Una deuda completamente fraudulenta llevada adelante por el gobierno de Macri y legitimada por Alberto Fernández que, aún en medio de la pandemia y la crisis económica y social que atraviesa el país, se muestra dispuesto a ir a un ajuste en regla para congratularse con el organismo de crédito internacional.

No es un dato secundario que el reencadenamiento del país al FMI impulsado por Macri se concrete bajo el gobierno del Frente de Todos. El desembolso del préstamo histórico acordado por el gobierno neoliberal de Cambiemos (nunca antes el Fondo había otorgado tantos millones juntos a ningún país) fue a parar a manos de especuladores financieros y luego fugados al exterior, motivo suficiente para desconocer una deuda que pretende pagarse con el ajuste a los trabajadores y los sectores populares. Sin embargo, Fernández ha tomado la decisión de completar una tarea que aún se encuentra realizada a medias: asumir el fraude como un hecho legítimo y consumar la vuelta a las relaciones carnales con el FMI.

Una decisión política que tributa a su naturaleza de gobierno social- liberal: “social” en las formas y las palabras, un artilugio de engaño clásico que pretende empatizar con el descontento social a la vez que contener, y liberal en los hechos concretos, como lo demuestran además de la negociación iniciada con el FMI, la defensa incondicional de la propiedad privada con la represión en Guernica a miles de familias despojadas, y el “indulto” al grupo empresario de Vicentin que, a pesar de haber estafado olímpicamente al Estado, no fue expropiado.

Hipotecan el país al Fondo

La novedad respecto de la deuda es que el ministro de Economía Guzmán ha anunciado que el gobierno quiere pasar del Acuerdo Stand By (SBA), cuyo capital debería empezar a pagarse el próximo año, a un acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF siglas en inglés), lo que le permitiría al gobierno estirar los plazos del pago del capital hasta 10 años. Pero este cambio a un acuerdo de Facilidades Extendidas implica reformas estructurales sobre el régimen de jubilaciones, reforma laboral y tributaria, todo bajo la tutela del FMI. Un mecanismo aceitado y establecido que le permite al Fondo asegurarse que se cumplan los “deberes” necesarios para garantizarse el cobro de la deuda, además de multiplicar el sometimiento del país a los capitales internacionales.

Este condicionamiento que implica reformas estructurales y el control directo por parte del FMI sobre las políticas económicas y sociales, son parte del estatuto propio del acuerdo de Facilidades Extendidas (punto IV). El gobierno de Fernández ha anunciado que intentará que el nuevo acuerdo prescinda de la cláusula IV, una chantada que no sólo parte de aceptar el pago de la deuda, sino que además supone que el organismo de crédito le dará un mayor plazo de pagos a cambio de nada. Por el contrario, según el texto del estatuto, el acuerdo de facilidades extendidas da cuenta de la situación de debilidad económica estructural de un país que le impide afrontar sus “obligaciones”, por lo cual entiende que el Estado en cuestión debe reducir drásticamente el gasto público para volcar esos recursos al pago de deuda. Esta es la política que ha llevado el FMI adelante en cada país que ha asumido un acuerdo EFF.

Las reformas estructurales comienzan con un ataque directo a los más desprotegidos: los jubilados y los sectores que reciben actualmente el IFE. Como dijimos, el FMI exige que la retribución a las jubilaciones, que representa poco más del 50% del gasto actual del Estado, se reduzca. Estamos hablando de jubilaciones que en su inmensa mayoría corresponden a la mínima, que hoy está algunos pesos por encima de los 18 mil… ¡esta es la miseria a la que accede el 85% de los jubilados y pensionados!

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En este sentido, el gobierno ya ha dado señales de “buena voluntad” al FMI con un proyecto que enviará al Congreso para lograr un cambio en la fórmula de ajuste de las jubilaciones. En esta nueva fórmula se desliga el aumento del índice de inflación (como era hasta el momento que el gobierno decretó manejarse con un cálculo propio por decreto) para pasar a otra basada en la recaudación del Estado y un aumento de salarios siempre a la baja en los últimos años… una cuenta que no garantiza que el aumento empate a la inflación y que en caso de que continuara la recesión que vive el país, los aumentos sean prácticamente nulos. Junto con esto, el gobierno ha congelado el pago del IFE, cuya cuarta cuota debiera haberse pagado en Octubre, y ha anunciado el fin del congelamiento de tarifas a partir de fines de diciembre.

Respecto de la reforma laboral no han dicho gran cosa, aunque es un hecho que los puestos de trabajo que se han abierto en los últimos meses se dan bajo condiciones de contratos muy precarizados, sumado al evidente ajuste sobre las condiciones de trabajo que aparecen en todos los ámbitos laborales, que van desde recortes de horario de descanso o de almuerzo al incremento de los ritmos de trabajo.

Recordemos un dato no menor que sirve de antecedente para lo que se podría venir: el país sólo en 2 ocasiones se fue a un plan Facilidades Extendidas (contra 19 Stan By), ambas bajo el menemismo: en 1992 con Cavallo como ministro de Economía, y en 1998 con Roque Fernández, lo cual significó un crimen social que destruyó las condiciones de vida de millones de personas en el país y que llevó a la desocupación de masas, sólo revertida por la rebelión popular del 2001.

Alberto Fernández esboza un curso a derecha

De momento el gobierno se ha sacado de encima la presión por izquierda que le generó Guernica durante meses. Claro que para eso tuvo que tomar la decisión de pagar cierto costo político entre sectores de su propia base social, e incluso en sectores simpatizantes o que depositaban cierta expectativa de que este fuera un gobierno de concesiones a los trabajadores. Costo político que ha dado lugar a una inicial experiencia con el gobierno entre diversos sectores populares y, sobre todo, de un sector social progresista, que seguramente tiene las miras puestas en cómo actuará el gobierno respecto del proyecto por el derecho al aborto, sobre lo que volveremos más abajo.

Hoy las tensiones del gobierno se concentran mayormente en lograr gobernabilidad, pero no cualquier gobernabilidad, sino aquélla que le garantice el apoyo de la burguesía. Es decir: no una gobernabilidad basada siquiera en la satisfacción de las necesidades mínimas de los sectores populares y de los trabajadores, afectando en algo las ganancias de los grupos autóctonos e internacionales que concentran las riquezas del país sino, por el contrario, una gobernabilidad asentada en el apoyo de esos grupos y el de los “mercados”. Es decir, los capitalistas financieros y el imperialismo.

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Desde luego que ante el fracaso rotundo de los gobiernos no peronistas como fue el de De la Rúa o el de Macri, el peronismo aparece como el único capaz de garantizar la estabilidad del país… Pero también es cierto que la burguesía pretende de Fernández un gobierno con el carácter suficiente para “solucionar” los problemas estructurales de la economía a costa de los de abajo, confrontando y doblegando las relaciones de fuerzas conquistadas desde el Argentinazo por los trabajadores y sectores populares.

Esa relación de fuerzas continúa siendo la piedra en el zapato, tanto del gobierno como de la burguesía, un escollo que dificulta la mera ejecución técnica de una u otra política económica. Así la dirección en que se aplica o intenta aplicar la política económica aparece sometida a relaciones de fuerzas conquistadas que el gobierno de Fernández no ha desafiado abiertamente, aunque el gobierno aparece esbozando un curso a la derecha aún sin perder su naturaleza social-liberal.

De todos modos, sería apresurado no prever todavía muchos zigzags en el oficialismo; el concepto de que sólo les importa la gobernabilidad es para que se entienda que el actual gobierno de coalición peronista encabezado por Alberto Fernández no se piensa con ningún objetivo que no sea el de la gobernabilidad y estabilidad social liberal de la Argentina.

¡Aborto legal ya!

En este marco, la discusión del derecho al aborto es un tema que se ha instalado con mucha fuerza y que pone al gobierno ante un aprieto. Junto con el problema de la vivienda y el cuestionamiento a la propiedad privada y, ahora, la problemática del rechazo al acuerdo que se pretende con el FMI, la lucha por el derecho al aborto se coloca como otro de los grandes andariveles de la coyuntura nacional; un tema que se instala en la agenda política nacional y frente al cual nadie puede quedar indiferente.

Este debate sigue siendo un parte aguas de la política nacional que Fernández quisiera evitar a toda costa. De ahí que continúe siendo un enigma en qué consiste el proyecto de ley que puedan presentar, aunque se descarta que contendrá concesiones a los sectores antiabortistas. No se puede confiar en ningún proyecto de ley que no sea el que fue conquistado por la movilización del movimiento de mujeres, así como tampoco se puede confiar en que haya un voto favorable al derecho al aborto en ausencia de la movilización en las calles. La movilización y la agitación por este derecho es lo único que puede garantizar arrancarle a este gobierno el derecho de las mujeres a decidir.

Así las cuestiones, la pelea porque sea ley el Proyecto de la Campaña pasar a ser uno de los ejes de la militancia de nuestro partido y nuestra agrupación de mujeres Las Rojas, una batalla central que podría polarizar la coyuntura política en las próximas semanas.

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