Xenofobia imperialista

Trump pretende activar una ley de hace 200 años para deportaciones masivas

Trump pretende activar una ley de 1798 para facilitar las deportaciones masivas que prometió en campaña.

Con su retórica xenófoba y racista, promete arruinar las vidas de millones usando una ley de la época en la que, por ley, solamente gente de raza blanca podía tener la ciudadanía estadounidense.

El origen de la ley se remonta a dos siglos atrás, cuando Estados Unidos estuvo a punto de entrar en un conflicto bélico con Francia. Con la Ley de Enemigos Extranjeros crearon un mecanismo que facilitaba la deportación a aquellos migrantes que tuvieran como origen un país que estuviese en guerra con Estados Unidos.

Sin embargo, la condición que impone la ley para poder ser aplicada, que se trate de ciudadanos de un país en guerra con Estados Unidos, no se cumple. El centro de la campaña xenófoba de Trump ha sido contra los inmigrantes latinos, que no están en conflicto con el país del norte.

Los antecedentes de la ley

Esta ley ha servido sistemáticamente para discriminar y reprimir personas de origen extranjero. Los ciudadanos masculinos franceses eran el objetivo original de la ley. Más adelante, durante el siglo XX, se incluyó como posibles «enemigos extranjeros» también a las mujeres.

La ley se utilizó en la Guerra anglo-estadounidense de 1812, durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. En este último caso, Estados Unidos encerró y discriminó a decenas de miles de ciudadanos y civiles japoneses. Nada tenían que ver ellos con las acciones de su gobierno imperial, pero fueron tratados como criminales por su origen étnico. Fueron encerrados en verdaderos campos de concentración. Las condiciones de detención, pese a ser obviamente mejores que las de los campos nazis o japoneses, eran durísimas. Los ciudadanos inocentes confinados fueron más de 30 mil.

Facilidades xenofóbas

Para activar la ley es necesario que al menos haya una amenaza de guerra por parte de otro Estado. En dicho caso, la ley estipula que “todos los nativos, ciudadanos, residentes o súbditos de la nación o gobierno hostil” mayores de 14 años que no se hayan naturalizado como ciudadanos estadounidenses, “serán susceptibles de ser aprehendidos, restringidos, asegurados y removidos como enemigos extranjeros”.

Lo particular de esta ley tan nefasta es que las detenciones y deportaciones que ocurren en los marcos que establece no pasan por el sistema de tribunales de inmigración. Cuando una deportación pasa por estos tribunales se activan las garantías democráticas básicas y el proceso de deportación puede demorarse varios años. He aquí la razón de Trump para sostener que echará mano de esta ley: puede deportar miles y miles de personas inocentes sin la intervención de otro poder que su propia voluntad.

Gracias al desplome de los demócratas, Trump concentrará en su segundo mandato mucho más poder que el que logró tener en el primero. La gestión federal podría llegar a avanzar sin demasiados controles en concentrar un poder ejecutivo sin muchos controles parlamentarios ni judiciales.

Así, el trumpismo podría lanzar una serie de razzias policiales xenófobas en cientos de comunidades estadounidenses. Las formas legales de contrarrestarlo serían pocas, y los inmigrantes podrían verse sujetos a una campaña de violencia pocas veces vista en la historia reciente. De hecho, la campaña de Trump no estuvo dirigida solamente a los «ilegales». Los haitianos sobre los que mintió en campaña diciendo que se «comen a las mascotas» en Springfield, Illinois, son una comunidad de origen extranjero que ya tiene ciudadanía.

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