Las «Uber Files» dejaron al desnudo al gigante del capitalismo de plataformas

Cómo Uber evadió cientos de millones de dólares en impuestos, quebró leyes fiscales en distintos países mediante el lobby y estafó a millones de trabajadores precarizados. 

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Una filtración de más de 124.000 documentos al portal británico The Guardian destapó la escandalosa historia oculta del start – up norteamericano. El carpetazo revela la estrategia gerencial de Uber para evadir cientos de millones de dólares en impuestos, quebrar las leyes fiscales en distintos países mediante el lobby parlamentario y, sobre todo, estafar a millones de trabajadores precarizados.

Los documentos filtrados y recogidos por The Guardian y el ICIJ (Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación) recorren más de 40 países y datan del período 2013 – 2017, época en la que UBER comenzó un meteórico ascenso basado en una política comercial agresiva que le permitió expandirse por todo el globo. Hoy en día, la empresa fundada en 2009 con sede en San Francisco ya opera en más de 900 ciudades del planeta. Los Uber Files incluyen documentos internos de la empresa, facturas, mensajes de What’sApp y 80.000 correos electrónicos de sus principales CEOs. Entre ellos se destaca Travis Kalanick, co – fundador de Uber, CEO de la empresa durante ese período y la cabeza detrás de la estrategia de expansión comercial del gigante de las plataformas.

A través de un portavoz, Kalanick desestimó las graves acusaciones que plantean los Uber Files, y que además de la evasión fiscal incluyen haber promovido el choque de movilizaciones de taxistas con contra movilizaciones de choferes de Uber. En varias ocasiones, este tipo de enfrentamientos derivó en choferes heridos o incluso asesinados.

Hoy en día, Kalanick está retirado de la empresa. Uber aprovechó este punto para pedir que «no se los juzgue por errores pasados, sino por las cosas positivas» que habrían hecho desde la salida de Kalanick y otros CEOs en funciones durante el período 2013 – 2017. El otro nombre destacado es el de Mark MacGann, quien fuera el encargado de llevar adelante las operaciones de lobby de la empresa en Europa, África y Medio Oriente. Tras la filtración, MacGann habló públicamente y reconoció ser el responsable de filtrar lo que ahora el mundo conoce como los Uber Files.

El ex – lobbysta dijo que decidió hablar porque cree que Uber «conscientemente burló las leyes, engañó a la policía, explotó la violencia contra los conductores y realizó operaciones secretas de lobby sobre los gobiernos».

Es difícil encontrar precedentes de una filtración como esta. No sólo por la cantidad de documentos que se han hecho públicos, sino porque los Uber Files vienen a revelar la verdadera historia de una de las mayores multinacionales del planeta, símbolo de la llamada «gig economy» o economía de plataformas.

Desde el inicio de su expansión, Uber se propuso como una empresa innovadora que venía a «cambiar las reglas del juego» en el mercado internacional, en la forma de la compra – venta de servicios y en los métodos de contratación del trabajo. Miles de personas han alzado la voz durante años para señalar que detrás de los slogans y las promesas de progreso se escondían formas de explotación laboral redoblada. Ahora tenemos la posibilidad de ver la película completa.

Los «caídos» por la filtración se cuentan de a decenas. El entonces Ministro de Economía y hoy presidente francés Emmanuel Macron, asesores de Barack Obama, funcionarios fiscales europeos, oligarcas rusos, cientos de funcionarios políticos de decenas de países se cuentan entre quienes colaboraron con las operaciones de lobby clandestino de Uber.

Paraísos fiscales

El período 2013 – 2017 que cubren los documentos filtrados fue, además, del de mayor expansión comercial de la empresa, el de mayor cuestionamiento sobre su funcionamiento fiscal. «Nuestra estructura del impuesto de sociedades es, en términos puramente políticos europeos, el talón de Aquiles de la empresa», le decía el ahora denunciante Mark MacGann al responsable del área fiscal de Uber.

A pesar de tener su sede central original en San Francisco, California, Uber operó desde sus comienzos en distintos paraísos fiscales, principalmente Holanda, las Bermudas y las Islas Caimán. «Lo de Bermudas o las Islas Caimán es lo que realmente fastidia a mucha gente en Europa» decía Rachel Whetstone, jefa de comunicación de Uber en un correo electrónico. «De todos modos, que quede entre nosotros, ya que es el tema que no debe ser nombrado», continuaba, anticipando los escándalos que podrían desatarse de filtrarse esta información, tal y como está sucediendo ahora.

En 2012, poco después de desembarcar en Europa, Uber conformó la firma holandesa «Uber BV». Mediante la misma, la multinacional concentraba los pagos de clientes de Buenos Aires, Londres, Sidney y cientos de otras ciudades. Hasta el 20% de esos pagos eran retenidos por la empresa y girados a la filial de Uber en Bermudas, donde estaban exentos de impuestos.

En 2019, Uber decidió reestructurarse a nivel global y cerrar algunas operaciones en paraísos fiscales para ofrecer una imagen de mayor «transparencia» antes de cotizar en la Bolsa neoyorquina. Para eso la filial holandesa compró la propiedad intelectual de la filial de Bermudas, operación pagada con un préstamo de 16.000 millones de dólares de su filial en Singapur.

Pero la estructura del préstamo le permitió a Uber reducir en 1.000 millones de dólares anuales su renta imponible en Países Bajos durante un período de dos décadas. Así lo informó el Centro Internacional para el Impuesto de Sociedades, la Responsabilidad y la Investigación (CICTAR).

Según el CICTAR, Uber evadió como mínimo 556 millones de dólares en impuestos a escala mundial. Este tipo de accionar es común en empresas trasnacionales como Uber. «Cuanto más cambia la estructura de la empresa, más difícil es seguirle la pista» para la recaudación fiscal, declaró Jason Ward, investigador del CICTAR.

Estafa laboral

En 2015 las autoridades fiscales europeas (de Francia, Alemania, Suecia, Reino Unido y Bélgica) comenzaron a mostrar algunas inquietudes por los manejos fiscales de Uber. Por esta razón le pidieron a Uber BV, la firma holandesa de Uber, que compartieran información sobre los conductores. Esto incluía información sobre los viajes realizados, cuentas bancarios y demás, que permitiera establecer las «obligaciones fiscales» de los conductores que trabajaban para Uber.

Fue el propio MacGann, quien ahora se muestra muy arrepentido por su rol en el desarrollo de Uber, quien planteó que compartir dicha información sería útil para «contener» posibles demandas contra la compañía. Uber podría «evitar la ampliación de la investigación a otros países y/u otros asuntos fiscales (corporativos)», decía MacGann en ese momento.

¿Cuál era la idea de MacGann? Básicamente, delegar las obligaciones impositivas de la empresa en sus empleados. Una lisa y llana estafa laboral. Negando la relación de dependencia laboral entre los choferes y la empresa, Uber se ahorra cientos de millones de dólares en impuestos.

Así sucede hasta el día de hoy. De hecho, tras ser consultados por el ICIJ con respecto a los Uber files, la firma negó «ser una empresa de transporte y se definió como el operador de una plataforma digital que conecta a los pasajeros con los conductores, que son contratistas independientes, no empleados».

Este tipo de discurso no es exclusivo de Uber. Por el contrario, en la novedosa «economía de plataformas», la idea de la «independencia» de los trabajadores respecto a la empresa (mejor dicho, de la empresa respecto a sus trabajadores) es la norma. Sin embargo, ya ha quedado demostrado que existe una relación de dependencia entre los trabajadores de la economía de plataformas y las empresas detrás de las Apps. En diciembre pasado, la Comisión Europea determinó que existe una relación laboral «si la app establece los niveles de sueldo; si supervisa de forma electrónica el rendimiento de los trabajadores; restringe la libertad de los trabajadores para elegir su horario laboral, aceptar empleos o subcontratar; dicta el aspecto y conducta del trabajador con los clientes, o limita la posibilidad de que los trabajadores creen sus propias bases de clientes o trabajen para otros». Todas estas condiciones existen en el caso de Uber.

Tras estos discursos de corte «emprendedor» se esconde un intento por cambiar el status quo del mercado laboral a nivel global. Lo «normal» no debería ser ya tener derechos laborales (salario mínimo garantizado, vacaciones, días de descanso, cobertura médica, jubilación, jornada laboral establecida por ley, pago de horas extras y demás) sino trabajar a destajo y sin esperar ningún tipo de cobertura por parte de la empresa empleadora.

La idea es quitarle a millones de trabajadores derechos laborales básicos que fueron conquistados hace más de un siglo. Ni siquiera la jornada de 8 horas, una reivindicación que se llevó la vida de los mártires de Chicago, es respetada por las start – ups. Tras lo novedoso aparecen formas de explotación propias del capitalismo salvaje del siglo XIX.

Así funcionan, por poner algunos ejemplos, las enormes empresas de delivery por aplicación como Amazon, MercadoLibre, PedidosYa, Rappi, Deliveroo o las propias UberEats. El flagrante incumplimiento de los derechos laborales que realizan estas empresas ya ha sido expuesto innumerables veces por sus trabajadores. En muchos casos, estos últimos conformaron sindicatos nacionales o incluso coordinadoras sindicales internacionales para recuperar los derechos que las empresas cercenan. Es el caso del SITRAREPA, que nuclea a los repartidores por aplicación en la Argentina.

En varios países, los trabajadores han logrado avanzar en derechos básicos, como el reconocimiento de la relación de dependencia y la existencia de un convenio colectivo de trabajo. Así fue en España y Grecia para los repartidores. En el caso de Uber, Gran Bretaña es el primer país en el que los choferes reciben el salario mínimo establecido por la ley.

Lo que exponen los Uber files es que la estafa es doble. No sólo se cercenan derechos laborales para ahorrar «gastos» empresariales. También se transfieren obligaciones impositivas de la empresa a sus trabajadores para evadir al fisco. Una verdadera aberración legal, laboral e impositiva. No sorprende que los CEOs de Uber quisieran mantener la cuestión en secreto, como pidiera Rachel Whetstone.

El lobby parlamentario y una política hecha a medida de los empresarios

Las operaciones de lobby parlamentario (o, dicho en criollo, cabildeo) planteadas por Uber cuando MacGann estaba en funciones fueron innumerables. Van desde la utilización de personalidades públicas (se llegó a intentar contactar a Lionel Messi para facilitar la llegada de Uber a la Argentina) hasta la violación directa de leyes nacionales, reuniones secretas con ministros y funcionarios e intentos de sobornos.

Los Uber files expusieron la realización de reuniones secretas (por fuera de la agenda) entre Uber y el entonces ministro de economía francés Emmanuel Macron. En las mismas, Macron entregó borradores escritos por él a Uber para que fueran presentados en el Congreso. Además, Macron habría ayudado a la multinacional a sortear «trabas legales» que impedían su ingreso al país.

Entre otros de los funcionarios que se reunieron con Uber están Benjamín Netanyahu, ex primer ministro israelí, Enda Kenny, ex primer ministro irlandés, Toomas Hendrik Ilves, ex presidente de Estonia y el propio Joe Biden, hoy presidente de los Estados Unidos. La filtración recoge más de 100 reuniones entre ejecutivos de Uber y funcionarios públicos. Entre ellas 10 con representantes de la Comisión Europea que no habían sido registradas públicamente.

Según el ICIJ, Uber invirtió sólo en 2016 90 millones de dólares para captar la influencia de distintos políticos. Los documentos filtrados exponen que Uber no buscaba simplemente «superar trabas» legales, sino influir directamente en la redacción de las leyes comerciales, fiscales y laborales de los países en los que comenzaba a operar.

En Rusia, los lobbystas de Uber entraron en contacto con el empresario Vladimir Senin, hoy diputado de la Duma. Según un memorando de Uber, Senin logró introducir disposiciones clave a favor de Uber en una ley federal de taxis. Benjamin Wegg – Prosser, consultor de Uber, dice en un documento que Senin «había recibido un pago adecuado por su apoyo». El «pago adecuado» fue de 300.000 dólares por «trabajo de relaciones gubernamentales».

La lista de funcionarios involucrados es interminable. Pero, más allá de los nombres, lo que queda a la vista es cuán imbricados están el mundo empresarial y el mundo de la política burguesa. Con sólo levantar un teléfono y bajar algunos miles de dólares, Uber tuvo acceso a cientos de ministros, diputados y presidentes. Sólo eso hizo falta para que la empresa de plataformas pueda ingresar a los mercados y precarizar a millones de trabajadores.

Cuando esos mismos trabajadores buscaron la atención de sus gobiernos para denunciar las condiciones en que trabajan esos mismos diputados, ministros y presidentes hicieron oídos sordos. Sólo con años de lucha, movilizaciones y organización sindical se logró comenzar a conseguir algunos derechos laborales para los trabajadores de Uber. Y la lista de derechos incumplidos sigue siendo larga.

El contraste entre ambas situaciones no podría ser mayor. Los Uber files pusieron a la vista de todo el planeta una inmensa cantidad de material que descubre los manejos de Uber. Las implicancias de esta investigación ya son históricas, y la primera conclusión que debería sacarse de la misma es bastante elemental: cuando el mundo de la política está comandado por la influencia de los empresarios, nada bueno puede venir para los trabajadores. Para terminar con el lobby de los millonarios es imprescindible poner el gobierno bajo el mando de quienes mueven el mundo: los trabajadores.

 

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