse en más casos en el ámbito laboral y menos desde la casa (nos referimos sobre todo acá a la educación, trabajadores del Estado, etcétera).

Recordemos que el gobierno de Fernández rápidamente extendió la categoría de “trabajadores esenciales” a todos los trabajadores fabriles (aunque no ha garantizado vacunación alguna para ellos), mientras que los sectores de la salud estuvieron en la primera línea desde el minuto cero, lo mismo que crecieron en espiral sectores como los repartidores. Mientras tanto, todo un sector siguió trabajando desde sus casas, muchos precarizados perdieron sus trabajos y la pobreza creció exponencialmente –como se aprecia en el incremento en las filas de los movimientos desocupados-.

El salario se hundió para una inmensa mayoría tanto en término dólares como en términos reales –es decir, contra el precio de los bienes esenciales de la canasta básica-, la novedad de este momento desde los deprimidos índices de salario y empleo es que una proporción creciente de los trabajadores tienden a trabajar fuera de sus casas, se las ve en las paradas de los colectivos y/o de los trenes y subtes, transita las calles, los barrios y los centros comerciales, lleva a sus hijos al colegio, etcétera.

Es evidente que la negativa a que los sectores universitarios vuelvan a la presencialidad mientras el resto del mundo sigue girando, tiene una clara intencionalidad política: desarticular un actor de la política nacional que hoy se encuentra pasivizado. Una orientación del gobierno a la que le oponemos la lucha por el retorno presencial en condiciones seguras para que el movimiento estudiantil se reconstituya como sujeto.

Junto a esta reactivación económica, está habiendo un aumento de la demanda laboral. Otro elemento de la nueva coyuntura, distinto a los días en que los que lo que primaba eran los despidos ante el lock-down económico-social. Las fábricas, colegios, call centers y una diversidad de rubros toman trabajadoras y trabajadores para recuperar niveles de producción bajo diversas formas de contrato, la más de las veces precarizados y con salarios miserables.

La reactivación económica ha traído aparejado un alto nivel de inflación. Mientras los empresarios presionan para recuperar los precios que estuvieron “deprimidos” durante los momentos de mayores restricciones sanitarias y equipararlos al dólar, el gobierno de Fernández mantiene el esquema de precios dolarizados (esta semana se conoció el quinto aumento de combustibles en lo que va del año), lo cual impulsa la inflación generando malestar en amplias capas sociales y fundamentalmente entre los trabajadores.

La posibilidad que el primer trimestre del año termine con una inflación del 12% (lo que multiplicado anualmente roza el 50%) muestra el engaño del operativo oficialista en conjunto con los burócratas de la CGT y la CTA de tratar de convencernos que un aumento del 32 o 33% (que es lo que se está pactando en la mayoría de las paritarias) le “ganaría a la inflación”… Este es un verso completo de un gobierno y una dirigencia sindical jugados a que los de abajo sigan pasivos y que no exploten los reclamos salariales.

Crecen el descontento y crecen las luchas

Esto nos lleva a otro elemento contradictorio de la coyuntura que aquí solo podemos subrayar someramente. El gobierno apuesta demasiado al factor de disciplinamiento social que todavía es la pandemia. Hace esta apuesta transitando un período de turbulencias en el oficialismo por razones múltiples de las que sólo señalaremos dos: el ofuscamiento de Cristina Kirchner por la condena a Lázaro Báez y familia (con el temor de dichas condenas puedan alcanzarla un día a ella y su familia), conflicto que derivó en la salida de Losardo del ministerio de Justicia y la entronización de Soria. Segundo: los problemas que Guzmán está encontrando para cerrar el acuerdo con el FMI, no porque haya diferencias con el organismo, sino porque sectores del oficialismo no pueden digerir el costo político que significará ir a un acuerdo de facilidades extendidas que significa contrarreformas y ajustes estructurales.

Este “ruido” en el oficialismo esmerila la capacidad de arbitraje de Alberto Fernández e, incluso, lo somete a situaciones de desgobierno como el accidentado viaje a El Bolsón el sábado pasado.

Atención que los elementos de crisis política por arriba (por ahora lo decimos exageradamente) y el crecimiento del reclamo por abajo –que incluso podría ser en casos explosivo dado el desmanejo y abandono de los que se viene-, pueden dar lugar a elementos de descontrol no tan sencillos de “poner en caja” aún si el 99% de las direcciones sindicales y de las demás revisten filas en el oficialismo. Mientras la oposición trata de acaparar las crisis que se viven tipo Formosa y vacunas VIP por la derecha, pero tiene sus propios problemas. No parece ser el mejor emblema electoral tener a la servicio de Patricia Bullrich al frente de Juntos por el Cambio.

Nada de lo anterior quiere decir que el retorno a la vida sea homogéneo. Hablamos de un retorno caótico luego de un largo año en el cual se han acumulado muchísimas tensiones que impactan con distinto peso. Sin embargo, en la medida que el miedo al contagio está momentáneamente relegado respecto a otros problemas de la vida cotidiana, posibilita irrupciones y reclamos de diverso tipo: salariales, de los movimientos de desocupados, de derechos de las mujeres, por la defensa del medio ambiente, por derechos humanos, etc.

Se está viendo un retorno de los reclamos económicos. Aún si esto no significa luchas generalizadas (por lo demás, los reclamos se expresan de momento más en el interior del país que en AMBA). Esta disparidad en el reclamo es un signo, también, de la fragmentación de los trabajadores en blanco, tercerizados, con contratos eventuales, con salarios diversos por igual trabajo, etc. Pero aún así es un hecho que hay sectores de trabajadores que, en el marco del enorme deterioro económico, se plantan contra las patronales e incluso la burocracia sindical para reclamar por salarios de manera explosiva y con elementos independientes antiburocráticos difusos.

Ejemplos de esto son la lucha del frigorífico Arrebeef que hartos de salarios miserables ocuparon la fábrica, luego se trasladaron a los portones y fueron brutalmente reprimidos por la gendarmería. Una lucha que no ha terminado y que ha planteado un enfrentamiento con la burocracia que llevó a la ocupación del local sindical por parte del activismo. O el caso de los trabajadores de la salud y de la educación en Neuquén, que encabezan una dura lucha salarial desafiando a las respectivas burocracias como al gobierno provincial (y en la cual una de las batallas planteadas es por la unificación de ambos conflictos para fortalecer la lucha).

Pero también aparecen otros elementos de descontento. El caso de Chubut destaca por su impacto nacional. Las quemas intencionales de reservorios naturales de una riqueza y biodiversidad incalculable, un ejemplo de ecocidio con fines de producción minera que podría compararse a la quema del Amazonas (por la riqueza natural destruida más que por las proporciones) y que arrasó a su vez con barrios enteros de los pobladores de El Hoyo, Cholila y Maitén.

Lejos de la apatía, el hecho produjo indignación en amplios sectores sociales que se sumaron a campañas solidarias, o incluso con sectores ecologistas que convocaron a Plaza de Mayo y exigieron al gobierno que dé una respuesta ante los incendios provocados. Un gobierno al que, en el terreno ecológico, le cuesta más que en otros lavarse las manos, con una sociedad en la cual la consciencia alrededor del maltrato capitalista de la naturaleza ha ido creciendo y que desnuda en cierta forma la política ecocida tanto de Fernández como de Arcioni, que están dispuestos a reventar Chubut para habilitar el extraccionismo contaminante. Un caso de negacionismo ecológico que abarca todo el arco político patronal y que es un punto que rompe la simpatía de un sector progresista por la coalición gobernante.

Un ejemplo reciente, también, de esta nueva coyuntura, es las movilizaciones que despertó la desaparición de Maia, la niña en situación de calle que fue secuestrada y que apareció producto de la presión que generó la indignación ante el caso, generando cortes de la autopista y concentraciones de importancia.

Esta ventana que se ha abierto en medio de la pandemia, y que se expresa como un volver a la vida social aún en la fragmentación y dispersión, es un retorno caótico que, eventualmente, puede dar lugar a explosiones de lucha de las cuales nuestro partido debe ser parte.

La astucia política se encuentra en dar cuenta de este momento y aprovechar cada posibilidad para salir a la calle, sean en conflictos, concentraciones o por la vía de agitaciones y toda actividad pública (en todo caso antes o en la eventualidad que una segunda ola pandémica vuelva a estrechar los límites de nuestra actividad).

Llenemos la Plaza el 24

El gobierno y las direcciones que le responden llaman a no movilizarse el 24 apostando a la pasivización y el control social. La experiencia con el gobierno todavía es desigual, y el argumento de la pandemia es fuerte pero crecientes sectores de los trabajadores y los de abajo van dando muestras de descontento aun elementales –vía memes u otras- frente al aumento de las naftas o la miseria salarial.

Incluso existe un sector afín al oficialismo albertista y k que no está dispuesto a volver a quedarse en la casa este 24; con que el 23 y el 25 sean días normales para ir a trabajar… y el 24 haya que encerrarse en vez de ir a Plaza de Mayo.

Esta orientación es peligrosa por que si fuera por el oficialismo y las direcciones sindicales, habría que dejarle las calles a la derecha que en cada oportunidad que le aparece trata de movilizarse vía banderazos.

Los derechos democráticos se defienden en las calles, y no podemos dejar que la derecha avance. Tampoco podemos aceptar que el gobierno apueste a seguir utilizando la pandemia para que no podamos reclamar contra el ajuste, los salarios miserables, los aumentos de las naftas, servicios y alimentos, en fin, su ordenamiento de la política económica para que los trabajadores paguemos la deuda con el FMI y la deuda externa en general.

La bronca por izquierda contra el gobierno tiende a crecer y existe una franja importante con sentimientos democráticos que el 24 quiere expresarse en las calles. Las nuevas generaciones están llamadas también a alzar las banderas de los derechos humanos y contra la impunidad de las fuerzas represivas de ayer y de hoy, por los 30 mil desaparecidos pero también contra los crímenes durante la democracia como los de Santiago Maldonado, Facundo Castro, Calos Fuentealba y Julio López.

Llamamos a movilizarse junto al Nuevo MAS, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y el resto de la izquierda para que el próximo miércoles seamos miles en la Plaza de Mayo y todas las plazas del país.