Comenzaron las audiencias públicas por los aumentos a las tarifas de energía y el gobierno ya adelantó que los primeros aumentos en el servicio eléctrico rondarán el 20%.

Sin embargo, no se brindaron por ahora más detalles sobre la quita de subsidios que se discute en consonancia con el acuerdo con el FMI, lo que acarreará aumentos más grandes según la zona de residencia de los usuarios.

El secretario de energía Darío Martínez aseguró que «los aumentos serán menores al crecimiento de los salarios». Sin embargo, la segmentación que propone el gobierno prevé que la quita de subsidios en el AMBA conllevará aumentos de hasta el 100%, dependiendo de qué barrio se trate.

Los aumentos en las tarifas energéticas son una de las consecuencias más inmediatas del acuerdo con el Fondo. De hecho, aunque el acuerdo todavía no existe, el gobierno ya acelera el plan de aumentos de tarifas y reducción de subsidios.

La decisión y la velocidad con la que se avanza con los aumentos se vuelve más polémica considerando el defectuoso servicio y el nulo nivel de inversión de las empresas que quedó expuesto en el verano, con gran cantidad de cortes e interrupción en el servicio.

En particular, muchos cuestionamientos recaen sobre la empresa EDESUR, encargada de distribuir la energía eléctrica en parte de la Ciudad de Buenos Aires y el sur del conurbano bonaerense.

Según datos del ENRE, entre el 1 y el 26 de diciembre pasados, EDESUR tuvo un promedio diario de 20 mil usuarios sin servicio. En los días cercanos a año nuevo, ese número escaló y llegó a haber en total hasta un millón de usuarios afectados por los cortes, sólo entre el 27 de diciembre y el 4 de enero.

La empresa pertenece hoy al grupo Enel, de capitales italianos. Fue creada en los ’90 en ocasión de las privatizaciones del gobierno de Menem, y se le otorgó un contrato de concesión por 95 años, hasta 2087.

La pésima calidad del servicio que todos los años padecen los usuarios ha llevado a que se reflote una idea varias veces planteada: la rescisión del contrato y la quita de la concesión. Debido a la enorme bronca social contra la empresa, algunos intendentes de los municipios abarcados por el servicio de EDESUR buscaron que en la audiencia se discuta la cuestión del fin de la concesión. De hecho, el tema fue planteado por el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino.

Según el organismo que dirige Lorenzino, el 56% de los reclamos sobre servicios públicos que recibieron el 2021 se trataron de problemas con el suministro eléctrico. Se registraron más de once mil reclamos sólo contra EDESUR.

Sin embargo, consultados por el diario La Nación, estos intendentes que promueven la quita de la concesión a EDESUR se cuidan de aclarar que no plantean la estatización del servicio, sino que se limitan a solicitar que continúe en manos de otra empresa, continuando así con los negocios en un área de derechos fundamentales como son los servicios públicos, sin cuestionar el esquema privatista heredado de Menem.

Para peor, la empresa busca aprovechar que el gobierno va a subir las tarifas y ha expresado que las inversiones previstas para este año estarán sujetas a los cambios en el esquema tarifario. Es decir, que no van a invertir si las tarifas no aumentan todo lo que ellos consideran. Toman a los usuarios de rehenes para maximizar sus ganancias. La compañía exige asegurarse más de $43.000 millones este año.

Al mismo tiempo, el propio ENRE calcula que la empresa debería tener un 50% más de cuadrillas de las que actualmente tiene en relación con la cantidad de territorio y de usuarios que debe cubrir.

Está claro que no es suficiente con quitarle la concesión a EDESUR, como plantean algunos sectores del gobierno bonaerense. Es necesario que el suministro de electricidad y gas vuelva a manos del Estado. Se trata de derechos básicos y no de una mercancía sujeta a los negocios de las empresas, que no tienen ningún interés en garantizar el servicio sino sólo en multiplicar sus ganancias. Algo que durante todos estos años lograron con la complicidad del propio Estado. Por eso, no sólo debe estatizarse el servicio, sino que el mismo debe pasar a manos de sus propios trabajadores y usuarios.