La cuestión de las Tierras Raras en Brasil en medio de la disputa por la hegemonía mundial. Artículo aparecido en Esquerda Web.

El lunes 24 de agosto, la empresa estadounidense USA Rare Earth anunció la finalización de un acuerdo de financiamiento para adquirir la minera Serra Verde, la única que opera en Brasil en la explotación de este tipo de mineral. Del precio de compra de R$7.700 millones, aproximadamente R$3.800 millones provienen del Departamento de Guerra de Estados Unidos. Dada la importancia de los elementos de tierras raras en la economía y la geopolítica globales, el control estadounidense de la producción y exportación de estos minerales desde territorio brasileño reaviva el debate sobre la soberanía nacional y pone de relieve el papel de la conciliación de clases del gobierno de Lula-Alckmin en la defensa del territorio, la industria y la ciencia nacional brasileñas.

Según el presidente de la minera Serra Verde: “Agradecemos el apoyo estratégico y el mayor compromiso financiero del gobierno de Estados Unidos, y nos enorgullece continuar nuestra sólida colaboración para construir una cadena de suministro de tierras raras segura y resiliente”. Es importante destacar que Serra Verde nunca fue un activo brasileño; antes de la compra, la empresa, ubicada en Minaçu (GO), centraba su producción en el mercado de exportación y pertenecía a fondos británicos y estadounidenses.

Los elementos de tierras raras representan un grupo de casi veinte elementos químicos que, a pesar de su nombre, se encuentran dispersos por todo el mundo. La importancia estratégica de estos minerales radica en la dificultad de encontrarlos en concentraciones económicamente viables y, sobre todo, de procesarlos. Estos elementos se utilizan en sectores industriales fundamentales, como la fabricación de componentes electrónicos, equipos militares, vehículos eléctricos, turbinas eólicas e imanes de alta potencia (utilizados, por ejemplo, en la fabricación de teléfonos móviles).

La importancia económica y geopolítica de estos minerales ha convertido a los elementos de tierras raras en uno de los principales focos de la disputa internacional por el control de los recursos estratégicos. China ocupa una posición dominante en esta cadena: posee las mayores reservas conocidas y este Estado capitalista, una potencia imperialista en ascenso, concentra una parte significativa de la extracción y, sobre todo, del procesamiento y refinamiento de estos elementos. Con aproximadamente 44 millones de toneladas en reservas, además de controlar cerca del 70% de la extracción mundial y alrededor del 90% de su refinamiento y producción de imanes permanentes, el gobierno chino ejerce una enorme influencia sobre esta cadena de producción, considerada esencial para diversos sectores importantes de la producción global y la economía mundial.

Este monopolio sirvió de advertencia a Estados Unidos y a la administración Trump, que respondió con sus provocaciones en torno a Groenlandia, Venezuela y otros países latinoamericanos —territorios ricos en recursos considerados estratégicos—. La ofensiva de Donald Trump para redibujar el mapa político de las Américas ha vuelto a poner en el centro del debate internacional la cuestión del control territorial y económico sobre las reservas minerales fundamentales para la industria tecnológica, el papel de la soberanía y el resurgimiento del antiguo imperialismo territorial-militar ante la disputa entre las grandes potencias.

En este contexto, Brasil destaca como uno de los países con un importante potencial mineral. Según datos del Ministerio de Minas y Energía (MME), el país posee la segunda mayor reserva mundial de elementos de tierras raras, equivalente a aproximadamente una cuarta parte de las reservas globales. Estimaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos indican la existencia de aproximadamente 21 millones de toneladas de óxidos de tierras raras en territorio brasileño.

La lucha entre poderes frente a una nueva etapa del capitalismo

La lucha por la hegemonía entre Estados Unidos y China ha llevado a Washington a buscar nuevas fuentes de suministro y a expandir su esfera de influencia sobre territorios y países que poseen recursos considerados estratégicos. En este contexto, cobran relevancia los recientes acontecimientos relacionados con los elementos de tierras raras brasileños y la minera Vale Verde, incluidos los recientes intentos de Trump de injerencia imperialista en el control de las elecciones brasileñas.

Ante las amenazas y negociaciones que se remontan a 2025, en las que la entrega de minerales de tierras raras se presentó como una respuesta al arancel del 50% impuesto a los productos brasileños por la administración Trump, la compra de la minera representa hoy un paso significativo en la pérdida de control de Brasil sobre la extracción y el procesamiento de estos minerales, entregándolos a la potencia imperialista. En este contexto, en lugar de que el gobierno brasileño tome el control de la extracción y el refinamiento de estas reservas estratégicas para el desarrollo de la industria y la ciencia brasileñas, lo que podría posicionar al país como pionero en la producción tecnológica, Lula hace declaraciones abstractas sobre soberanía, negocia con Trump y no toma medidas reales, como la nacionalización de la extracción de minerales de tierras raras.

Por lo tanto, estos movimientos van mucho más allá de la exploración de un conjunto específico de minerales. Lo que está en juego es la soberanía brasileña y el control de etapas fundamentales de una cadena de producción estratégica y, en consecuencia, la capacidad de diferentes potencias económicas para garantizar el acceso a materias primas esenciales para la industria y los sectores tecnológico, científico y militar.

La reciente adquisición de la empresa minera no es, en absoluto, una sorpresa en el contexto semicolonial del Estado brasileño. Las antiguas relaciones coloniales, marcadas por la exportación de recursos naturales y la importación de productos manufacturados, están adoptando nuevas formas hoy en día, reproduciendo la posición subordinada que ocupa Brasil en la estructura del capitalismo actual, el más agresivo y territorial desde la Segunda Guerra Mundial.

La dinámica actual, situada en una nueva etapa del capitalismo, que se encuentra en crisis y sumido en guerras por territorio, petróleo, minerales y rutas comerciales, impone una nueva e inestable división interimperialista, en un intento por saquear los países periféricos en busca de minerales y otros recursos estratégicos.

En una aparente contradicción, estas mismas incursiones territoriales de carácter político/económico entre Estados Unidos y su declive hegemónico, el creciente imperialismo chino y el imperialismo territorial-militar de Rusia, este último a escala regional, profundizan la crisis capitalista de carácter estratégico, es decir, sin un final a la vista.

Minerales críticos y la crisis ambiental

Al mismo tiempo, este saqueo de recursos de los países periféricos por parte de las grandes potencias va en contra de la solución de las crisis climáticas y ambientales, ya que las concesiones y los gestos del gobierno de Lula-Alckmin van de la mano con la explotación de recursos y la degradación de bosques y ríos.

Dado que los elementos de tierras raras suelen estar dispersos por todo el territorio y su explotación debe realizarse en grandes volúmenes para que resulte económicamente viable, esta actividad puede requerir la apertura de extensas zonas mineras. Esto, bajo la lógica del mercado sin intervención estatal, implica profundas alteraciones del paisaje y puede aumentar la presión sobre las zonas de vegetación autóctona.

Asimismo, las comunidades cercanas a las zonas mineras pueden sufrir importantes repercusiones sociales. La instalación de proyectos mineros puede provocar desplazamientos y desalojos forzosos, alterando profundamente las formas tradicionales de uso de la tierra.

Más allá de los impactos derivados de la apertura de las minas, es necesario considerar las etapas posteriores de beneficio y procesamiento de los minerales. El tratamiento de los elementos de tierras raras exige infraestructura y un alto consumo energético, lo que genera residuos que requieren métodos adecuados de almacenamiento y eliminación. Por lo tanto, los costos ambientales de la minería no desaparecen al extraer el mineral de los yacimientos: persisten en las etapas posteriores del tratamiento.

En este sentido, el debate sobre los elementos de tierras raras no puede limitarse al volumen de reservas ni a los intereses de empresas y potencias extranjeras, ni puede ser objeto de discusiones abstractas sobre soberanía. Es necesario situar en el centro del debate quién debe controlar el proceso de exploración, cómo y a quién, y, obviamente, deben considerarse los impactos sobre el medio ambiente y las poblaciones.

Un ejemplo de esta concepción limitada de la soberanía se encuentra en la defensa que el gobierno de Lula hace de la exploración petrolera en el estuario del río Amazonas, en el llamado Margen Ecuatorial. Durante una visita a un buque perforador de Petrobras en el municipio de Oiapoque, en Amapá, el presidente afirmó que la exploración de las reservas petroleras de la región representa una cuestión de «soberanía nacional» y rechazó las críticas y presiones internacionales en contra de esta actividad. La postura del gobierno se presenta como una defensa de los intereses brasileños frente a la injerencia de otros países, especialmente de aquellos que cuestionan la expansión de la exploración de combustibles fósiles en una región ambientalmente sensible.

El problema de este argumento radica en que reduce la soberanía al derecho a explotar los recursos dentro de las fronteras nacionales. Sin embargo, la soberanía —incluso dentro del marco estricto del capitalismo— no debería significar simplemente tener la libertad de extraer petróleo, minerales o cualquier otra riqueza del territorio. Si un país es soberano, también debería tener la capacidad de decidir qué recursos se explotarán, a qué escala, con qué fines y en beneficio de quién, considerando el impacto en los territorios y los trabajadores. Ciertamente, un aspecto fundamental de este debate es qué tipo de Estado es, qué clase lo gobierna y mediante qué mecanismos se ejerce dicho control.

La contradicción se hace aún más evidente cuando se utiliza el discurso de la soberanía para justificar la expansión de una actividad basada en la explotación de combustibles fósiles, precisamente en un momento en que la crisis climática se agrava. El control nacional sobre el petróleo no garantiza, por sí solo, que su explotación beneficie a la mayoría de la población; puede ocurrir todo lo contrario. En el capitalismo —especialmente en el neocapitalismo extractivo brasileño— las riquezas ubicadas en territorio brasileño son apropiadas por grandes empresas y dirigidas según las necesidades del mercado y la acumulación de capital, mientras que los impactos se concentran en los territorios donde se lleva a cabo la explotación.

Esta misma cuestión debe plantearse en el contexto de la carrera por los elementos de tierras raras brasileños. La soberanía sobre estos minerales no puede confundirse con la mera autorización de la expansión de la minería indiscriminada y la exportación de materias primas estratégicas. La verdadera soberanía es anticapitalista y obrera: reside no solo en elegir quién puede explotar el territorio, sino en poner los recursos naturales bajo el control de los trabajadores, sus organizaciones creadas en la lucha por este control, y decidir democráticamente cómo utilizarlos, rompiendo con la lógica de explotación orientada al lucro de los poderes económicos. Por lo tanto, el discurso sobre la soberanía nacional debe priorizar el antiimperialismo y el anticapitalismo, necesariamente vinculados desde la perspectiva de la clase trabajadora.

En este sentido, reivindicamos la heroica victoria de los pueblos indígenas del bajo Tapajós contra la privatización de los ríos, que no solo se opusieron a la multinacional Cargill, sino también a la medida de los gobiernos de Lula y Boulos de dragar los ríos Madeira, Tocantins y Tapajós, lo que devastaría la biodiversidad de la región y afectaría profundamente el modo de vida de la población que allí vive.

Una transición ecológica efectiva es incompatible con el mantenimiento del poder de las grandes empresas mineras, petroleras y energéticas, los terratenientes y los fondos financieros que se lucran con la explotación de los recursos naturales. Para romper con esta lógica, es necesario adoptar medidas anticapitalistas, garantizar la demarcación de los territorios indígenas y quilombolas, y someter a las grandes empresas al control de los trabajadores mediante su expropiación y nacionalización. Solo enfrentando los intereses de quienes se benefician de la destrucción de los territorios será posible construir una transición que realmente sirva a la población y no a la acumulación de capital.

¡Para defender la soberanía nacional, son necesarias medidas antiimperialistas y anticapitalistas!

Los elementos de tierras raras son estratégicos para la industria y el desarrollo tecnológico. Por lo tanto, no podemos aceptar que su explotación se rija por los intereses de las grandes corporaciones, las potencias extranjeras y el capitalismo. Son absolutamente indispensables medidas anticapitalistas y antiimperialistas para garantizar la verdadera soberanía nacional y asegurar que el control de la explotación del territorio brasileño sea decidido y ejercido por los propios trabajadores.

Abogamos por la nacionalización de las grandes empresas mineras, petroleras y energéticas, transfiriendo estos recursos al control de los trabajadores y las comunidades afectadas. Esto incluye también la renacionalización de Vale, una de las mayores mineras del país, desvinculando sus recursos y decisiones de la lógica del sector privado y sometiendo su gestión a los intereses de la mayoría de la población. Asimismo, es necesario detener las privatizaciones y subastas que entregan petróleo, minerales, biomas y recursos hídricos a los intereses de las grandes corporaciones.

Pero la nacionalización no puede significar transferir las empresas al control burocrático del Estado. Es necesario garantizar, mediante la movilización directa, el control efectivo de los trabajadores y las comunidades por parte de sus órganos de gobierno sobre la producción, la inversión y el uso de estos recursos. Los recursos generados por la explotación minera y energética deben destinarse principalmente a las necesidades sociales y a la transformación de la estructura productiva de Brasil.

En el caso de los elementos de tierras raras, esto significa utilizar la riqueza mineral existente del país para desarrollar una industria nacional de alta complejidad tecnológica que atienda las necesidades de los explotados y oprimidos. En lugar de exportar mineral para que otros países le agreguen tecnología y valor a las materias primas brasileñas, deberíamos construir una cadena de producción interna capaz de dominar las diferentes etapas de este proceso.

Por lo tanto, abogamos por la creación de una empresa estatal —y un sistema de empresas bajo control obrero— centrada en las tierras raras. Una empresa orientada no a la exportación depredadora de materias primas, sino al desarrollo tecnológico e industrial del país, la creación de empleo y el aprovechamiento social de los recursos minerales.

Aquí situamos estas medidas de nacionalización de las empresas mineras bajo el control de los trabajadores, mediante movilizaciones y organización obrera, como una de las tareas estructurales más importantes que enfrenta nuestra clase hoy. Sin duda, estos logros están intrínsecamente ligados a la lucha por una reforma agraria radical con la expropiación, sin compensación, de grandes propiedades y empresas agroindustriales.

Estas demandas forman parte de un sistema de medidas anticapitalistas que se lograrán mediante la movilización en las calles, la cual incluye el impago de la deuda pública a los grandes rentistas, la expropiación del sistema bancario privado y la eliminación de los exámenes de ingreso a la universidad, entre otras cuestiones. Así, vinculando tareas históricas con otras más inmediatas, tenemos en la agenda lograr la eliminación del horario laboral 6×1, sustituyéndolo por un horario 4×3 y semanas laborales de 30 horas sin período de transición, así como la firma por parte del gobierno de una medida provisional que garantice un salario mínimo de R$10,00 para los repartidores y R$2,50 por kilómetro recorrido. Además, es necesario poner fin a la injerencia imperialista en territorio brasileño, que el gobierno implemente un plan nacional concreto de medidas para erradicar el feminicidio, lograr el aborto legal, seguro y gratuito en hospitales, y la legalización de todas las drogas mediante la movilización independiente en las calles.