Estos, son fiscales titulares de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) y de la Unidad Especializada en Ciberdelicuencia (UFECI).

El procurador general de la Nación declaró que los fiscales deberán actuar “conjuntamente o alternadamente” con Ulpiano Martínez, fiscal federal de la causa. Cabe destacar que desde el inicio la familia reclamó la recusación de Ulpiano por su accionar malintencionado, direccionado a encubrir a la policía y por su histórica trayectoria vinculada a la defensa de cómplices de la dictadura militar. Recordemos que Martínez es funcionario judicial desde 1981 y que, previo a ser designado por Mauricio Macri y a ejercer como fiscal federal de Bahía Blanca, subrogó dos juzgados desde los que le otorgó impunidad a represores y cómplices de la última dictadura militar.

Tanto Cristina Castro como sus abogados, Leandro Aparicio y Luciano Peretto están en Capital Federal desde el día que se dio inicio a la autopsia del cuerpo encontrado a orillas del humedal ubicado en Villarino Viejo. Desde los comienzos de la causa, la querella exige la remoción de Ulpiano Martinez y la necesidad de fiscales con perspectiva en Derechos Humanos y Violencia Institucional.

Por otra parte, es de público conocimiento que la causa comenzó a moverse subproducto de la visita de Cristina Castro y sus abogados a la capital, su presión e insistencia y la movilización popular.