Los absurdos gastos de Milei en vigilancia coincidieron con la creación de nuevas estructuras de seguridad y con una política de mayor control sobre la protesta. Detrás de esas tecnologías aparece un mercado privado que convierte datos, rostros e información en productos para organismos estatales. La relación de Milei con Peter Thiel, cofundador de Palantir, abre además interrogantes sobre hasta dónde puede avanzar esa integración.

Mientras Javier Milei avanzaba con su programa de ajuste, también destinó recursos a ampliar el aparato de seguridad. Entre 2024 y 2025 gastó más de US$1,2 millones en tecnologías de vigilancia: una licencia de reconocimiento facial de Clearview AI, una plataforma de inteligencia de fuentes abiertas de Maltego, drones y estaciones para su operación, entre otros. La investigación de Amnistía Internacional reconstruyó las contrataciones a partir de los registros de compras públicas.

El dato forma parte del informe “Estado de vigilancia: la expansión del uso de tecnologías de vigilancia masiva por el gobierno argentino”. La organización advirtió que la expansión de estas herramientas avanzó junto con reformas institucionales y nuevos protocolos, sin debate legislativo ni mecanismos de control y transparencia.

Durante el mismo período, el Ministerio de Seguridad conducido por Patricia Bullrich creó la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS). La unidad recibió atribuciones para monitorear redes sociales, aplicaciones y sitios web, procesar grandes volúmenes de datos y analizar imágenes en tiempo real. Entre las funciones previstas también figuran el reconocimiento facial, el uso de cámaras y drones y la aplicación de algoritmos para predecir delitos y detectar amenazas. La resolución no permite establecer por sí sola cuánto de ese esquema se encuentra efectivamente en funcionamiento, pero sí qué atribuciones decidió incorporar el Gobierno a su estructura de seguridad.

“Las tecnologías de vigilancia no operan como herramientas neutrales, sino como parte de una infraestructura orientada al control social, la persecución de la disidencia y la restricción del espacio cívico”, dice el informe.

Seguir, identificar y cruzar

Una de las herramientas contratadas es Maltego, una plataforma de inteligencia de fuentes abiertas, conocida como OSINT. Permite trabajar con información disponible en redes sociales, sitios web y otras fuentes abiertas, organizarla y visualizar vínculos entre distintos datos. En una investigación, puede utilizarse para reconstruir conexiones alrededor de una persona, un grupo o una organización. La contratación alcanzó los US$239.013.

El monitoreo de fuentes abiertas también forma parte de la reorganización normativa del Ministerio de Seguridad. En mayo de 2024, la cartera publicó el protocolo conocido como “ciberpatrullaje”, que formalizó el uso de fuentes digitales abiertas por parte de las fuerzas federales en tareas de prevención e investigación. El texto contempla una variedad amplia de delitos y agrega una cláusula referida a “cualquier otro delito” que pueda surgir del espacio digital, una formulación cuestionada por Amnistía por la amplitud de las interpretaciones que puede habilitar.

Clearview AI parte de otro punto: el rostro. Entre las herramientas incorporadas por el Estado argentino figura una licencia de su sistema de reconocimiento facial, contratada por US$33.500. El software compara imágenes y busca coincidencias dentro de una base de fotografías.

Esa base fue construida mediante la recopilación masiva de imágenes disponibles en internet, una práctica que generó cuestionamientos y sanciones de organismos de protección de datos en distintos países. Fotografías publicadas en la red fueron transformadas en información biométrica y organizadas dentro de una infraestructura privada destinada a identificar personas. La empresa convirtió esa base de imágenes en un producto destinado a investigaciones y fuerzas de seguridad, con la promesa de realizar en segundos búsquedas que, mediante métodos tradicionales, exigirían revisar grandes cantidades de imágenes. Una fotografía publicada en internet puede terminar convertida en un dato biométrico dentro de una base privada y formar parte, después, de una herramienta adquirida por un organismo estatal.

Del dato a la anticipación

La Resolución 710/2024 también incorporó entre las funciones de la UIAAS el procesamiento de grandes volúmenes de información, la detección de patrones y el uso de algoritmos de aprendizaje automático para analizar datos históricos y predecir delitos. Estos sistemas no se limitan a reconstruir un hecho ya ocurrido. Trabajan sobre información acumulada para detectar regularidades y orientar la atención hacia determinados territorios, situaciones o comportamientos antes de que se produzca un nuevo episodio.

Pueden alimentarse de registros policiales, denuncias, imágenes y otras bases de información. Pero esos registros también reflejan decisiones previas: qué barrios fueron más vigilados, qué conductas fueron consideradas sospechosas y sobre quiénes se concentró la atención estatal. Esa concentración puede aparecer después como un patrón estadístico y utilizarse como una justificación técnica para volver a dirigir allí la vigilancia.

Amnistía advirtió sobre ese riesgo. Los sistemas de perfiles automatizados y los algoritmos predictivos pueden reforzar sesgos presentes en los datos y trasladar decisiones políticas previas a procedimientos que adquieren la apariencia de una operación técnica.

El Gobierno adquirió además 69 drones durante 2024 y, a fines de 2025, complementó esa compra con estaciones de control terrestre. Entre ambas compras, el Ministerio de Seguridad destinó cerca de un millón de dólares. Los modelos incorporados cuentan con capacidades de vigilancia automatizada sobre personas y vehículos y cámaras térmicas. Bullrich sostuvo en septiembre de 2025 que los drones no estaban equipados con reconocimiento facial y que su destino eran las investigaciones criminales, no las manifestaciones. Sin embargo, Amnistía documentó evidencia de su utilización durante protestas al menos en dos oportunidades. Una ocurrió el 19 de marzo de 2025 frente al Congreso, cuando imágenes televisivas mostraron a efectivos federales utilizando uno de los drones adquiridos el año anterior.

En otro registro, publicado por la Policía Federal en febrero de 2026, efectivos explicaron que los drones utilizados en operativos —incluidas manifestaciones— transmiten imágenes mediante conexiones 4G o satelitales hacia las estructuras de mando y destacaron la posibilidad de ampliar y procesar posteriormente ese material. Amnistía señaló que todavía existen zonas opacas sobre la forma en que esas imágenes son procesadas y almacenadas.

En una política de seguridad que hizo de la protesta uno de sus principales focos, los drones sumaron una nueva fuente de información sobre lo que ocurre en la calle.

Disuación y miedo

No hace falta detener a alguien para que la vigilancia produzca un efecto. Puede alcanzar con saber que existe la posibilidad de ser identificado. Ese fenómeno es conocido como chilling effect o efecto inhibidor. La incertidumbre sobre quién observa, qué información conserva y cómo podría utilizarla puede modificar decisiones anteriores a cualquier intervención concreta: asistir o no a una movilización, participar públicamente de una organización o reducir la exposición política.

La «libertad» para los «argentinos de bien» que dice defender Milei solamente existe controlando autoritariamente la participación política, la organización colectiva, la actividad sindical, la protesta y el trabajo periodístico.

Pero quedar identificado no tiene el mismo costo para todos. Para una persona migrante puede estar atravesado por su relación con el Estado y los mecanismos de control migratorio. Para un trabajador precarizado, por el temor a consecuencias laborales. Para un activista, por la posibilidad de quedar incorporado a circuitos de vigilancia cuyo funcionamiento desconoce. La posibilidad de quedar identificado puede modificar las condiciones en las que las personas deciden organizarse, protestar o hablar públicamente, especialmente cuando esa exposición tiene consecuencias diferentes según la posición que cada una ocupa frente al Estado, al trabajo o a los mecanismos de control.

Quién fabrica las herramientas

El Estado no fabrica todas las herramientas con las que amplía su capacidad de observación. Las compra.

Las empresas desarrollan y comercializan sistemas de reconocimiento facial, análisis de fuentes abiertas y procesamiento de grandes volúmenes de datos. Después, el Estado los incorpora a instituciones capaces de investigar, requerir información e intervenir sobre personas y territorios. Clearview y Maltego ocupan lugares diferentes dentro de ese mercado. En ambos casos, sin embargo, el desarrollo tecnológico queda en manos de empresas privadas y los organismos públicos adquieren sus productos para integrarlos a sus propias estructuras.

Mientras la educación, la salud, las jubilaciones y otras áreas atravesaron recortes, el Gobierno destinó recursos a seguridad e inteligencia y compró tecnología desarrollada por empresas privadas. Amnistía registró que, en 2025, los mayores incrementos presupuestarios correspondieron precisamente a esos dos sectores.

Peter Thiel, Milei, la vigilancia y el terror por la gente

Peter Thiel se reunió con Javier Milei en la Casa Rosada el 23 de abril de 2026, en lo que fue un encuentro que generó mucho debate sobre el por qué el magnate venía a la Argentina. No era el primer encuentro entre ambos.

El empresario estadounidense, cofundador de Palantir y una de las figuras más influyentes del capital tecnológico, ya había mantenido contactos con el Presidente desde 2024. Thiel mantuvo contactos con otras figuras centrales del oficialismo, mientras el Gobierno avanzaba en la incorporación de tecnologías vinculadas al análisis de información y la inteligencia artificial. Thiel combina una posición de influencia política con intereses en empresas tecnológicas cuyos principales clientes incluyen gobiernos y organismos públicos.

El discurso libertario presenta al Estado como un obstáculo frente a la «iniciativa privada». Pero buena parte del negocio de las empresas que integran ese universo depende de gobiernos, fuerzas de seguridad, organismos de inteligencia y otras instituciones que compran sus tecnologías o demandan las capacidades que desarrollan.

Cuando rechazan al Estado lo hacen solamente cuando se trata de que un pobre sea un poco menos pobre. Pero si se trata de controlar las vidas de las inmensas mayorías al estilo 1984, eso es «libertad». Porque la única libertad que conciben es la de los ricos. Todos los demás son peligroso «colectivismo».

Palantir y Argentina

Palantir desarrolla plataformas destinadas a integrar información de distintas fuentes y volverla utilizable dentro de una misma infraestructura.

El Gobierno ya incorporó o proyectó capacidades para trabajar con fuentes abiertas, identificar personas mediante reconocimiento facial, producir imágenes desde el aire y procesar grandes volúmenes de datos. Maltego, Clearview AI, los drones y la UIAAS forman parte de ese mapa desde lugares diferentes. Los encuentros entre Milei y Thiel, y los contactos del empresario con otras figuras del oficialismo, ya forman parte de esa relación. Lo que todavía no aparece con claridad en la información pública es hasta dónde puede traducirse en acuerdos tecnológicos, negocios o integración de infraestructura.

Hasta ahora, las reuniones conocidas no permiten afirmar que Palantir forme parte del sistema de vigilancia argentino. Sí muestran una relación política que Amnistía buscó precisar mediante pedidos de acceso a la información sobre posibles acuerdos, pruebas piloto, provisión de servicios o transferencias de datos.

El Gobierno ya incorporó herramientas y funciones que podrían reunirse dentro de un mismo sistema. Milei gastó más de US$1,2 millones para ampliar su capacidad de vigilancia mientras reducía otras áreas del Estado.