Cada vez más trabajadores en Argentina pasan por una aplicación para ganarse la vida. Lo que hasta hace pocos años aparecía como un ingreso extra se convirtió en el sustento principal de cientos de miles de personas. Repartidores que atraviesan la ciudad durante más de diez horas, conductores que alternan entre distintas aplicaciones y trabajadores que combinan estas tareas con otros empleos forman parte de un paisaje cada vez más frecuente en un mercado laboral golpeado por la caída del empleo registrado y el deterioro de los salarios.

La velocidad con la que creció este fenómeno ayuda a dimensionar el cambio. Distintas estimaciones calculan que hoy cerca de un millón de personas obtiene la totalidad o una parte de sus ingresos mediante aplicaciones de reparto y transporte. En 2018 eran alrededor de 160.000. En apenas seis años, el trabajo en plataformas se expandió cerca de un 900%, hasta convertirse en una de las modalidades laborales de mayor crecimiento del país. Las explicaciones más habituales atribuyen ese avance al desarrollo tecnológico o a la crisis económica, que empuja a miles de personas a aceptar cualquier fuente de ingresos. Ambos factores ayudan a entender una parte del problema, pero dejan otra pregunta sin responder. Si las aplicaciones crecieron hasta reunir a casi un millón de trabajadores, ¿qué tienen de distinto para expandirse con semejante rapidez? ¿Y por qué esa forma de organizar el trabajo comenzó a ocupar un lugar cada vez más importante en el debate sobre el futuro del mercado laboral?

Responder esos interrogantes exige mirar más de un proceso al mismo tiempo. El deterioro del empleo registrado empuja a miles de personas hacia formas de trabajo cada vez más precarias. Las plataformas, a su vez, ofrecen a las empresas un esquema que les permite reorganizar la actividad trasladando costos y riesgos hacia quienes trabajan sin resignar el control sobre el proceso productivo. Sobre esa experiencia avanza hoy el gobierno de Javier Milei con una batería de contrarreformas laborales orientadas a consolidar y extender ese tipo de vínculos. Entender por qué cerca de un millón de personas depende hoy de una aplicación para trabajar supone analizar cómo confluyen esas tres dinámicas.

Las aplicaciones insisten en presentarse como simples intermediarias entre quien necesita un servicio y quien está dispuesto a realizarlo. Bajo esa lógica, repartidores y conductores aparecen como trabajadores independientes que eligen cuándo conectarse, cuánto tiempo trabajar y qué pedidos aceptar. Esa imagen de autonomía, sin embargo, choca rápidamente con el funcionamiento cotidiano de la actividad.

Basta observar cómo transcurre una jornada de trabajo. La tarifa de cada viaje o pedido no la define quien presta el servicio. Tampoco el recorrido, los incentivos económicos o las condiciones para acceder a una mayor cantidad de pedidos. Todo eso queda en manos de la plataforma, que además puede modificar esas reglas de manera unilateral o incluso bloquear una cuenta sin una instancia de negociación. La autonomía termina reducida, muchas veces, a decidir cuándo conectarse o desconectarse de la aplicación.

Ahí aparece la verdadera innovación del modelo. Repartir mercaderías o transportar pasajeros no son actividades nuevas. Lo novedoso es la forma en que ese trabajo comenzó a organizarse. Aunque los trabajadores figuren como independientes, las empresas conservan las principales decisiones sobre el desarrollo de la actividad y ejercen un poder de dirección que antes estaba asociado a una relación laboral reconocida formalmente.

Buena parte de ese control pasa hoy por el algoritmo. Cada pedido aceptado, cada recorrido asignado, cada cambio en las tarifas y cada sistema de incentivos depende de decisiones automatizadas que los trabajadores no conocen ni pueden discutir. El SiTraRepA (Sindicato de Trabajadores de Reparto por Aplicación) viene denunciando desde hace años la opacidad con la que funcionan esos mecanismos, especialmente cuando derivan en bloqueos de cuentas o modificaciones unilaterales de las condiciones de trabajo. El supervisor tradicional pierde protagonismo, pero el control sobre la actividad no desaparece: cambia de forma.

Los cambios también alcanzan a los costos de producir. La bicicleta o la moto, el combustible, el mantenimiento, el teléfono celular, la conexión a internet y el monotributo corren por cuenta de quienes trabajan. Si el vehículo se rompe o un accidente obliga a detener la actividad, también desaparecen los ingresos. La plataforma, en cambio, conserva la capacidad de organizar el trabajo sin asumir una parte importante de los costos y responsabilidades que caracterizaban a la relación laboral tradicional.

Para reunir un ingreso equivalente al costo de una canasta básica, un repartidor necesita completar alrededor de 453 pedidos. La estimación, realizada por la Fundación Encuentro, ni siquiera incorpora gastos indispensables para desarrollar la actividad, como combustible, mantenimiento del vehículo, telefonía móvil o monotributo. Según el mismo relevamiento, alcanzar ese objetivo exige jornadas cercanas a las doce horas diarias. Ya a simple vista los números desmienten una de las principales promesas con las que las plataformas suelen presentarse. Mientras la tecnología permite coordinar miles de pedidos en tiempo real, optimizar recorridos y reducir tiempos muertos, quienes realizan ese trabajo necesitan cada vez más horas y más viajes para sostener ingresos que apenas alcanzan para cubrir sus necesidades básicas. La mayor eficiencia del sistema no mejora, por sí sola, la situación de quienes lo hacen funcionar.

Ahí aparece una de las claves del modelo. Los algoritmos no sólo administran pedidos con mayor rapidez que cualquier forma tradicional de organización. También permiten coordinar una enorme cantidad de trabajadores sin asumir buena parte de los costos que antes formaban parte de la relación laboral. La productividad aumenta porque el trabajo se organiza de manera “más eficiente”, pero esa mejora no se traduce automáticamente en mejores ingresos para quienes producen el servicio. Al contrario. El combustible, el desgaste del vehículo, las herramientas de trabajo, los tiempos de espera entre un pedido y otro e incluso las consecuencias económicas de un accidente siguen siendo indispensables para que la actividad funcione. Ninguno de esos costos desaparece. Cambia quién los afronta. Lo que antes integraba la estructura de gastos de la empresa pasa a recaer, cada vez más, sobre repartidores y conductores.

La consecuencia no termina cuando finaliza la jornada. Si la moto necesita una reparación, si el teléfono deja de funcionar o si hace falta reemplazar una bicicleta, seguir trabajando depende muchas veces de conseguir un préstamo. El endeudamiento deja entonces de financiar solamente el consumo cotidiano y pasa a sostener el propio proceso de trabajo.

Los datos del Banco Central muestran hasta qué punto esa tendencia se profundizó durante los últimos años. La cantidad de repartidores que tomaron préstamos vinculados a las propias plataformas aumentó un 177% entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 y volvió a crecer otro 122% durante 2025. Las deudas rondan, en promedio, el millón de pesos; el SiTraRepA denunció préstamos con costos financieros de hasta el 700% anual. La dependencia respecto de la plataforma ya no termina cuando se apaga la aplicación. También alcanza la forma en que miles de trabajadores consiguen los recursos necesarios para seguir produciendo.

Lo que ocurre en las plataformas dejó hace tiempo de ser un fenómeno restringido al reparto de comida o al transporte de pasajeros. Si este esquema permite organizar la explotación del trabajo con mayor eficiencia, mantener el poder de dirección sobre la actividad y, al mismo tiempo, trasladar una parte creciente de los costos hacia quienes trabajan, resulta lógico que trascienda los límites de los nichos hasta ahora dominados por la economía de plataformas. La discusión ya no gira solamente alrededor de una aplicación. Lo que está en debate es una forma de organizar el trabajo que distintos sectores empresarios buscan extender a otras ramas de la economía.

Ese es el contexto en el que deben leerse las contrarreformas laborales impulsadas por el gobierno de Javier Milei. Desde el comienzo de su mandato, la flexibilización del mercado de trabajo ocupó un lugar central dentro de su programa económico. Bajo el discurso de la modernización, la reducción de la litigiosidad y la generación de empleo, el oficialismo avanzó sobre distintos mecanismos de protección laboral y promovió un marco legal que amplía las posibilidades de contratación bajo modalidades con menores obligaciones patronales.

El régimen específico para trabajadores de plataformas sintetiza con claridad esa orientación. Aunque las empresas fijan tarifas, distribuyen pedidos, establecen incentivos, controlan el desempeño y pueden bloquear unilateralmente una cuenta, la reforma las presenta como simples intermediarias entre particulares y define a repartidores y conductores como prestadores independientes. La discusión jurídica no es un detalle técnico. De su resolución depende si ese poder de dirección continúa siendo considerado una relación laboral o pasa a quedar amparado bajo una figura que reduce las responsabilidades empresariales. Por eso, las reformas impulsadas por Milei no crean el modelo que hoy caracteriza a las plataformas. Ese modelo ya existe y funciona desde hace años. Lo que hacen es darle un respaldo jurídico e intentar convertir una excepción en una regla. Si ese criterio termina consolidándose, dejará de afectar únicamente a repartidores y conductores. Puede transformarse en un antecedente para extender formas de contratación similares hacia otras actividades donde el empresariado persigue los mismos objetivos: reducir costos laborales sin renunciar al control sobre el proceso de trabajo.

Ahí reside el verdadero alcance del debate. La discusión sobre las plataformas no enfrenta solamente a empresas de aplicaciones y trabajadores del sector. Anticipa una disputa más amplia sobre el rumbo que puede adoptar el mercado laboral argentino y sobre el tipo de relaciones laborales que las clases dominantes intentan consolidar aprovechando la ofensiva política abierta por el gobierno de Javier Milei.

Mientras las plataformas consolidaban este modelo de organización del trabajo, repartidores y conductores comenzaron también a organizar respuestas. En los últimos años protagonizaron paros, movilizaciones y reclamos contra la reducción unilateral de las tarifas, los bloqueos arbitrarios de cuentas, la falta de cobertura frente a accidentes y las modificaciones impuestas por las empresas sin ningún tipo de negociación. También crecieron las demandas judiciales que buscan el reconocimiento de una relación laboral allí donde las aplicaciones continúan presentándose como simples intermediarias tecnológicas.

No es una pelea sencilla. A diferencia de una fábrica o un establecimiento tradicional, quienes trabajan para estas empresas pasan la mayor parte de la jornada dispersos por la ciudad, sin un espacio físico común y sometidos a un sistema que cambia tarifas, asigna pedidos y evalúa el desempeño de manera permanente. La fragmentación no es un accidente del desarrollo tecnológico. Es una condición que favorece el aislamiento de los trabajadores y dificulta la construcción de respuestas colectivas.

Volviendo a la pregunta que dio origen a este debate, el crecimiento del trabajo en plataformas difícilmente pueda entenderse como una consecuencia exclusiva del avance tecnológico o de las decisiones individuales de quienes buscan una fuente de ingresos. La expansión de este sector refleja un mercado laboral que expulsa trabajadores del empleo registrado, empresas que encontraron una forma más rentable de organizar el trabajo y un gobierno que impulsa reformas destinadas a consolidar y extender ese esquema.

La discusión sobre las plataformas ya no se limita al reparto de comida o al transporte de pasajeros. Lo que hoy se ensaya en ese sector anticipa una disputa más amplia sobre el futuro del trabajo. Si ese modelo logra extenderse, no cambiará solamente la realidad de quienes trabajan para una aplicación. Cambiarán las condiciones bajo las cuales trabajará una porción cada vez mayor de la clase trabajadora.