Esta suspensión justiciera se suma en esa misma provincia a la de marzo pasado en la causa contra los responsables del genocidio en el Ingenio La Fronterita, ex centro clandestino de la provincia.

Las excusas son siempre las mismas: la necesidad de comprobar la posibilidad de los acusados de participar de las sesiones del juicio dada su avanzada edad. La avanzada edad que no pueden disfrutar sus víctimas, asesinadas y torturadas en su juventud.

El ex juez está acusado, entre otros crímenes, de haber participado del que les quitó la vida a Francisco Isauro y Arturo René Arancibia, fundadores del sindicato docente CTERA en la Provincia. Sucedió el mismo 24 de marzo de 1976.

Estos “aplazamientos”, a 50 años del golpe del 76 significan, sin mediaciones, impunidad. Y en este caso puntual, impunidad es una categoría que, lamentablemente, ha alcanzado a la mayoría de los altos magistrados que fueron denunciados por sus captores.

Hasta la fecha, el único logro que se obtuvo en ese delicado terreno de la Justicia fue la sentencia contra el ex juez santafesino Brusa. Fue una dura pelea, pero esa vez se la ganó. En el caso del ex juez tucumano inculpado, estuvo en el banquillo de los acusados y fue condenado en otro juicio de lesa humanidad previo, pero la Cámara Federal de Casación Penal revocó su condena.

Lamentablemente, el caso del ex juez Brusa es una aguja en un pajar. La Justicia, aunque ningún miembro de la Corte renunció cuando fue el golpe, ni se tuvo que ir a su casa, ni menos que menos exiliarse. Miró para donde la hicieron mirar los máximos Poderes del Estado. Porque, como ha quedado demostrado a través de la historia, la Justicia no es independiente.

En Tucumán fue que el general Acdel Vilas llevó adelante en esa provincia el Operativo Independencia, prólogo y experiencia represiva previa al golpe de Estado del 76. Allí fue nombrado el señor ex juez Martínez por “sugerencia” del general Vilas. Y hubo respuestas de parte de la población trabajadora y luchadora ferozmente atacada. En la dictadura, fueron presentados 325 hábeas corpus ante los casos de desaparición de personas. Todos fueron rechazados.

El actual gesto de postergación de su juicio por sus crímenes, secuestros, torturas, no es un hecho aislado. Es parte del entramado de la acción de los poderes para, en este caso, cubrir la impunidad.

Pero no en todos los casos resultará lo mismo. Los logros han sido por la lucha inquebrantable en las calles, acompañada en los Tribunales, desde ya. Allí también, frente a los funcionarios, hubo expresiones de exigencia de Justicia.

En el caso de los juicios de lesa humanidad, aunque la mayoría de los genocidas y sus cómplices ya no están, la pelea continúa para lograr justicia para los que están en sus casas, sin haber recibido ninguna condena u otros, habiéndola recibido, gozan de su injusta prisión domiciliaria.

Intenan imponer un clima de impunidad en todo el país. Pero la lucha por más Memoria, Verdad y Justicia está presente y seguirá estando.