Mientras los padecimientos están a la orden del día y el sistema de salud está vaciado y saturado, la respuesta oficial es: ajuste, recorte, falta de presupuesto y políticas que profundizan el encierro y la lógica punitiva. Defender la salud mental como un derecho exige cuestionar las condiciones sociales que producen y agravan el sufrimiento.

En Argentina ocurre un suicidio cada dos horas. Los 5.209 suicidios durante el 2025 fueron un crecimiento histórico de un 22,5% respecto el año anterior, sueprando la suma de las muertes por accidentes de tránsito (3.583) y homicidios (1.676) de ese mismo año.

Además, el informe del Observatorio de Política Criminal (OPC), difundido en agosto, señala que en 2025 la tasa alcanzó 11,8 casos cada 100.000 habitantes, el valor más elevado de la serie relevada, ubicando a Argentina en el tercer lugar de Sudamérica, detrás de Uruguay y Chile. Vivimos una situación alarmante que corresponde desglosar.

Aún más dramática es la problemática al conocer que es la principal la causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 24 años y que,  durante el período 2024-2025, esta problemática también pasó a ocupar ese lugar en la franja de 25 a 34 años. Los datos disponibles muestran que el problema se desarrolla en un contexto mucho más amplio de deterioro de las condiciones de vida. Según el Relevamiento del Estado Psicológico de la Población Argentina, realizado por el Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la Facultad de Psicología de la UBA, se registra un impacto creciente de la situación económica sobre la salud mental. El 35,7% de las personas encuestadas considera estar atravesando una crisis y, dentro de ese grupo, el 55,74% identifica la crisis económica como uno de los factores involucrados.

Y un dato que termina de completar este panorama tiene que ver con que más de la mitad de quienes identifican que necesitan atención en salud mental no lograron acceder a un tratamiento.

No estamos, entonces, frente a un fenómeno aislado ni excepcional, se trata de un problema social profundamente vinculado con las condiciones de vida y los números muestran una tendencia de profundización y que tiene a las nuevas generaciones como una de las poblaciones más afectadas.

El ultracapitalismo de Milei frente a la crisis de salud mental

Lo primero que corresponde señalar es que en el país de Javier Milei no hay lugar para la salud pública ni para la salud mental. Este gobierno ejecutó un recorte que ya acumula un 43% sobre el presupuesto de salud, y este año para el presupuesto de salud mental destinó menos del 1.5% del total, valor muy por debajo de la cifra establecida por la Ley Nacional de Salud Mental que preve que sea del 10% del presupuesto de salud (¡que nunca se aplicó bajo ningún gobierno!). Milei y sus secuaces buscan atacar y reformar esta ley para retroceder a una perspectiva manicomial propia del siglo pasado, al servicio de los laboratorios y la salud privada.

Cerraron residencias enteras, despidieron trabajadores, llevan adelante campañas de desprestigio para quienes trabajamos en Hospitales Públicos. Desmantelaron campañas de prevención y vaciaron el programa REMEDIAR (facilitador del acceso gratuito a ciertas medicaciones en el primer nivel de atención) y se ensañaron particularmente con hospitales especializados en salud mental como el Laura Bonaparte.

Además, junto al Ministro de Salud Lugones pusieron en cuestión el derecho al acceso universal de la salud. “No todo el mundo tiene derecho a todo”, afirmaba hace algunos meses el ministro. Recientemente, llevaron adelante el arancelamiento del acceso a la atención para los extranjeros, tratándolos como personas de segunda y  responsabilizándolos de la crisis del sistema sanitario. Es un planteo falso y recurrente que suele ser esgrimido por los líderes de extrema derecha en el mundo: hacer reponsables de las crisis a las poblaciones migrantes, con discursos xenófobos para fomentar la atomización social y el odio al de al lado para que el odio no vaya dirigido hacia arriba.

Claro está que, para el ultracapitalismo de Milei, la salud es un negocio, y la lógica que prima es la de “lo rentable”. Se trata de un ataque ideológico y presupuestario, que impone la salud como un privilegio para pocos, un puñado.

En sintonía con lo desarrollado anteriormente, en la Ciudad de Buenos Aires también se observa un agravamiento de la situación. Según el Boletín Epidemiológico de la Ciudad, durante el último período relevado se registró un 47% de aumento en los intentos de suicidio respecto del año anterior. En la “cuidad más rica del país”, gobernada por Jorge Macri , la respuesta frente a las problemáticas de salud mental es represiva. Y para las problemáticas sociales el recurso es la criminalización, como ocurre con las personas en situación de calle, y el desalojo compulsivo, como ocurre con  los trabajadores ambulantes.

Tanto el gobierno nacional como el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires vienen impulsando una ofensiva contra la perspectiva de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, cuestionando un modelo que pone en el centro los derechos de las personas, la atención comunitaria y la sustitución de las lógicas de encierro. Quieren más control, más institucionalización y una concepción punitiva frente al sufrimiento psíquico.

El capitalismo “con rostro humano” frente a la crisis de salud mental

Por su parte en Provincia de Buenos Aires encontramos una perspectiva distinta para la salud mental, pero que dista mucho de ser para todes y que en la práctica es ajuste y falta de recursos. ¿Qué sucede en el conurbano bonaerense? Aquí se concentra una parte significativa de los casos registrados a nivel nacional. De los 14 suicidios diarios en todo el país, aproximadamente 5,4 corresponden a la provincia de Buenos Aires. En 2025, la provincia registró 1.981 suicidios, frente a 1.049 muertes vinculadas a siniestros viales y 89 muertes ocurridas en ocasión de robo, según los datos utilizados por el Ministerio de Seguridad bonaerense.

Siguiendo esas observaciones ésta semana el ministro de salud Kreplak, junto al gobernador Kicillof anunciaron el “Plan Provincial de Prevención y cuidados ante la problemática del suicidio”. Entre estadísticas y otras cosas plantearon lineas de acción para tomar cartas en el asunto.

Lo que resulta particularmente llamativo es que en los anuncios no hubo ninguna mención al aumento presupuestario para salud mental. Y si bien han hecho declaraciones sobre la incorporación de más psicólogos y psiquiatras a las guardias de salud mental (cuya puesta en práctica habrá que comprobar), hay un problema muy profundo del que nadie quiere hablar: los trabajadores de salud somos parte de la variable de ajuste en absolutamente todas las jurisdicciones. Cobramos hoy salarios miserables que rondan los $1.400.000 o menos, según la modalidad de contrato, lo cual nos somete al pluriempleo como método de subsistencia. La provincia es una de las jurisdicciones con salarios más bajos, lo que se agrava si hablamos de convenios municipales (incluso en las gestiones del color político del gobernador).

Estamos hablando entonces de un sistema de salud en crisis que recibe situaciones cada vez más complejas, con recursos insuficientes y que además se sostiene sobre la base del esfuerzo de trabajadores que reciben salarios que no llegan ni a la mitad de lo que debería ser el salario mínimo planteado por ATE INDEC ($2.558.677). La precarización de quienes cuidan es también parte de la crisis sanitaria.

La falta de presupuesto, junto con la carencia de dispositivos y espacios de atención y acompañamiento adecuados, son causales de la paupérrima situación: las problemáticas de salud mental están en ascenso con un sistema cada vez más desbordado, que no da abasto para poder absorber esa demanda. Para intervenir en los procesos de salud y cuidado, es necesario contar con profesionales, dispositivos integrales e interdisciplinarios y estrategias de prevención que incluyan campañas de sensibilización, el armado de redes, así como también estrategias de posvención (contención y asistencia frente a los hechos consumados, con el fin de reducir el impacto emocional y prevenir nuevos riesgos).

Estamos hablando de un problema político que apunta directamente a la responsabilidad del Estado y cada gobierno que requiere dejar planteada una salida de fondo. Lo que sucede es que el peronismo le deja pasar los ataques al ultracapitalismo de Milei, y al mismo tiempo encuentra grandes límites para plantear un programa para la salud mental que sea consecuente, porque para hacerlo hay que cuestionar este sistema desde su raíz.

Capitalismo del siglo XXI, condiciones de vida y salud mental

Vivimos en un capitalismo cada vez más voraz, en el que se empeoran año a año las condiciones de vida de les jóvenes, les estudiantes y les trabajadores, a tal punto de poner en cuestión la perspectiva de tener un futuro.

Mientras un puñado concentra enormes riquezas, millones de trabajadores no podemos acceder a condiciones mínimas de vida debido a salarios que no alcanzan y jornadas de trabajo extenuantes. Estos elementos, junto al desempleo, las dificultades económicas, la incertidumbre respecto a la posibilidad – o no- de un porvenir vivible, y las absolutas dificultades de contar con derecho al ocio, espacios de dispersión y acceso al disfrute, al arte y cultura,  además de ser factores estresores, reducen las posibilidades de acceso a la salud y hacen una vida profundamente deshumanizada.

La exclusión social y económica someten a grandes sectores de la población a la mera supervivencia. Y eso implica un proceso de desubjetivación. En un sistema en el que el valor de las personas está asociado a producir y generar ganancias,  no “valer nada” conduce a  perder la condición de sujeto.

En ese sentido la crisis de salud mental no puede separarse de esta realidad. El sufrimiento psíquico también se desarrolla en función de las condiciones materiales de existencia que determinan cómo vivimos, cómo enfermamos y cómo nos cuidamos.

El  suicidio es una problematica de salud pública. Un problema social que incluye múltiples factores (subjetivos, vinculares, económicos, políticos etc) y que se agrava con las políticas del gobierno de Milei. Hay un problema, entonces, cuando las respuestas que se dan hoy mayoritariamente pretenden individualizar el problema y por tanto individualizar la respuesta, porque se trata de un acto que se presenta como individual pero que es en verdad profundamente social y colectivo.

La precarización de la vida, el endeudamiento como un problema de las mayorías, el crecimiento sideral de las apuestas (y una estrategia del mercado dirigida a potenciar esa conducta de manera compulsiva) son problemas crecientes en las “generaciones en edad productiva”, y son fuentes de factor de riesgo en relación al suicidio. Por último, el ataque a los espacios colectivos es también un objetivo privilegiado de la extrema derecha, cuya consecuencia es la desintegración de los vínculos sociales, aumentando el aislamiento, la soledad y la apatía. Todos estos son elementos que explican que el sistema capitalista y Milei como administrador del mismo, es el responsable de los padecimientos mentales, de la suba exponencial de suicidios.

Prevenir el suicidio es también cuestionar al orden social que lo produce y transformar esas condiciones que lo potencian.

Entre los trabajadores de salud, hay una conversación recurrente de un motivo de consulta que resalta en las guardias de salud mental. De un tiempo a esta parte, crecieron las consultas en urgencias cuyo motivo es  “ideas de muerte”, ideas que aparecen hoy alrededor de la situación económica de quienes padecen. “No me alcanza la plata para vivir”, “no puedo pagar mis tratamientos”. Estás expresiones ponen voz a las estadísticas mencionadas anteriormente que ubican a la crisis económica como uno de los factores involucrados. Dicha situación, junto con el deterioro del entramado social y la desarticulación de programas de asistencia son una verdadera bomba de tiempo, es lo que hay que frenar. La implosión social no puede ser una opción.

Frente una realidad cada vez más hostil y un sistema que individualiza el malestar y responsabiliza a las personas por sus padecimientos, hace falta construir otras condiciones de existencia y poner en el centro que nuestras vidas nuestros derechos y nuestras necesidades sociales.

Por nuestra parte, lxs trabajadores de salud y psicólogxs, nos insertamos en estas coordenadas complejas que requieren, desde una perspectiva anticapitalista, organizarnos para defender la salud, nuestras condiciones laborales, problematizar junto a lxs usuarios el lugar de la salud mental en este sistema y que los padecimientos están en íntima relación con lo social y construir instancias de participación activa junto a la posibilidad de ser sujetos de transformación.

El ultracapitalismo de Milei quiere no solo destruir la salud pública gratuita y de calidad, sino también la industria, los puestos de trabajo , la naturaleza, la ciencia, la educación, los espacios colectivos.  El gobierno es responsable de la creciente crisis de salud mental. Por este motivo, es necesario organizarnos y luchar por la triplicación inmediata del presupuesto para salud y salud mental, la incorporación a planta y continuidad laboral del personal de salud, pues en el sistema de salud pública no sobra nadie.

Por todo esto es que está planteada la necesidad de organizarse: hay que transformar este sistema que condena a millones a la explotación y al sufrimiento! Ante los problemas sociales, la salida es colectiva y anticapitalista. ¡Nuestras vidas y necesidades sociales valen más que sus ganancias!