Manuela Castañeira y el Nuevo MAS cumplen su compromiso

Un proyecto para elevar el salario mínimo a $100.000

Durante la campaña hacia las PASO, Manuela Castañeira (Nuevo MAS) sostuvo en reiterados programas de TV y radio que presentaríamos un programa por un salario mínimo, vital y móvil de $100.000 indexado por inflación. Ahora, cumpliendo su palabra, se presenta esta propuesta como proyecto.



Artículo 14 bis de la Constitución Nacional vigente: “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial”.

Las elecciones PASO nacionales del domingo 12 de septiembre dejaron un mensaje contundente. En el conjunto de la población hay bronca y rechazo a un estado social de cosas atravesado no solo por la pandemia sino por una situación económica cada vez más angustiante.

Sólo el Nuevo MAS y Manuela Castañeira hemos insistido a lo largo de la campaña en la necesidad de dar prioridad a ese reclamo. Ni la dirigencia de la CGT y de la CTA durante la pandemia, ni mucho menos el gobierno yla oposición en la campaña, prestaron atención al malestar sordo y profundo que recorre toda la sociedad. Las medidas paliativas tomadas por el nuevo gabinete de Alberto Fernández en nada han cambiado esta realidad.

Durante la campaña hacia las PASO dijimos en reiterados programas de TV y radio que presentaríamos un programa por un salario mínimo, vital y móvil de $100.000 indexado por inflación y estamos cumpliendo nuestra palabra. Durante la campaña electoral, las fuerzas políticas del sistema parecen discutir los problemas de otro país y de otro pueblo. El macrismo endeudó el país con 44.000 millones de dólares para alimentar la especulación y al gobierno de Alberto lo único que se le ocurre es que hay que pagar la estafa.

Mientras tanto, las fuerzas ultralibertarias (Milei y Espert), en realidad, son grupos reaccionarios que con palabras altisonantes trabajan para lo más concentrado del empresariado y que se postulan aun a sabiendas de que sus medidas solo se pueden aplicar bajo una dictadura militar.

Sólo las y los candidatos del Nuevo MAS, presentes en más de la mitad de los distritos electorales, pusieron en el centro de la agenda la preocupación número uno de las y los trabajadores y el pueblo: el deterioro de sus ingresos y de su nivel de vida ante el avance de la inflación, la desocupación y la precarización laboral.

Los datos oficiales revelados por el INDEC hablan por sí solos[1]. Según el informe de junio correspondiente al primer trimestre de 2021, el salario promedio en Argentina para las y los trabajadores asalariados es de $42.294, lo que se reduce a miserables $22.385 para las y los trabajadores informales (nuevamente en promedio).

A partir de septiembre, el salario mínimo, vital y móvil (SMVM), valor testigo que toman como referencia otros ingresos como el IFE y la AUH, es de $29.160, al cualllevarían a $33.000 en febrero del 2022 según los recientes anuncios del gobierno. Esta cifra irrisoria está incluso por debajo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), también llamada canasta de indigencia, dado que solo cubre la elemental provisión de calorías diarias para sobrevivir y ningún otro gasto. La CBA fue estimada por el INDEC en $29.213.

Primera conclusión: el salario mínimo actual no alcanza siquiera para vivir en condiciones de indigencia, esto es, sin vivienda, servicios, higiene, educación ni atención de salud.

Esos rubros sí aparecen en la Canasta Básica Total (recalquemos: básica). La CBT asciende a $68.359sin incluir el costo de alquiler (los gastos de vivienda calculados en la CBT son de aproximadamente el 11%, lo que es insuficiente en la mayoría de los casos). Si se incluyera el costo real, la CBT no bajaría de los $110.000.

Según el Ministerio de Trabajo, en mayo de 2021 el sueldo promedio bruto de las y los trabajadores del sector privado llegaba a los $86.128 y la mediana (la línea que divide el conjunto de datos en dos mitades) de la remuneración bruta era de $68.164.

Segunda conclusión: incluso entre las y los trabajadores del sector privado cuyo salario es en promedio mayor, la mitad de ellos no llega siquiera a la canasta básica total (que no incluye alquiler).

La consultora PxQ, de Emanuel Álvarez Agis (ex viceministro de Economía cuando el ministro era Kicillof), estima que el poder de compra del salario real formal está 25% por debajo del de 2015 y que el salario de las y los trabajadores precarios perdió un 10% solo en lo que va de 2021.

Si este es el panorama en pesos, cuando se mide el salario en dólares la situación es aún peor. Al tipo de cambio oficial, el SMVM a principios de septiembre era USD 282; tomando el tipo de cambio paralelo, de solo USD 181 (y en aumento).

Según un estudio de la Universidad de Avellaneda, el SMVM argentino medido en dólares era en 2015 el más alto de Sudamérica, con USD 589 (holgadamente más del doble del actual). Hoy, el SMVM argentino en dólares ocupa el séptimo puesto en el continente, en un retroceso permanente. Según el Observatorio del Derecho Social de la CTA-Autónoma, el salario promedio en dólares está de regreso a los valores de fines de 2006.

Tercera conclusión: el salario de las y los argentinos está en los niveles más bajos de la última década.

Y lo anterior por no olvidarnos que en la Argentina prácticamente no existe un piso salarial –está visto lo pulverizados que están los mínimos-, pero sí hay un techo: recién ahora se aumentarían a $175.000 los salarios brutos no alcanzados por el mal llamado “impuesto a las ganancias” (que es un impuesto al trabajo, porque el empresariado evade el impuesto a sus verdaderas ganancias). Con lo cual, lo que tenemos en la Argentina es un salario pulverizado en dólares que no tiene piso, pero sí tiene techo además de una precarización laboral rampante con el 50% de las y los trabajadores precarizados y un ataque sistemático a los convenios de quienes están en blanco (caso Toyota).

Todo el arco político desde el Frente de Todos pasando por Juntos y llegando a Milei y Espert están a favor como “política de Estado” de pagarle la deuda externa malhabida a los acreedores externos y cerrar el acuerdo con el FMI (cuestión que condiciona la miseria salarial pública y privada y condena al país al ajuste económico permanente).

Esto se pone de manifiesto con lo sucedido con el giro extraordinario que recibió Argentina (y todos los países miembros del FMI con su cuota al día) bajo la forma del ingreso de 4.333 millones de dólares en DEG (la moneda del Fondo). Este gesto de supuesta “sensibilidad” del organismo internacional debía tener como fin expreso contribuir a paliar los efectos económicos de la pandemia. Sin embargo, en virtud del decreto 622/21 del viernes 17 de septiembre, el gobierno argentino decidió que casi todo ese dinero (3.779 millones de dólares, el 87% de lo transferido) se destine… a pagarle capital e intereses al mismo Fondo Monetario.

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Así, el mismo gobierno que dice “escuchar el reclamo de mayores ingresos” resuelve apoyado por la oposición de Juntos y los “libertarios” desfinanciar toda medida de alivio o mínima recomposición de ingresos populares en beneficio del principal acreedor del país.

Las consecuencias sociales de esta penuria de ingresos generalizada y en permanente agravamiento están a la vista. La desocupación ya llega al 10,2%. La pobreza urbana en Argentina, según medía el INDEC en el segundo semestre de 2020 –tras lo cual la situación ha empeorado visiblemente– llegaba al 43% de la población, con un 10,5% indigencia y una pobreza infantil (menores de 14 años) del 57,7%.

Llegar a fin de mes sin endeudarse es para millones de hogares una misión imposible: “nos sobra mes y nos falta sueldo” hemos dicho en la campaña. Incluso para los hogares que no sufren ese apremio, la tendencia general a la baja del salario significa la postergación o cancelación de las aspiraciones más comunes: un vehículo, vacaciones, vivienda propia e, incluso, un teléfono móvil (¡tal cual la campaña reaccionaria de Milei y periodistas afines como Adorni y Levinas contra Manuela Castañeira!). La posibilidad de comprar un inmueble para un asalariado es la más baja desde 2010, año base de la tabla comparativa, y dichos “lujos” parece que solo corresponden en la Argentina para los adinerados, mientras que las y los asalariados tendrían que resignarse y bajar la cabeza, al mismo tiempo que las organizaciones sindicales oficialistas no mueven un dedo por ningún reclamo.

La situación es especialmente penosa para las mujeres y las y los jóvenes. La brecha salarial de género no se cierra, sino que se ensancha: según el INDEC, el ingreso promedio de los varones es de $48.570 mensuales; el de las mujeres, de $36.123, con una diferencia del 25,6%. La desocupación general es de 10,2%, pero del 12,3% en las mujeres y del 8,5% para los varones. Los principales afectados por la desocupación son las y los jóvenes de entre 14 y 29 años, pero la ya elevada tasa del 17% entre los varones trepa al 25% en las mujeres de esa franja etaria.

Cuarta conclusión: las consecuencias del deterioro permanente de los ingresos impactan en el aumento de la pobreza, la precariedad laboral, la desocupación, la desigualdad de género y la marginación, cuyos índices se encuentran en cifras cercanas a los picos históricos.

El empeoramiento de las condiciones de vida y trabajo están dejando una marca profunda en el tejido social.En este contexto acuciante, es una cuestión de elemental justicia garantizar que se cumplan las metas que establece la Ley Nacional de Empleo 24.013 para el Salario Mínimo, Vital y Móvil (¡y la Constitución Nacional!), al que se define como “la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”.

El mísero nivel actual del SMVM convierte estos objetivos –mínimos, recordemos– en letra muerta y en una burla a la mayoría de la población.

Las y los socialistas revolucionarios del Nuevo MAS, Manuela Castañeira y todas y todos nuestros candidatos y figuras públicas en todo el país sostenemos que esta situación no puede sostenerse más tiempo. La situación social y económica de la clase trabajadora y de amplios sectores populares –como las y los jubilados y beneficiarios de planes sociales, cuyos ingresos están atados al valor del salario mínimo– no puede esperar. El descontento, la angustia y la bronca se palpan en las calles y son una expresión de la crisis del capitalismo argentino.

Por todo esto, reclamamos como medida básica de protección de la vida y del bienestar de la amplísima mayoría de la población disponer el aumento del salario mínimo al nivel de la verdadera canasta básica total, la que incluye el costo del alquiler, con un pisode $100.000 indexado por inflación, lo que contribuiría a elevar el piso salarial de toda la clase trabajadora argentina (es decir, es un beneficio para todas y todos los asalariados, incluso para los pocos que ganan más que esta cifra).

Esta medida no puede ser tomada de manera aislada e inconexa, dejando intactas las demás decisiones de política económica que perpetúan las condiciones que nos llevaron hasta aquí. Priorizar las necesidades de las y los trabajadores y sectores populares significa, en primer lugar, afectar los intereses de la clase capitalista para financiar el aumento del SMVM y demás ingresos vinculados a él. En ese sentido, y contra los que durante la campaña nos han dicho que esta medida sería “imposible” o nos han interrogado de donde saldrían los fondos, proponemos una serie de medidas para financiar esta propuesta que apunten a otra política económica.

  1. Subir las retenciones a las exportaciones del agro, en particular a la soja y derivados, al 50% en la perspectiva de imponer impuestos progresivos a las grandes rentas y fortunas.

Uno de los grandes motores del deterioro salarial es la inflación, la cual deriva en buena medida de una penuria permanente del Estado de divisas con las cuales respaldar la moneda. Para aumentar el salario mínimo no sólo hace falta aumentar los recursos, sino también evitar que la inflación transforme el aumento de hoy en el deterioro salarial o la corrida cambiaria de mañana.

Los sectores exportadores –del agro, extractivistas y de la industria también- generan divisas y se enriquecen, como en el caso del gran capital agrario a partir de 800 hectáreas, incluso sin hacer nada, vía el aumento de los precios internacionales y la depreciación del tipo de cambio, que reduce sus costos locales en dólares (obtienen una súper renta diferencial). Pero mientras hasta en los propios países capitalistas desarrollados se discute cómo reducir la desigualdad distributiva y aumentar los impuestos a los ricos, aquí los millonarios pusieron el grito en el cielo cuando el gobierno quiso pedirles, tímidamente y por única vez, unas migajas para paliar los costos de la pandemia (el mal llamado “impuesto a la riqueza”).

  1. Impuestos progresivos a la vivienda ociosa y a los grandes terrenos con valuaciones fiscales reales.

Este punto es fundamental porque es sabido que en la Argentina el pago de rentas por grandes propiedades y terrenos es miserable. La subvaluación de las grandes propiedades es norma y esto se expresa en el sistema impositivo regresivo que impera en el país donde, paradójicamente, la proporción más alta de los pagos proviene del impuesto al consumo, el IVA, que en el país es de los más altos del mundo (21% de impuesto por cada bien de consumo básico que se compra), así como también una proporción vergonzosamente alta de los ingresos fiscales se lo lleva el aberrante impuesto al trabajo que, como ya hemos señalado, opinamos que debe ser eliminado.

  1. Impuestos progresivos a las grandes fortunas y a las ganancias.

Este punto es fundamental y crece en todo el mundo el reclamo por el mismo. Incluso en los países capitalistas desarrollados se ha establecido un piso para las corporaciones del 15% a sus ganancias. En la Argentina es conocido que los balances están todos fraguados y que el pago real por ganancias es bajísimo. Por lo demás, el gobierno nacional impulsó un falso “impuesto a las fortunas” que, en realidad, ha sido una contribución por única vez, lo que no configura un impuesto. Los impuestos remiten a un aporte que es sistemático yregular, tal como ocurre con el IVA que se paga en cada compra que hacen los sectores populares o con el impuesto al trabajo que se le descuenta a buena parte de las y los trabajadores de su salario todos los meses a partir de un piso.

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Lo que estamos exigiendo en este proyecto es que los millonarios paguen una parte proporcional por sus fortunas, lo mismo que el empresariado en general –las empresas nacionales y multinacionales- en relación a sus ganancias reales. Excluimos de este planteo a las empresas PyMEs y mini-PyMEs para las cuales exigimos, no el pago de ganancias sino por el contrario, créditos baratos garantizados por el Estado que les permita mantenerse así como tener a sus trabajadores en blanco y con salarios dignos.

  1. Control de precios sobre alimentos, medicamentos y bienes que hacen a la salud de la población.

La dolarización de los precios es uno de los motivos de la inflación que pulveriza los salarios. Los empresarios especulan con los bienes de primera necesidad que son insustituibles para la población trabajadora empezando por los alimentos, la vestimenta, los medicamentos y un sin fin de artículos.

Una política de control de precios real (y no la pantomima que han ensayado los distintos gobiernos a la fecha) es una de las contrapartes necesarias para evitar la especulación cuyo fin es el incremento de ganancias en favor de las empresas y en detrimento de las grandes mayorías.

  1. Nacionalizar el comercio exterior y las transacciones financieras en divisas.

Incluso los países capitalistas consideran determinados rubros como “activos estratégicos”. En un país como Argentina, crónicamente endeudado y con crisis cambiarias recurrentes, no hay activo más estratégico que las divisas originadas en el comercio exterior. Sin control sobre las divisas, todo es ilusión, y cualquier plan económico y social queda supeditado a la buena voluntad de la patronal agraria, extractivista, industrial y los banqueros.

Con esta sola medida pueden lograrse además una serie de beneficios indispensables para financiar el aumento del salario mínimo y combatir la precariedad laboral:

– No más estafas al fisco vía sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones para quedarse con más dólares, que para colmo luego van a engrosar cuentas secretas en paraísos fiscales (Vicentin no es la excepción, sino el símbolo de las prácticas de los capitalistas argentinos).

– No más evasión fiscal vía el mecanismo anterior o vía no declaración de ingresos reales.

– No más fuga de divisas para atesorar; los dólares deben quedar en el país. Se considera que un PBI, es decir 350.000 millones de dólares, están en manos de argentinos en el exterior, por no hablar del giro al exterior de las ganancias de las empresas multinacionales. En suma, de todos los dólares en billete que existen en el mundo, los capitalistas argentinos atesoran en el exterior la quinta mayor posesión.

De esta manera, a) aumentará sustancialmente la capacidad financiera del Estado para hacer frente a todos los compromisos en divisas originados en el comercio exterior, y b) se reducirá al mínimo la sangría de divisas que enriquece a millonarios, corruptos y especuladores y que empobrece al país.

  1. Suspensión inmediata de los pagos de deuda externa. Desconocimiento y denuncia del acuerdo-estafa firmado por Macri con el FMI en 2018.

El ruinoso y corrupto –de los dos lados del mostrador– acuerdo entre Macri y el FMI hipoteca la capacidad de Argentina para tomar cualquier decisión soberana con sus ingresos como construir viviendas e infraestructura en el país. En las actuales condiciones, reconocer la validez de la deuda contraída por Macri con el FMI conduce a un callejón sin salida nefasto para las y los trabajadores. Pero no es otra cosa lo que ha hecho el gobierno de Alberto y Cristina Fernández, que se queja en todos los tonos de la “herencia” de Macri, pero ha afirmado una y mil veces que honrarán esa auténtica estafa porque son “pagadores seriales” (y, como ya señalamos, la oposición de Juntos, Milei y Espert ya han afirmado que acompañarán el “acuerdo”).

Aceptar la legalidad de la deuda con el Fondo implica renegociar con el organismo una postergación de los pagos 2022 por 19.100 millones de dólares–que el Estado hoy no puede afrontar– a cambio de un acuerdo a diez años que significará ajuste permanente para ir juntando dólar por dólar para pagar.

Lo anterior nos hace retornar, una vez más, a la dependencia de las misiones del FMI, al control de las cuentas fiscales, a la pérdida de soberanía y al ajuste.

En resumen, lo que proponemos no es una simple ley que sancione el Parlamento, sino emprender con audacia y coherencia el único camino posible para atender de verdad, sin versos ni parches, las profundas necesidades de las y los trabajadores y de la amplísima mayoría de la población.

Garantizar un salario mínimo digno significa estar dispuestos a dar los primeros pasos en un rumbo económico diametralmente opuesto al actual. El rumbo hacia medidas de fondo, y no para la tribuna, es el de afectar con decisión los intereses capitalistas, no el de rogarles buena voluntad; es el de apoyarse en la fuerza de la movilización popular sin la cual no puede haber ninguna conquista popular. Es un rumbo anticapitalista.

Con este proyecto desafiamos a nuestros detractores a que nos muestren números que lo desmientan y, sobre todo, a que hagan propuestas concretas que signifiquen que no se sigan enriqueciendo quienes siempre lo han venido haciendo, los capitalistas, sino que demuestren medidas concretas para elevar el nivel de vida de la clase que crea el valor y la riqueza en el país: la clase trabajadora.

Exigimos, también, que este proyecto sea asumido unitariamente por toda la izquierda y que juntos lo traslademos al Congreso Nacional aun a sabiendas de que para imponerlo se necesitará no simplemente el voto –seguramente retaceado- sino una verdadera marea popular en las calles como la que conquistó el derecho al aborto en la Argentina en 2020.

Por último, esperamos que los medios de comunicación que se consideran libres y democráticos den amplia difusión a esta propuesta, así como también las y los compañeros periodistas que nos pidieron durante la campaña números y medidas para avalarlo. El camino hacia las elecciones de noviembre es una excelente oportunidad para sustanciar este debate.


[1] Todos los datos presentes en este proyecto son los oficiales del INDEC que aparecen en la EPH, lacual se basa en relevar 31 conglomerados urbanos de todo el país.

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