Restan algo más de 40 días hasta las elecciones de noviembre, una larga cuenta regresiva teniendo en cuenta la dinámica política del país. Luego de varios días de crisis política fruto de la derrota electoral y parcial en el marco de las PASO, el gobierno ha logrado contener la zozobra a fuerza de cambios en el gabinete. Cambios que dan cuenta de un gobierno que lejos de responder al cachetazo electoral con concesiones, reafirma el curso conservador y elige la continuidad del rumbo político y económico.

No hubo un anuncio, una medida de contundencia que apunte a congraciarse con una base social que castigó al gobierno con un voto hacia la centro-derecha (Juntos) y con un ausentismo aún más evidente. La reafirmación del rumbo se come a los gestos y el relato. La personificación en nombres como Juan Manzur (Jefe de gabinete), Julián Domínguez (Agricultura) y Aníbal Fernández (Seguridad), hablan de un equipo ministerial pensado para la post elección. Una reafirmación de autoridad en la que el gobierno se recuesta sobre el peronismo más tradicional por si lo que toca es pilotear una tormenta luego de las elecciones generales. En este marco, la designación de Perzyk, una figura menos rancia para Educación, no alcanza para compensar el balance conservador del conjunto. Incluso en este rubro también la definición es la continuidad de la las universidades y terciarios cerrados.

Todo esto no niega que en el próximo mes y días que restan hasta la definición electoral el gobierno no ensaye dádivas, no ya con el fin de recomponer la distancia entre las expectativas que depositó parte de la sociedad en Fernández, sino al menos para traer a la base propia que se abstuvo de votar. Una combinación entre parches (o curitas) económicos de brevísimo alcance y apelación a la memoria fresca del macrismo (ahora “refrescado”) como toda estrategia de cara a noviembre, en la que no faltará la alerta sobre el fenómeno liberal-fascistoide del estilo Milei, que de momento no ha tenido réplica en Provincia de Buenos aires ni el resto del país.

De fondo, no hay ninguna medida estructural para salir de la crisis económica que afecta al país. Muy por el contrario, se refuerza la apuesta a continuar bajo la tutela del FMI, aunque negociando mayores márgenes de maniobra que permitan no ir a un choque tan directo con las masas. Un detalle que no es menor teniendo en consideración que de momento la negociación de Guzmán no evitó que el Frente de Todos pague el costo político de sostener la deuda contraída por Cambiemos, y que algo de “soga” permitiría administrar el ajuste a los trabajadores y sectores populares. Dicho esto, la relación entre la crisis económica y la deuda externa que incluye al Fondo es directa y también incuestionable para todo el arco político tradicional (desde el peronismo hasta el liberal-fascismo) como se ha demostrado en el transcurso de todos los gobiernos a la fecha.

¡¿Qué hay de nuevo, viejo?!

En Argentina existen zonas en donde la tierra es excepcionalmente fértil por naturaleza, es decir sin que la actividad humana haya interferido en lo más mínimo. Esta situación permite que parte importante de la riqueza (y de los dólares) provenga del campo cuya gran productividad le da al país una ventaja comparativa respecto de la mayoría de los países y deja lugar a una ganancia extraordinaria en forma de renta diferencial. Pero esa ventaja natural del país no queda en poder de la población, sino que es apropiada por los dueños de la tierra para su beneficio propio. Las retenciones son un mecanismo que permite que esa renta no sea apropiada exclusivamente por las patronales agrarias, sino que parte de ellas queden en poder del representante oficial de la sociedad capitalista: el Estado burgués. Así las retenciones o impuestos permiten financiar ámbitos relativamente menos competitivos como por ejemplo la industria, de manera tal de compensar las debilidades estructurales y financiar los gastos públicos del Estado, a la vez que desliga los precios internacionales de bienes de consumo como la carne, la leche o el trigo facilitando el consumo local a precios menores, todas medidas propiamente capitalistas.

Si en el 2008 el gobierno de Cristina Kirchner fue derrotado en su intento de llevar adelante una redistribución limitada (en el marco de que, según sus palabras, los sectores del campo nunca se habían enriquecido tanto como bajo su gobierno)  con un intento de aumento de retenciones que le permitiera financiar la industria, el gobierno de Macri hizo un movimiento inverso: limitar por ley la posibilidad del gobierno de aumentar el impuesto (retenciones) al comercio de los bienes producidos en el campo, favoreciendo con topes que dieran mayores posibilidades de concentrar la riqueza que con Cristina.

El gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner no sólo se ha mantenido bajo los parámetros heredados por el gobierno neoliberal, sino que apuestan a prorrogar la ley de Macri que vencería a fines del 2021, hasta el 2024. Es decir, no importa el precio de las commodities, no importa el valor de la soja, del trigo o de ningún bien producido en el campo (que dicho sea de paso ha llevado a los capitalistas vinculados al agro a ganancias récord en lo que va del siglo XXI), los márgenes de retenciones establecidos por el gobierno neoliberal no se tocan.

Otro ejemplo de concesión hacia sectores concentrados de la economía vinculado al campo es la medida de flexibilizar el tope de exportación de carne, tomada por Julián Domínguez (quien también fue ministro del agro en el 2009 y tomó la tarea de recomponer la relación con los ruralistas luego de la fallida 125). Es evidente que las restricciones de Fernández a la exportación de carne fueron medidas tan para la tribuna (un intento de gesto confrontativo con los acaudalados de la hacienda) que no frenaron nada el incremento de la carne, un bien de consumo elemental que ha llegado a mínimos históricos. Luego del gesto sin consecuencias, el gobierno ha decidido levantar las restricciones, lo cual llevará las exportaciones al 90%.

Es evidente que en esto el gobierno no sólo apuesta a una continuidad en el rumbo económico y político coyuntural por así decirlo, sino una apuesta estratégica a un modelo de país en el que, más allá de las diferencias entre el neoliberalismo macrista y el social-liberalismo de Fernández, se privilegian las medidas económicas de concentración de las riquezas en manos de los capitalistas a costa de los trabajadores. Una Argentina en la que los capitalistas se sientan dueños incuestionables, una suerte de resarcimiento por los malos tragos de la primer década y media del siglo XXI que le costaron (incluso al día de hoy) el recelo de la burguesía a un sector del peronismo- kirchnerista. Pero con una apuesta de fondo: terminar con las crisis recurrentes del país sobre la base de una derrota a fondo de las relaciones de fuerzas conquistadas por los trabajadores.  Y una fantasía: lograr eso sin ir al choque con las masas. La famosa cuadratura del círculo, o el imposible.

Si los recursos para financiar el pago al FMI, los gastos sociales y lograr cierta competitividad de la industria no se financia con impuestos verdaderos al campo, ¿de dónde saldrán? Acá el gobierno también ha dado muestras de continuidad de rumbo, coyunturales y más de fondo. El “aumento” del salario mínimo vital y móvil, otra de las medidas pos PASO del gobierno, es directamente una burla y una provocación: llegará a $33 mil en febrero del 2022. Es la oficialización de salarios de indigencia con el aval de la burocracia sindical, parásitos lamebotas de los capitalistas y poderosos que merecen más que el repudio de los trabajadores.

La suba del piso mínimo a $175 mil del impuesto a las ganancias tampoco es un alivio real para los trabajadores que son afectados mes a mes con quitas de 20, 30, o 40 mil pesos por mes hasta la fecha, y que con los aumentos paritarios volverán a alcanzar el piso inmediatamente. El impuesto al salario, mal llamado impuesto a las ganancias, funciona junto con los techos paritarios establecidos por el gobierno, como un límite al incremento del salario, mientras que los empresarios se la llevan en pala.

Por último, la continuidad de la precarización laboral es otro de los elementos de continuidad en el rumbo, una forma de lograr “competitividad” sin tocar las ganancias capitalistas a costa de los trabajadores. Mientras que el 70% de la población vive en lo que va del año con $25 mil o menos (La Nación, 29/9), el gobierno da continuidad a todo el andamiaje que permite el aumento de la precarización en las formas de contratación y de flexibilización laboral con la colaboración estrecha y permanente de la burocracia sindical. Ejemplos de lucha heroicos como el de los trabajadores despedidos de EMA/Edesur que en su enfrentamiento al gobierno nacional y la burocracia sindical cuestionan esta “ley de hierro” neoliberal, son un baluarte que debe ser reivindicado y tomado por todos los trabajadores precarizados.

Respecto del FMI, digamos brevemente que los derechos de giro especiales (4.356 millones de dólares) recibidos por el país en el marco de la pandemia ya fueron utilizados en parte para pagar la primera cuota de deuda de capital: 1.900 millones de dólares. Si sumamos a esto los 1.900 millones de dólares que deben pagarse en diciembre y 400 millones en noviembre (todo al FMI) sólo 156 millones no serán destinados al pago de deuda. Algo de ese vuelto, más parte del presupuesto subejecutado por el gobierno a la fecha es lo que se desembolsará el gobierno para palear la crisis y rascar un resultado favorable de cara a noviembre.

Una campaña anticapitalista que sigue dando qué hablar

A semanas de las PASO, nuestra campaña mantiene vigencia en el debate político nacional, sobre todo por que tocó fibras sensibles de la sociedad, lo cual nos pone un desafío: dar cuenta de los hilos de continuidad para seguir desarrollando nuestras propuestas en el terreno pos electoral. Un ejemplo claro de la instalación de los debates es el ataque repetido por parte de los liberfachos respecto de nuestra campaña anticapitalista, un eje que dialoga con los problemas de fondo de un sistema que demuestra a cada paso su incapacidad congénita para brindar un futuro a los jóvenes del país, del mundo y de un planeta que amenaza con ser destruido por este sistema podrido.

Respecto de la juventud, sector abandonado por el gobierno, también son evidentes los hilos de continuidad con la actualidad. El gobierno nacional ha “decretado” el fin de la pandemia luego de la derrota electoral con medidas de normalización como el fin de uso obligatorio de barbijo al aire libre, y la habilitación de eventos sociales. Pero,por el contrario, y con un flamante Ministro de Educación, mantiene un control férreo sobre la juventud estudiantil universitaria y terciaria con la prohibición de la presencialidad, una medida que tiene por objetivo facilitar el desfinanciamiento de la educación pública superior. La juventud debe unificarse en  la lucha por la defensa de la educación pública, un eje que difundimos en campaña y que tiene continuidad.  Y opinamos que no hay mejor forma de organizarse para defender la educación pública que en la presencialidad, optativa y sanitariamente segura. Nuestra propuesta no niega la posibilidad de la virtualidad para quienes les facilite la continuidad académica, pero pone el centro en que lo que no puede estar negado es que la presencialidad es una necesidad no sólo desde el punto de vista educativo y de formación social de la juventud, sino también imprescindible para parale la mano a un gobierno que pretende ahorrarse millones en educación y robarnos el futuro para pagarle al FMI.

La “solución” momentánea a la crisis política con personajes como Manzur ha puesto en guardia también al movimiento de mujeres y Las Rojas que exige que se cumpla la ley de interrupción del embarazo conquistada con la movilización.

Nuestro abordaje sobre los problemas del país ha sido de clase, además de anticapitalista. La campaña por los $100 mil de salario mínimo, vital y móvil (muy distinto a los 33 mil del gobierno) lejos de ser un programa mínimo reivindicativo, son un punto de partida para un cuestionamiento a fondo de todo lo que aparece como incuestionado. Este debate que plantea que cualquier trabajador o trabajadora parta de los $100 mil pone un piso sobre el cual se construyan todos los parámetros salariales, por lo tanto, sin afectar a los trabajadores que ganan por encima de eso. Una suerte de nueva “escala” de ingresos en la que el salario no entre en el debate como variable de ajuste sino como medio para desarrollar la vida y las aspiraciones de las amplias mayorías laboriosas.

Esto nos lleva directamente a los recursos para financiar tal incremento. En la Argentina las riquezas aparecen siempre como propiedad incuestionable de los capitalistas. Por el contrario, opinamos que el bienestar y el futuro de la mayoría debe ser financiada a costa de las riquezas de las minorías, riquezas que son generadas a base de explotación y superexplotación dadas las condiciones de precariedad laboral del país. Un ejemplo de esto es la aplicación de retenciones al 50% al agro. Otra medida muy distinta a la del gobierno.

En el fondo, una medida por el estilo encierra un contenido de transición, que parte de cuestionar por la vía de la necesidad más sentida de amplios sectores de trabajadores y lleva consecuentemente a medidas de mayor porte, medidas anticapitalistas que requieren de la movilización de los trabajadores para su realización, pero que también requieren de la valentía de plantearlo, de explicitarlo, de ponerlo en palabras para empezar.

Es por esto que desde el Nuevo MAS presentaremos en las próximas semanas un proyecto de ley para que el salario mínimo, vital y móvil sea elevado a los $100 mil de piso, un proyecto que pretende ser parte del programa de cada movilización que lleven adelante los trabajadores en la lucha por conquistar mejoras en las condiciones de vida.

El interregno entre las PASO y las elecciones generales se encamina en este momento con cierta solución de la crisis política, pero aún sobre las arenas movedizas de la crisis económica. Nuestro partido debe estar a la ofensiva en cada terreno para intervenir desarrollando los ejes políticos que conquistamos durante la campaña electoral, pujando por organizar a sectores del activismo y peleando por seguir tallando en la agenda política por izquierda.