Uber Files Argentina: lazos con la política, lobbistas y evasión de impuestos

Una investigación internacional que reunió al diario ingles The Guardian y al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) revelaron gran cantidad de detalles de cómo operó la empresa Uber para su desembarco en Argentina.

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Una investigación internacional que reunió al diario ingles The Guardian y al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) revelaron gran cantidad de detalles de cómo operó la empresa Uber para su desembarco en Argentina. Para ello se valió de la contratación de lobbistas, lazos con el entonces recién asumido gobierno de Mauricio Macri y hasta campañas mediáticas contratadas.

En un monumental trabajo de investigación que fue caratulado como los Uber Files (los archivos de Uber) se detallan largamente las tácticas extremadamente ofensivas de la empresa para llegar a nuevos países, presionando a funcionarios y tejiendo lazos con los gobiernos, así como desatando una larga e intrincada batalla judicial para evitar pagar impuestos y reconocer a sus trabajadores como propios.

La investigación, que por el lado Argentino estuvo conformada por periodistas de La Nación, Infobae y ElDiarioAR, revela cómo la empresa vio en la llegada al poder de Mauricio Macri una oportunidad para desembarcar en nuestro país. El 18 de diciembre de 2015 -es decir, apenas ocho días desde que asumiera el nuevo gobierno- ejecutivos de la empresa ya se habían puesto en contacto con Presidencia para empezar a gestionar la llegada de Uber.

Desde entonces, la empresa llevó adelante una estrategia fuertemente agresiva para hacer realidad su llegada al país. Al mismo tiempo que empezó a tejer lazos y celebrar reuniones con distintas áreas del gobierno de entonces, Uber ya empezaba a ejercer su actividad en el país, salteándose cualquier mecanismo regulatorio. Mientras Uber hacía como que gestionaba su llegada al país, en los hechos la empresa ya estaba funcionando y facturando sin pagar ni un impuesto.

En aquel entonces, tanto los funcionarios del gobierno como de la justicia no terminaron de darle el visto bueno para legalizar la actividad de la empresa, pero sí dejaban correr que ésta comenzara sus actividades. La investigación muestra como el Estado -tanto por omisión como por acción- fue cómplice del esquema ultra-precarizador en lo laboral y de evasión de impuestos con el que Uber llegaba al país.

Lluvia de inversiones

Fuentes internas de la empresa a la que tuvo acceso el equipo periodístico que llevó adelante la investigación revelaron que la estrategia tan agresiva en argentina se debió a que con la llegada al poder de Macri «se consideraba que iba a comenzar un gobierno mucho más pro mercado».

El desembarco intentó ser tan arrollador que a los pocos meses la empresa pagó una solicitada en los principales diarios del país titulada «¿Cambiemos qué?» presionando al gobierno para que avance más nítidamente con la legalización de Uber.

Las presiones iban dirigidas tanto al gobierno nacional como al de la Ciudad de Buenos Aires. Si el funcionario de turno no mostraba disposición absoluta hacia los deseos de la empresa, «Uber extorsionaba diciendo que iban a publicar listas de funcionarios que usaban la app». Es decir que, además, amenazaban con la utilización de datos privados.

También se nombra en específico la contratación de dos lobbistas estadounidenses contratados por Uber para avanzar con su despliegue en Argentina. El primero de ellos fue Carl Meacham, que hasta 2013 había sido asesor de los Republicanos en el Senado de los EE.UU. A partir de 2015, comenzó a trabajar para Uber.

El segundo de ellos fue Jim Messina, ex asesor de Barack Obama y un nombre involucrado en la causa del robo de datos de Facebook (Cambridge Analytica). Según la página web de Messina, también trabajó como asesor del propio Mauricio Macri, aunque desde el entorno del ex presidente no quisieron confirmar esa información ante la consulta de los periodistas.

Sin embargo, la relación entre Uber y el gobierno de Cambiemos fue mucho más allá que simples coqueteos y cercanías, cuando no de presiones. El gobierno de Macri colaboró abiertamente para que la empresa pueda desplegar sus planes de evasión impositiva y precarización laboral.

Fundamentalmente a través de Nicolás Dujovne, que en 2018 estableció que la empresa debía pagar impuestos sólo sobre el 25% de sus ganancias declaradas, un beneficio impositivo de diez puntos porcentuales en comparación con las empresas argentinas. La excusa fue que, como la empresa está radicada en Países Bajos, debía evitarse la «doble imposición», ya que (en teoría) la firma ya tributaba ese impuesto en su país de origen. El pequeño detalle que pasaba por alto de manera adrede el entonces Ministro de Hacienda era que Uber se radicó en Países Bajos precisamente por su carácter de paraíso fiscal. Además, claro, de que sus ganancias se generaban en Argentina.

Ni Uber, ni la AFIP ni Dujovne confirmaron si la empresa alguna vez pagó el impuesto a las ganancias, que es una manera elegante de decir que nunca pusieron un peso, y que el Estado no hizo nada para evitarlo. El cambio de gestión y la llegada al poder del gobierno del Frente de Todos no ha cambiado en lo fundamental la situación.

Pantano judicial

Actualmente, la actividad de Uber en Argentina está siendo juzgada en varios litigios judiciales, tanto con la AFIP como con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La cuestión ya ha tenido fallos tanto favorables como contrarios a la empresa, pero en ningún caso hay una sentencia firme. Más bien, toda la cuestión está metida en un largo e intrincado embrollo judicial. Algo que beneficia a la empresa, que mientras tanto disfruta de gigantescas ganancias.

Según Emilia Delfino -periodista argentina integrante del equipo de ICIJ- «la principal pelea local de Uber a nivel impositivo sigue siendo por el encuadre de los conductores como trabajadores en relación de dependencia», ya que es la única que se materializó en una denuncia del organismo impositivo federal.

La AFIP le reclama a Uber el pago de $165,6 millones correspondientes al período 2016-2018 en concepto de aportes previsionales y contribuciones patronales, pero Uber argumenta que no le corresponde pagar debido a que los conductores de Uber no son sus trabajadores. De hecho, la firma sostiene que debe ser considerada una «microempresa» debido a la limitada cantidad de empleados (no conductores) que sí reconoce. Una «microempresa» presente en más de 900 ciudades de todo el mundo.

A pesar de que la compañía opera en el país desde 2016, la denuncia de la AFIP llegó recién en junio de 2021, mientras que Uber realizó dos reclamos en sede judicial este año. Es decir que, mientras la cosa va para largo, Uber sigue generando ganancias millonarias a través de la precarización laboral y sin dejar un peso para el país.

Agreguemos al pasar que la cifra que exige la AFIP es exigua, si se tiene en cuenta que sólo durante el primer trimestre de este año, en toda América Latina Uber facturó más de 430 millones de dólares. No hace falta sacar muchas cuentas para entender la desproporción entre sus ganancias y los impuestos que (no) pagan.

Eso sí, aunque Uber asegura una y otra vez que los conductores que usan la app son «contratistas» y no empleados, la empresa se queda con un 25% de comisión al conductor por cada viaje que se hace a través de Uber en Argentina.

En relación al IVA, el Estado Argentino determinó en 2018 que a la empresa le correspondía pagar. Sin embargo, insólitamente la empresa no tiene CUIT hace más de cuatro años, por «estado erróneo del domicilio», según consta en los registros de la AFIP.

Ni ganancias, ni aportes patronales, ni IVA. Uber no paga nada en Argentina, hace ganancias millonarias a costa del trabajo precarizado y los distintos gobiernos no pueden y/o no quieren hacer nada para cambiarlo.

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