ATAQUE AL DERECHO AL ABORTO

Una jueza celeste ordenó la suspensión de la ley de la IVE en Chaco

La medida cautelar fue firmada por seis reconocidos militantes celestes de la provincia y argumentan la inconstitucionalidad de la ley. Un verdadero ataque reaccionario al derecho a decidir sobre el propio cuerpo.



La jueza antiderechos Marta Beatriz Aucar de Trotti, quien supo formar parte de la Comisión de Justicia y Paz del Arzobispado de Resistencia, ordenó la suspensión de la vigencia de la Ley 27610 del Derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en la provincia de Chaco. El jueves se presentó una medida cautelar, que argumenta la inconstitucionalidad de la ley, y que la firmaron seis personas de conocida militancia confesional y celeste.

La medida fue peticionada por Hilda Beatriz Dellamea, referente en Chaco de la Fraternidad de Agrupaciones de Santo Tomás de Aquino y que allá por el 2010 cuando se sancionó la ley del Matrimonio Igualitario ya se había posicionado en contra; Clelia Ávila, ex diputada provincial (UCR-Cambiemos) y referente del Movimiento Unidos por la Vida y la Familia Chaco, que se la señaló como responsable de un ataque antiderechos a las mujeres que participaron del 32° Encuentro Nacional de Mujeres en Resistencia y en el debate de la IVE en 2018 alegó la “discriminación del niño por nacer”; Gabriela Monzón; Cristina Araceli Chemes; Claudia Mariel Medina y Fernando Enriquez Guirado, responsable del patrocinio letrado de la movida que pidió la inconstitucionalidad. Estas personas argumentan que el Art. 15 Inciso 1 de la Constitución Provincial garantiza el derecho “a la vida y la libertad desde la concepción”.

Desde la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros del Chaco informaron que el gobierno provincial aún no les notificó nada sobre la suspensión de la vigencia. La orden tampoco llegó al Ejecutivo. Sin embargo, no deja de ser un ataque al derecho recientemente conquistado por el movimiento de mujeres y disidencias.

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Por otro lado la ONG Católicas por el Derecho a Decidir ya presentó una denuncia a la jueza por prevaricato, un delito que se configura cuando las resoluciones judiciales no son fundadas en derecho o parten de hechos falsos, ya que la ley 27610 es de orden público y fue aprobada por el Congreso de la Nación.

Desde antes de la aprobación del Derecho al Aborto Legal, Libre, Seguro y Gratuito, los celestes ya anticipaban la toma de acciones para dilatar, interrumpir y atacar tanto la ley como la práctica de abortos. En Salta ya intentaron hacer pasar una medida cautelar con el mismo argumento pero que fue desestimada. Manuela Castañeira, referente del movimiento de mujeres y Las Rojas, ya había declarado en la vigilia del 29 y 30 de diciembre, que “esto recién empieza”, alegando que los antiderechos iban a intentar maniobrar contra este derecho, por eso el movimiento de mujeres debe permanecer en alerta para que se garantice la implementación de la ley en cada rincón del país.

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