“¿Qué está pasando en la Argentina? ¿Cuántas Argentinas se mueven en paralelo? ¿Cuál es la Argentina que define la elección de 2027?” (Luciana Vázquez, La Nación, 9/6/26)

Las últimas semanas han vuelto a mostrar un país movilizado: primero ante el brutal femicidio de Agostina Vega y por las convocatorias alrededor de la despedida al Indio Solari. Fueron dos movilizaciones masivas, de carácter distinto pero unidas por un rasgo común: oponerse frontalmente al gobierno de Javier Milei.

El gobierno acumula varios meses de reveses, y en las últimas horas volvió a instalarse con fuerza el caso Adorni: el escándalo de que uno de los principales funcionarios del gobierno se haya enriquecido de manera exponencial desde su llegada al poder, haya cambiado varias veces su relato – uno más inverosímil que otro- y encima se quiera amparar en la Ley de Inocencia Fiscal impulsada por su propio gobierno para encubrir evasores.

En ese marco, los rectores del CIN y las burocracias sindicales docentes y nodocentes le tienden una mano al gobierno para desactivar uno de los principales conflictos de los últimos años, y probablemente de los que mayor consenso social tienen.

La paradoja es que la Argentina, gobernada por uno de los representantes más conspicuos de la extrema derecha como lo es Milei, política y socialmente se ubica -por sus relaciones de fuerza y el carácter de las movilizaciones- entre los más a la izquierda del espectro político mundial. Aún si el “interregno” internacional y nacional que transitamos no permite visualizar una resultante clara.

Un país y varios mundos

Por esto mismo, hay toda una serie de claroscuros en la situación política, e incluso “varias vivencias” que conviven sin tocarse.

Hay un país de la “superestructura”: el de los empresarios, del gobierno, del Parlamento y la Justicia, de los grandes medios de comunicación. En ese terreno, la preocupación estratégica que lo atraviesa es si el gobierno va a tener la capacidad de reelegirse el año próximo. Desde esa óptica se miden los desarrollos del presente: “Aunque el Gobierno conserva niveles de apoyo sólidos, la probabilidad de que en 2027 su continuidad se defina en un balotaje se incrementó de manera sensible (…). La salud de una economía heterogénea inclinará la balanza al final. ¿Conseguirá que un modelo de exportación primaria sostenga la paz social en un país que concentra la mitad de su población en conurbanos afectados por la pobreza estructural y la desindustrialización?” (M. Rodriguez Yebra, La Nación, 31/5/26).

Como desarrollamos en otras notas, las dudas de la burguesía están más bien vinculadas a la pericia de Milei de llevar a buen puerto una serie de medidas y contrarreformas con las que mayormente concuerdan -que es justo el punto en que otros gobiernos han fracasado-; o si, partiendo de lo conquistado, es necesario recurrir a un personal más previsible (aquí es donde se prueban los botines Bullrich y Macri). Esta convicción no ha ganado solo a la burguesía, sino también a sectores del peronismo que señalan que la estabilidad macroeconómica es un bien intocable.

Por otro lado, existe la Argentina movilizada: la de su clase trabajadora, de su juventud, de su movimiento de mujeres y diversidades, de sus jubilados. Esta mayoría social, responsable de las principales conquistas democráticas y sociales del país, es la que está bajo fuego constante por el carácter ultracapitalista del gobierno de Milei, que en su intento contrarreformista sabe que tiene que propinarle una derrota histórica que haga del país un paraíso para los capitalistas nacionales y extranjeros. Esa puja es la que ha ordenado la vida política de los últimos 2 años y medio. Ese país emerge de tanto en tanto, convocado a defenderse de la crisis social y los ataques del gobierno.

El 3J, cuando se cumplian 11 años del primer #NiUnaMenos, se llenó de bronca por el femicidio de Agostina Vega, una joven de 14 años en la provincia de Córdoba. La sociedad vio en vivo y en directo a lo largo de una semana como las instituciones que se supone tendrían que cuidar no hicieron absolutamente nada: ni la Justicia machista, ni la policía, ni ninguna instancia estatal. La aparición del cuerpo de Agostina despertó lo más hondo de la indignación social, y la movilización encontró motivo para salir multitudinariamente a las calles. Se reafirmó así el consenso conquistado hace 11 años, y que ni Milei, ni Bullrich, ni nadie va a poder desterrar: que a las mujeres no se las mata, que el Estado es responsable de la violencia hacia las mujeres, y que se llama femicidio. Y también que, por negacionista, Milei es responsable ideológico de la violencia hacia las mujeres.

Aún se respiraba el aire caliente de esta movilización cuando el viernes por la mañana se instaló, con algún grado de incredulidad, una pregunta “¿es cierto que se murió el Indio?”. Mientras se miraba el celular esperando que la respuesta fuera negativa, se comentaba con quien estuviera a mano. La confirmación dio paso a una tristeza que no dejó exento a nadie: esa mañana se vio gente llorando en sus lugares de trabajo, en el subte, en los colectivos, en la calle. En las viviendas, en los autos y en los celulares comenzaban a sonar los Redondos, con la esperanza que la melodía ocupara aunque sea parcialmente el vacío que el Indio estaba dejando.

Rápidamente, miles y miles de personas se autoconvocan a ir a Plaza de Mayo esa misma tarde, mientras la familia y allegados anunciaban que se iba a hacer una despedida pública y se empezó a especular con el lugar. La negativa del gobierno nacional y del macrismo en la Ciudad a habilitar un espacio trasladó el evento a la provincia de Buenos Aires, pero también lo convirtió en un desafío, el de reivindicar el derecho inalienable a despedir a nuestros muertos.  Así se puso en marcha una inmensa movilización popular-“clasista” de más de un millón de personas: “la “misa ricotera” fue un caudal masivo y de carácter federal de argentinos de varias generaciones, todos con alguna idea común que Solari representó como ninguno, con voluntad de ocupar la calle” (Luciana Vázquez, La Nación, 9/6/26). Fue un funeral que, a pesar de lo luctuoso, revirtió finalmente en una celebración de la vida de uno de los mayores referentes culturales/políticos del país, y arquitecto de la banda más convocante de la historia del rock nacional.

Estas movilizaciones se suman a las del 24M contra el negacionismo, la de la CGT a Plaza de Mayo el 30 de abril contra la reforma laboral, y la del 12M por la Ley de Financiamiento Universitario. Son reafirmaciones de consensos adquiridos por la sociedad: fueron 30 mil y fue genocidio; no son “homicidios”, son femicidios; la Universidad y la educación póblica se defienden.

De aquí es que surgen en la burguesía y el “círculo rojo” dos preocupaciones: 1) cómo evitar el desborde, y 2) cómo se va a expresar todo esto electoralmente.

Pero, por abajo, la incógnita es otra: sumadas la magnitud de la movilizaciones a la debilidad  del gobierno ¿por qué no es posible revertir la etapa reaccionaria? Aquí interviene un tercer factor.

El conflicto universitario como caso testigo de la contención

Todos los actores institucionales sostienen al gobierno de Milei. El trauma con el que vivieron el Argentinazo en el 2001 los obliga, 25 años después, a mantenerlo alejado del horizonte de expectativas. Y esto aun si enfrente hay un gobierno ultrarreaccionario y antidemocrático que cuestiona y pretende derrotar todo lo que de progresivo hay en este país. Por ejemplo, la universidad pública y la ciencia. Milei es enemigo ideológico de la Universidad, porque considera un cáncer todo aquello que para la sociedad es un valor: el pensamiento crítico, el acceso igualitario, el ascenso social. Desde este punto de vista, el conflicto desatado hace más de dos años no es una simple pelea presupuestaria: es una guerra para frenar el avance del oscurantismo y la reacción.

No lo vieron así los rectores agrupados en el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) ni las conducciones burocráticas docentes y nodocentes, que entregaron por un mísero porcentaje el salario de sus afiliados, y el resto de las reivindicaciones. Cuatro movilizaciones masivas -de las más grandes que se recuerden en las últimas décadas-, empujaron a la aprobación parlamentaria de la Ley de Financiamiento Universitario. Milei la vetó, pero se insistió y logró revertirse. Incluso con la ley votada, el gobierno se negó a aplicarla y se judicializó. Hubo dos fallos para que se ejecute, hasta derivar en la Corte Suprema de Justicia. La CSJ pugnaba por una solución política, pero en el caso de tener que decidir, se inclinaba a hacerlo por las Universidades.

Todos los argumentos asisten a la razón de la causa educativa. Y, aun así, las autoridades y las burocracias radicales y peronistas decidieron otorgarle una tregua que el gobierno festeja.

Los rectores y las burocracias nos entretuvieron todo el cuatrimestre con paros pasivos y vaciamiento de las universidades. Se realizó una marcha masiva el 12M que demostró que socialmente hay fuerza para enfrentar al gobierno, y aun así firmaron un acuerdo que no salda ningun problema real, mientras al gobierno le permite retomar el aire. Esto no es solo una entrega, es una traición.

Y se da en el mismo momento que vuelve a estallar el affaire Adorni, el funcionario que desde su púlpito señalaba con el dedo y acusaba de privilegiados a las universidades, a los jubilados, a las discapacidades y a cuánto sector vulnerable hay en el país. Es una medida de la calaña de lúmpenes que integran este gobierno. Adorni debe renunciar inmediatamente.

Con conducciones de este tipo, hay Milei para rato. Sin el sostén de la CGT, las CTAs, el peronismo, y los bloques más o menos aliados es imposible pensar en la continuidad del gobierno.

Las responsabilidades de la izquierda

La izquierda debe tomar nota de este cuadro de situación: el carácter reaccionario pero débil (aunque peligroso) del gobierno de Milei, la entrega de las conducciones sindicales, la falta de rumbo claro del peronismo y el carácter histórico de las jornadas de movilizaciones de estos años la ponen frente a la posibilidad de pelear por sectores más amplios que los habituales.

Sin embargo, la política de la izquierda está ordenada alrededor de un enorme chaleco de fuerzas: el FITU como cooperativa electoral sirve para organizar el calendario cada dos años, pero para desorganizar el día a día de la militancia revolucionaria y sus tareas.

Por el FITU -en particular, el PTS- no hubo unidad en las elecciones estudiantiles de la UBA, donde existía la posibilidad real de conquistar el Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras, organismo que sería de fundamental importancia para organizar la bronca que genera la entrega de los rectores y burocracias.

Y, más grave aún, se perdió la posibilidad de hacer de FATE una causa nacional contra los despidos y los cierres de fábrica que toda la sociedad abrace, tal cual se vio al comienzo del conflicto.

La subordinación puramente electoral a Bregman basada en porcentajes de simpatía contradictoriamente genera desacumulación por abajo, en el terreno de la lucha de clases.

La construcción de una salida anticapitalista sigue planteada para superar las direcciones tradicionales y aprovechar de manera eficiente la enorme energía social desplegada.

Nuestra organización está trabajando en lo inmediato por la puesta en pie de plenarios regionales del ¡Ya Basta! con el objetivo de seguir dando pasos en la construcción de una juventud anticapitalista de masas. Y, mientras tanto, nos preparamos para una nueva Convención Nacional el 10 y 11 de julio en el Teatro Picadero, para discutir colectivamente los inmensos desafíos planteados para la izquierda revolucionaria.