Un programa anticapitalista para sacar al país de la crisis

La burguesía argentina se encuentra frente a una encrucijada estratégica irresuelta desde la rebelión popular del 2001 a la fecha.

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El atraso económico del país respecto de las relaciones de explotación que predominan el mundo dominado por el neoliberalismo acumula 20 años, y se han convertido en un obstáculo insalvable para la clase dominante. El obstáculo son las relaciones de fuerzas conquistadas por los trabajadores y sectores populares que, aún con idas y venidas, imposibilitan al día de hoy a pasar a un régimen de explotación “normal” en términos capitalistas neoliberales.

Es evidente que la explotación capitalista rige la economía del país, y que la degradación sobre las condiciones sociales, de vida, laboral y salarial es permanente. Pero esta situación convive con la dificultad de la burguesía de pasar de una horadación progresiva a un ataque en regla que legalice y generalice una caída cualitativa de las condiciones de existencia de los explotados y oprimidos. Todo intento en este sentido ha puesto de relieve las relaciones de fuerzas como un obstáculo insalvable, como ocurrió con el intento de reforma previsional de Macri en el 2017.

El acuerdo de ajuste entre el gobierno del Frente de Todos y el FMI genera un efecto de concentración y agudización todos los elementos de crisis que vive el país y los pone de relieve desde los más estructurales, hasta los más inmediatos y coyunturales.  Desde el lastre histórico que significa ser un país dependiente con una burguesía ligada congénitamente al imperialismo, sin proyecto nacional independiente, que destaca por la decadencia de la infraestructura del país y por la apropiación de ramas enteras de la economía por capitales internacionales, a lo que se suma el sometimiento del país por el tutelaje directo imperialista mediante el acuerdo con el Fondo. Hasta la falta inmediata de dólares que se encuentran en manos de sectores privados de la economía, y que empuja a una devaluación y alimenta la inflación a niveles cercanos al 70% u 80% anual estimados para este año.

De crisis económica porque estruja los recursos del país al que se le exigen medidas de austeridad y reformas estructurales. Mientras la explotación de los trabajadores y de los recursos del país genera a los capitalistas enormes ganancias, aumentadas exponencialmente en el marco de la guerra en Ucrania y el incremento de los precios de bienes agropecuarios, no hay una sola medida para afectar esas riquezas. Por el contrario, se garantiza a los empresarios negocios millonarios y se pretende hacer pagar la crisis a los trabajadores y los sectores populares median medidas de austeridad.

De crisis política porque pone al gobierno actual, que fue depositario de expectativas de mejorías por sectores de amplias masas, frente a la tarea de aplicar un ajuste y preparar el terreno para choques sociales. Crisis que tiene su último capítulo en la asunción de Masa (un conservador y opositor por derecha bajo en gobierno de Cristina Fernández) como “súper ministro” de economía poniéndole fin del “albertismo” y dejando al Alberto Fernández en un rol decorativo.  Y junto con desnuda al kirchnerismo carente de un plan alternativo. De las medidas más o menos superficiales de su década de gobierno a la convalidación del ajuste del FMI, y el fin del relato expresado por el silencio estruendoso de Cristina Kirchner.

Y por último, el evidente recrudecimiento de la crisis social que implica la desinversión estatal en trabajo, salud, educación, y obras públicas, la eliminación o reducción de subsidios a la energía y servicios de consumo popular, entre otros. Que degrada a niveles de pobreza ya no sólo a sectores de trabajadores desocupados, sino incluso a trabajadores ocupados cuyas condiciones salariales son miserables. Todo esto con el apoyo directo de la burocracia sindical de la CGT y la CTA y de los movimientos sociales oficialistas que dividen a la clase trabajadora y contiene el malestar para evitar la irrupción independiente de los de abajo.

La izquierda revolucionaria, los movimientos sociales independientes y los trabajadores tenemos un desafío estratégico en esta situación. El desafío de construir un programa anticapitalista que plantee refundar las bases sobre las que está montado el país, que rompa con el imperialismo y el FMI, y ponga los recursos económicos, técnicos y científicos al servicio de las necesidades de los explotados y oprimidos. Programa que debe tender un puente entre las necesidades inmediatas y los desafíos estratégicos para construir una proyecto de país independiente donde los trabajadores y trabajadoras tomen en sus manos el destino del país.

Este programa exige concentrar todas nuestras energías en posicionar a la izquierda revolucionaria, los movimientos sociales y los trabajadores como actores políticos que encarnen las aspiraciones de las mayorías sociales e intervengan en la crisis con un proyecto general y no meramente corporativo (un veneno para cualquier aspiración emancipadora y anticapitalista). Por lo cual acompañamos este esbozo general con un llamado a un gran Encuentro Nacional de los sectores combativos que impulse un plan de lucha nacional que impulse un programa anticapitalista.

Por la unidad de los trabajadores ocupados y desocupados

Las condiciones de vida de los trabajadores empeoran con el desarrollo de la crisis. La asunción de Masa como  “súper ministro” del ajuste y aliado del FMI no hará más que profundizar esa tendencia. La precarización del trabajo que recorre todo el espectro de la clase trabajadora y la ocupación bajo condiciones laborales y salariales de pobreza es uno de los pilares del plan del Fondo. Un plan que coincide con las aspiraciones de la burguesía de equiparar la explotación de los trabajadores de argentina al promedio neoliberal del mundo.

Esta apuesta por reducir los salarios y condiciones laborales se consolido bajo el menemismo y continúa hasta la actualidad con la complicidad de todos los gobiernos que han pasado. Mientras los capitalistas presionan por aumentar sus ganancias en dólares, los salarios medidos en dólares cayeron un 86% en los últimos 7 años según datos del INDEC.  Esto sin contar los 7 meses del 2022 con una inflación galopante y paritarias a la baja como regla de oro del gobierno, las patronales y la podrida burocracia sindical.

Hoy la clase trabajadora se encuentra fragmentada, a muy grandes rasgos, en tres sectores: por un lado trabajadores efectivos o de planta permanente; otra masa de trabajadores que combina: la tercerización, la precarización de las condiciones de trabajo (situación que sufre el conjunto de la clase y que se acentúa cuando empeoran las condiciones de contratación) con salarios próximos a la pobreza o directamente de pobreza, llegando al extremo de la negación de todo derecho laboral y a ser reconocido como trabajador como ocurre con los trabajadores de reparto por aplicaciones que pelean por el reconocimiento sindical; y por otro lado los trabajadores desocupados.

La burocracia sindical y los movimientos sociales oficialistas refuerzan la fragmentación mediante el corporativismo para debilitar a la clase trabajadora: “divide y reinarás” razonan estos parásitos. Por esto es necesario un programa que rompa con el corporativismo y la fragmentación, tienda lazos entre los trabajadores y ponga fin a la pulverización salarial y la degradación social a la que estamos sometidos.

Salario mínimo de 160 mil pesos: ajustado mensualmente por inflación. Actualización de todos los salarios que están por encima de este monto para impulsar un aumento generalizado del salario. Actualización de las jubilaciones acorde a este piso salarial mínimo vital y móvil.

Fin del trabajo precarizado: La precarización laboral atraviesa a toda la clase trabajadora, y empeora a medida que se desciende en la escala de contratación. Hay que privilegiar a los trabajadores y trabajadoras que son los que sacan al país adelante y generan las riquezas. Que ningún trabajador se vea obligado a trabajar por encima de 8 horas para tener una vida digna. Obligación para las empresas de respetar el derechos salariales, de de enfermedad y vacaciones pagas.

Basta de tercerización. Pase a planta permanente en el Estado y empresas privadas: El anuncio del gobierno de congelar el ingreso a planta de los trabajadores estatales como muestra de ajuste hacia El FMI, da vía libre también a las empresas privadas para seguir tercerizando la contratación. La tercerización laboral es un enorme negocio a costa de las condiciones salariales, laborales y de los derechos del trabajador. Los trabajadores ferroviarios del Comahue y de servicios como EMA son la vanguardia de la lucha por el pase a planta permanente y deben ser apoyados por el conjunto de los trabajadores y organizaciones para terminar con el flagelo de la tercerización.

Trabajo genuino para todas y todos: Exigimos un plan de obras públicas a nivel nacional para generar trabajo, terminar con la desocupación, y elevar las condiciones de vida en los barrios populares mediante el impulso de obras de urbanización, escuelas, salas de atención médica y cloacas.  Rechazamos el proyecto reaccionario de un ingreso universal de 15 mil pesos. Los trabajadores necesitan trabajo genuino, no una miseria vergonzante que consolide la desocupación estructura como exige Grabois.

Reparto de las horas de trabajo: para incorporar a trabajadores desocupados y disminuir la carga de horas laborales para todos los trabajadores, sin afectar los salarios. La reducción de la jornada laboral a 6 horas diarias sin afectar los salarios permite incorporar a miles de trabajadores al circuito productivo y terminar con la especulación capitalista que expulsa de las fábricas y ámbitos laborales y aumenta los niveles de explotación sobre los trabajadores ocupados.

Reconocimiento del SiTraRePa: Las empresas por aplicación amasan fortunas a costa de la práctica esclavitud laboral de más de 50 mil trabajadores de reparto en todo el país. A la vez que el gobierno hace silencio cómplice mediante un Estado que permite la violación de absolutamente todos los derechos laborales. Pero los trabajadores se han organizado y exigen el reconocimiento del Sindicato de base para pelear por sus derechos (salario mínimo de 160 mil pesos, enfermedad paga, vacaciones, protección de las herramientas laborales, baños y lugares de descanso, entre otros). Exigimos al gobierno nacional el reconocimiento inmediato del SiTraRePa y de todas sus exigencias.

Plan de obras públicas: la crisis de infraestructura es uno de los motivos por los cuales el país debe importar recursos que posee en el propio territorio, como por ejemplo gas. La falta de inversiones estratégicas va desde gaseoductos hasta rutas, puertos, vías férreas y transportes,  por no hablar de planes de vivienda, urbanización, pavimentación y cloacas en los barrios populares, escuelas y hospitales.

Es necesario hacer una inversión millonaria histórica que revierta el atraso del país, genere empleo de calidad masivo, termine con la desocupación, y eleve las condiciones de vida de los trabajadores y sectores populares.

Expropiación sin indemnización de toda gran empresa que cierre o despida masivamente: casos como los de Garbarino que quiebran empresas y destinan millones de dólares a paraísos fiscales son inconcebibles. Este ejemplo puede multiplicarse por cientos. Sólo una política férrea que expropie, estatice y ponga bajo control de sus trabajadores las empresas y fábricas que cierran o despiden masivamente puede impedir que los se hagan negocios a costa del trabajo de la gente. La apertura de los libros contables de las empresas para el acceso púbico es parte de las demandas de este programa, para que sea de conocimiento público los volúmenes gananciales de las grandes empresas privadas.

Estatizar el Comercio exterior y nacionalizar la Banca:

La falta de dólares en Argentina es uno de los motores de la escalada inflacionaria y de la crisis de funcionamiento de la economía. Pero si faltan dólares es, no sólo por el saqueo que implica el acuerdo del gobierno del Frente de Todos con el FMI, sino además porque las divisas se encuentra concentradas en manos de grandes empresas multinacionales, transnacionales o autóctonas que se las apropian en beneficio de sus intereses privados.

Nos referimos a un puñado de 20 empresas que controlan el 50% de todas las exportaciones del país y las consiguientes ganancias en dólares, mientras que el 90% del total de las exportaciones están controladas por tan sólo 500 empresas. Este nivel de concentración económica en un puñado de capitalistas genera un virtual monopolio de los dólares producidos en el país como producto de la explotación de los trabajadores y de la apropiación privada de los recursos naturales y de los medios de producción.  Dólares que se reenvían a las casas matrices fuera del país  o que van a engrosar las cuentas de un puñado de ricachones.

A pesar de los miles de millones de dólares que se producen en el país, Argentina tiene una de las tasas de inversión más bajas del mundo: un 17% a 18% del PBI. Esto genera a su vez una crisis de infraestructura y el atraso productivo que refuerzan la dependencia del país respecto del financiamiento externo y de capitales imperialistas.

Por si esto fuera poco los capitalistas aplican mil y un trampas para estafar al fisco. La sobre facturación en el caso de las importaciones, la sub facturación en el caso de las exportaciones, la evasión fiscal y el contrabando son algunos de los mecanismos para apropiarse de más dólares por la vía de la estafa. Vicentin, el emblema nacional del robo al Estado es sólo un ejemplo de cómo funciona este mecanismo aceitado al servicio de la burguesía autóctona e imperialista.

Para construir un proyecto de país soberano y que tenga como objetivo elevar las condiciones de vida de los trabajadores y los sectores populares necesitamos concentrar el manejo de los recursos monetarios en manos del Estado bajo el firme control de los trabajadores y sectores populares que impidan que los recursos sean apropiados en beneficio privado. Por eso proponemos  estatizar el comercio exterior y nacionalizar la banca, única forma que el intercambio mundial y el manejo, acopio y uso de los dólares  queden en manos del Estado bajo vigilancia de los trabajadores.

Reforma impositiva progresiva:

La burguesía agraria e industrial presiona por una devaluación, que implicaría el enriquecimiento de los sectores que manejan dólares a costa de la inmensa mayoría de la población que cobra sus salarios en pesos. Mientras tanto el gobierno del Frente de Todos cede a la presión de estos sectores agro-exportadores ofreciéndoles un precio de dólar alternativo para incentivar que liquiden las divisas obtenidas en el mercado mundial. No sólo obtienen ganancias extraordinarias por el aumento de los precios mundiales de alimentos que genera la guerra en Ucrania, sino que además salen favorecidos por una medida de gobierno que les reconoce mayor precio por cada dólar que se decidan a venderle al Estado. Una vergüenza por donde se lo mire. Mientras los grandes capitalistas se enriquecen en dólares los trabajadores no paran de perder en pesos. ¡Hay que terminar con esa estafa!

Por eso es necesario impulsar medidas impositivas que graven a las grandes fortunas y a los sectores agroexportadores para transferir esos recursos a palear las necesidades de los trabajadores y sectores populares.

Aumento al 50% de retenciones al agro y las mineras: para los campos de mil hectáreas o más y las mineras que lucran con los recursos naturales del suelo nacional. La renta extraordinaria que se genera en el suelo del país es apropiado por un número reducido de  capitalistas agrarios. Esta renta se ha incrementado exponencialmente por la guerra en Ucrania que dispara los precios de alimentos. Es imprescindible elevar las retenciones al 50% para poner los ingresos extraordinarios al servicio de las necesidades de las amplias mayorías.

Impuesto a las grandes fortunas: aplicación de un impuesto mensual, y no una contribución ocasional, sobre las grandes fortunas. En Argentina existen 7 personas que suman 17. 900 millones de dólares en fortunas y se calcula que el 10% de la población más rica acumula entre el 60% y 70% del total de las riquezas.

Eliminación del impuesto al salario: el impuesto al salario es una estafa. Eliminación de la 4ta categoría, no se puede cobrar impuestos por trabajar, el salario no es ganancia.

 Eliminación del IVA: este impuesto es regresivo ya que aplica sobre bienes de consumo masivo como alimentos, que son parte fundamental del gasto de las y los trabajadores.

 Apercibimiento penal a los grandes evasores de impuestos que estafan al pueblo: La connivencia con la estafa al Estado que demostró el gobierno de Alberto Fernández y el silencio cómplice del Frente de Todos es inaceptable. Quienes estafan a los trabajadores y el pueblo deben pagar. ¡Vicentin nunca más!

Repatriación de los capitales atesorados en el exterior: la burguesía tiene fuera del país 360 mil millones de dólares aproximadamente, prácticamente un PBI. Esos recursos deben ser repatriados bajo apercibimiento penal y con pena de expropiación de capitales en caso de una negativa a devolverlos al suelo nacional.

Impuesto especial a la industria contaminante: basta de destruir el medio ambiente. Plan integral para reducir la emisión de gases de efecto invernadero y reconversión de la industria alentando el paso de energía fósil a energías no contaminantes mediante un programa de transición energético, financiado  a costa impuestos a las grandes multinacionales del sector.  Impuesto especial a la industria minera contaminante. Impuesto especial a la agroindustria de monocultivo sojero y paso a la diversidad agro-productora y el autoabastecimiento alimentario. Prohibición del glifosato, eliminación progresiva de los agro-tóxicos e inversión en investigación de métodos alternativos como la agricultura sustentable, entre otros.  Defensa de las especies animales controlando toda actividad depredadora del reino animal y demás industrias de tipo expoliador bajo apercibimiento penal.

 

RUPTURA DEL ACUERDO CON EL FMI

La crisis del país es inseparable de la estafa acordada entre Macri y el FMI y avalada por el gobierno de Alberto Fernández. A la vez que redobla la sujeción del país al imperialismo.

Hay que romper con el FMI, dejar de pagar la deuda externa, y poner el conjunto de los recursos al servicio de las necesidades sociales.  Por la triplicación del presupuesto para la educación y la salud. Y por el desarrollo de la ciencia y la tecnología que incremente el potencial de los cuadros que existen en el país y ponga los conocimientos al servicio de la independencia nacional y las necesidades de los trabajadores las mujeres, la juventud y el conjunto de los oprimidos.

POR UN ENCUENTRO NACIONAL DE TRABAJADORES

POR UN PLAN DE LUCHA NACIONAL

La CGT y la CTA y los movimientos sociales oficialistas actúan como perros guardianes de la política de ajuste del gobierno, los empresarios y el FMI. No han llevado una sola acción que cuestione el rumbo del ajuste y evite que la crisis que la paguemos los trabajadores.  Para conquistar el Programa Anticapitalista que proponemos es necesario impulsar un Encuentro Nacional de trabajadores que ponga en pie un plan de lucha nacional. Los sindicatos independientes como el SiTraRepa y comisiones internas independientes, los trabajadores precarizados y tercerizados como los ferroviarios del Comahue y EMA, los movimientos sociales, y todos los sectores que apuestan a construir un proyecto de país que supere la crisis crónica en la que nos ha sumido la burguesía y sus representantes políticos. Sólo con la lucha independiente podemos confrontar nuestros intereses a los intereses de los capitalistas.

Las organizaciones de izquierda con sus referentes políticos, las organizaciones sindicales, y los movimientos sociales podemos y debemos ser voceros de los problemas que sufren las amplias mayorías y traducir las aspiraciones de los explotados y oprimidos en acciones de lucha que sienten las bases para un programa anticapitalista. No hay nada más nocivo en este momento de crisis los programas corporativos que impiden tender un puente desde los trabajadores hacia el conjunto de la población. Por el contrario, debemos tener miras amplias y apelar al conjunto de los sectores populares y de trabajadores, marcando un rumbo para la solucionar la crisis afectando a los ricos y poderosos del país y que la crisis la paguen los capitalistas.

 

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