Un trabajador nodocente de 22 años murió luego de arrojarse desde el tercer piso del edificio de la Dirección de Obra Social de la Universidad de Buenos Aires (DOSUBA), ubicado en Presidente José Evaristo Uriburu 860, frente al Hospital de Clínicas.

El hecho ocurrió el miércoles 26 de agosto, pasadas las 8 de la mañana. Vecinos de la zona alertaron al 911 sobre lo sucedido y efectivos de la Policía de la Ciudad se dirigieron al lugar. Al llegar, encontraron al joven tendido sobre el asfalto, frente al edificio. Luego intervino el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). El equipo médico constató que el joven se encontraba en paro cardiorrespiratorio y realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no logró salvarle la vida.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 50, que intervino en una causa caratulada como suicidio. La sede de DOSUBA permaneció cerrada por duelo después de lo ocurrido.

Alertan sobre el incremento en los casos de suicidios

La muerte del trabajador nodocente se produjo en un momento en que los suicidios vienen registrando un fuerte aumento en todo el país, algo que los especialistas relacionan con el empeoramiento de las condiciones de vida. Durante 2025 se contabilizaron 5.209 suicidios, un 22,6% más que el año anterior. La cifra prácticamente duplica los 2.897 casos registrados en 2016, según los datos relevados sobre la evolución de esta problemática.

Al analizar esa evolución, Ariel Larroude, director del Observatorio de Política Criminal y del Posgrado en Política Criminal y Delitos Complejos de la Facultad de Derecho de la UBA, sostuvo que el suicidio es la primera causa de muerte violenta en Argentina y la primera entre los jóvenes adultos. “Ni siquiera en la crisis de 2001, en los 90 o en la dictadura hubo una tasa tan elevada”, comparó.

La muerte del trabajador nodocente se produjo en medio de ese crecimiento y vuelve a poner en discusión con qué recursos cuenta el sistema público para prevenir y atender los problemas de salud mental. El proyecto de Presupuesto 2026 del gobierno de Javier Milei prevé apenas $48 millones para la actividad de “Apoyo y Promoción de la Salud Mental”, la única línea del Ministerio de Salud destinada explícitamente a implementar la Ley Nacional de Salud Mental y fortalecer los abordajes comunitarios. Según el análisis de ACIJ, esa partida representa una reducción real del 91,6% respecto de los recursos vigentes para 2025.

El recorte de las políticas comunitarias se extiende también a los hospitales nacionales especializados. Para 2026, el Hospital Nacional y Comunidad “Dr. Ramón Carrillo” cuenta con un presupuesto disponible 20,2% menor, en términos reales, que lo ejecutado durante 2025. En el caso del Hospital Nacional Laura Bonaparte, la caída real alcanza al 17,6%.

Mediante el Decreto 459/2025, el gobierno de Javier Milei fusionó al Hospital Nacional Laura Bonaparte y al Hospital Nacional y Comunidad “Dr. Ramón Carrillo” con otros hospitales e institutos nacionales dentro de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES). Hasta entonces, cada uno funcionaba como un organismo descentralizado, con su propia estructura administrativa, financiera y legal. Con la nueva administración, la ejecución presupuestaria, los recursos humanos, las compras y contrataciones y la gestión administrativa quedaron bajo una conducción común.

Los hospitales continúan funcionando con su denominación y sus áreas asistenciales, pero dejaron de contar con una estructura institucional autónoma. El decreto justificó el cambio por la necesidad de reducir costos administrativos y optimizar el uso de los recursos públicos.

El Laura Bonaparte es un hospital nacional especializado en salud mental y adicciones. Su presupuesto registra una caída real y, al mismo tiempo, el proyecto de Presupuesto 2026 reduce en un 91,6% los fondos destinados a la única actividad del Ministerio de Salud orientada explícitamente a la promoción y el apoyo de la salud mental comunitaria.

El Gobierno centralizó la administración de estos establecimientos mientras recorta las partidas destinadas a su funcionamiento y a las políticas comunitarias. Frente al crecimiento de los suicidios, no hay una ampliación de los recursos públicos destinados a la prevención y la atención. El vaciamiento de las instituciones especializadas, el recorte de los programas de prevención y la reducción de las partidas destinadas a salud mental tienen consecuencias sobre quienes trabajan en esos espacios y también sobre quienes necesitan recurrir a ellos. Con menos recursos, programas y estructuras para dar respuesta a una problemática creciente, los trabajadores deben sostener la atención en condiciones cada vez más precarias, mientras quienes atraviesan situaciones de sufrimiento o crisis encuentran un sistema público con menos herramientas para acompañarlos.

En salud mental, mientras los suicidios muestran un fuerte crecimiento, el gobierno de Javier Milei recorta fondos para las políticas comunitarias y los hospitales especializados y concentra la administración de esos establecimientos. Con hospitales y programas debilitados, la capacidad del sistema público para prevenir, acompañar y dar respuesta a situaciones de sufrimiento y crisis queda cada vez más limitada.