Contrario a los protocolos institucionales que dictaron tres días de luto tras la muerte del ex presidente Carlos Saúl Menem, lo que se reflejó ese fin de semana de carnaval fueron las emociones encontradas de toda una generación que recordaba la década neoliberal.

Bajo promesas de campaña sobre una cierta Revolución Productiva que se oponía a la hiperinflación alfonsinista, Menem llegó a la Presidencia de la República Argentina, pero finalmente su gobierno fue todo lo contrario. Muchísimas empresas estratégicas para la industrialización del país fueron vendidas por migajas a privados y extranjeros. Tal es el caso de SOMISA, la siderúrgica estatal más grande que tuvo el país, creada en 1947 como producto del Plan Siderúrgico Argentino¹ de la primera presidencia de Perón, con el objetivo de producir acero utilizando minerales y combustibles nacionales.

La fábrica concentraba 12 mil trabajadores efectivos, y 8 mil contratados para realizar las tareas eventuales de mantenimiento cuando se paraban las distintas líneas. Tiene 3 kms de ancho por 10 kms de largo. Tiene puerto, vías férreas y toda una línea interna de colectivos para comunicarse entre las distintas plantas.”

Una fábrica de tal dimensión significó no solo miles de puestos de trabajo para casi la ciudad entera de San Nicolás -también de Ramallo, Pergamino y Rosario-, si no que era un emblema de la soberanía nacional y representaba una gran mejora en la calidad de vida de la población. Tal es así que los mismos trabajadores se identificaban como los “somiseros”.

Allí se producían cientos de miles de toneladas de hierro y productos terminados como chapas navales, vías férreas y acero laminado; todos productos clave para el desarrollo industrial nacional. Semejante producción, llevó a la creación de otras importantes fábricas como Fiat, IKA y la transformación de la Fábrica Militar de Aviones en IAME (Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado), entre otras, en la provincia de Córdoba. Es decir, no solo generaba trabajo en San Nicolás, sino que también lo generaba indirectamente.

También se puede nombrar el caso HIPASAM (Hierro Patagónico Sociedad Anónima) en la Provincia de Río Negro, creada con el objetivo de explotar el yacimiento de hierro ubicado en las proximidades de la localidad de Sierra Grande, que abastecería uno de los Altos Hornos de SOMISA.

A pesar de generar unos U$S 200 millones anuales al fisco, exportar U$S 400 millones, y facturar por U$S 700 millones; la fábrica y las condiciones de trabajo sufrieron distintos ataques desde la última dictadura militar que, por supuesto, tuvieron las correspondientes respuestas de los somiseros.

El cierre final del nefasto protagonista noventoso tuvo muchísimas reacciones e intercambios de todo tipo, en las calles y en las redes sociales. Entre esos reflejos está el de nuestro compañero Eduardo Mulhall, ex delegado y trabajador despedido durante la privatización de SOMISA en los noventa.

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Habla Eduardo Mulhall:

Me considero un somisero al día de hoy. Yo trabajé más de 13 años en esa fábrica y ahí aprendí mucho del oficio. Transcurrí mucho tiempo de mi vida con los compañeros. El último año fue de mucha lucha, muy duro.

El proceso de privatización no empezó con Menem, fue un proceso que lo intentó llevar adelante el gobierno de Alfonsín. Había un proceso de movilizaciones, asambleas y paros que se desarrollaron durante todo ese período para recuperar conquistas que se habían perdido en la época de la dictadura. Para entonces los trabajadores veníamos en ascenso, y cuando intenta privatizar Alfonsín hubo una movilización con más de 30 mil trabajadores en la ciudad de San Nicolás, una ciudad de 100 mil habitantes. Imagínense, 30% de la población.

Las asambleas de Somisa no eran asambleas cualquiera, o asambleas chicas. Eran asambleas de 5 mil, 6 mil, 7 mil trabajadores. Esa pelea en esas asambleas las fuimos dando junto al Mono, al Búho, Juan, el Santiagueño y otros compañeros. Lo recuerdo al Rengo Ramirez y una camada de compañeros que nos acompañaron en esta pelea y junto a cientos de activistas que se oponían a la privatización. En eso sí rescato toda nuestra ubicación de siempre apelar a los trabajadores, a las bases, a las asambleas, a las medidas de fuerza, a la movilización; de siempre haber estado en contra de todo tipo de negociación que significara la privatización, que significara entregar una industria estratégica por alguna negociación.

El tema es que Somisa fue la última empresa que se privatizó, y de conjunto entre los trabajadores había una derrota muy grande. Eso fue utilizado por la burocracia como un argumento para no pelear hasta el final. Nos opusimos, pero obviamente hubo toda una política para poder transitar hacia la privatización como “retiros voluntarios” con grandes montos significativos e indemnización. De un día para otro 2500 compañeros con jubilación anticipada y montos fabulosos indemnizatorios. Junto con esto se reacondicionó la empresa para entregarla en las mejores condiciones técnicas y con menos trabajadores.

Estuve en San Nicolás con la campaña electoral y me he reencontrado con muchos compañeros de lucha y también vecinos que recuerdan hasta el día de hoy y decían ‘ustedes tenían razón’. Cuando dicen ustedes, nos dicen por los delegados que éramos del MAS. Eso para uno es un orgullo en un sentido, porque te dicen, ‘es cierto, era como vos decías que iba a haber miseria, que iba a haber suicidios, que iba a haber gente que la iba a pasar muy mal’. Esas cosas pasaron lamentablemente y en cierto sentido hay un reconocimiento a todos los que dimos la pelea contra la privatización de Somisa.

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En 1991 comenzó el desguace. Según la consultora Braxton, Somisa estaba valuada en 1800 millones de dólares, con un valor de venta recomendado entre 400 y 700 millones de dólares². Finalmente, se entregó a Techint por 100 millones de dólares en efectivo, 40 millones en pagarés y 12.000 millones en títulos de la deuda externa argentina (tomados a valor nominal con su valor real devaluado). En 1992 Menem ya había entregado esta empresa estatal estratégica por solo el 10% de su valor. Para llevar a cabo este plan de desmantelamiento estatal obviamente necesitó de amigos funcionarios y de la complicidad de los carneros de siempre, la burocracia sindical y la iglesia.

En mayo de 1991 comienza la intervención del gobierno en SOMISA. De esto se encargaron el Ministro de Trabajo Jorge Triaca (padre), que asumió como interventor de Somisa ofreciendo a los trabajadores retiros voluntarios, también Hugo Franco y Juan Carlos Cattaneo. La encargada del golpe final fue María Julia Alsogaray, personaje que también intervino en la privatización de ENTel³. Este equipo dejó lista la empresa para la “competitividad” neoliberal deseada, reduciendo el personal en más de un 50%, dejándola con solo 4 mil operarios de los 20 mil.

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Continúa el testimonio de Mulhall:

Para llevar adelante ese plan de entregia, lo que hizo el gobierno fue atacar en forma separada, una empresa por vez, con acuerdo de la burocracia de no unificar las luchas. Recuerdo perfectamente la gran lucha de los ferroviarios, la de telefónicos. Con grandes asambleas en canchas de fútbol se decidían los destinos y las medidas. Pero era muy duro porque la burocracia sindical, la dirigencia sindical de los trabajadores y la CGT, estaban totalmente en contra de darle una pelea al gobierno de Menem. Como buena burocracia estaba en contra de la autoorganización de los trabajadores. Eso significó que en San Nicolás, Brunelli, el secretario general de la UOM, llevara adelante este plan, y es por eso nosotros nos organizamos en la Lista Marrón dando una alternativa en contra de la privatización. En ese sentido fuimos acompañados por un 30, 35% de la seccional de San Nicolás. También fuimos partícipes de muchísimas movilizaciones yendo a Buenos Aires, no en colectivitos… 200 colectivos con compañeros a Buenos Aires, participando de movilizaciones junto a los trabajadores de la mina estatal de Sierra Grande, también privatizada comprada por chinos y que llevaron a un ritmo de superexplotación a los trabajadores. Nos fuimos transformando en un eje de denuncias, en un eje de proponer que teníamos que seguir siendo trabajadores que nos oponíamos a la privatización y empezamos a denunciar que Brunelli dejaba de lado su pelea por la privatización para ver de qué forma podía ser llevada adelante.

Hubo intentos de ocupar la planta que no pudimos llevar adelante por las excusas de la burocracia del “peligro del horno”, un problema técnico -parar el horno en determinadas condiciones que puede ser o no peligroso-. Presentaron “la mejor negociación posible”, un acuerdo económico importante hacia los trabajadores ante una privatización. A la cual nosotros nos opusimos denunciando, y en ese sentido hay miles de anécdotas pero yo me quedo con el rol más general que tuvimos durante años. En un sentido, vivimos la recuperación de las conquistas durante la dictadura. Fuimos parte de la batalla en contra de la privatización del gobierno de Alfonsín y también lo fuimos contra la privatización de Menem, y contra la burocracia sindical que ‘se pasó’ y llevó adelante el proceso de convencimiento en los trabajadores para poder llevar adelante la privatización. Era una situación que ya había pasado en el resto de las privatizaciones, pero eso para nada excede la responsabilidad a la burocracia sindical que fue la garante de este proceso, porque fuerza de los trabajadores por abajo, había.

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El contexto en el que se llevó a cabo este proceso de privatización era de tensión constante entre los trabajadores. Corrían rumores en los pasillos sobre el cierre, sobre las suspensiones y los “retiros voluntarios”. Ya se venían privatizando todas las empresas más grandes y los paseos de los funcionarios en la planta les hacía correr escalofríos. Para que los somiseros terminaran firmando los retiros y jubilaciones, se los presionaba de manera constante cambiándolos de lugar en el trabajo, o suspendiendolos por meses donde se les pagaba el sueldo en la casa sin dejarlos ir a la fábrica. Todas acciones realizadas con el único fin de desgastar y que finalmente elijan firmar el retiro.

La venta de SOMISA fijó que el 80% del paquete accionario pasaría a manos privadas, y el 20% restante al «Programa de Propiedad Participada» (PPP) de los trabajadores, un elemento clave en el “mejor acuerdo posible” que negoció la burocracia. Triaca, desde su Ministerio de Trabajo, brindó créditos que junto a las indemnizaciones permitirían a trabajadores salir a ponerse un kiosco, canchas de paddle y comercios. Una figurita repetiva a lo largo y ancho del país en la década de la entrega.

Finalmente Somisa pasó a manos de Techint, que con la compañía de Usiminas y Campanhia Vale do Río Doce (empresas brasileñas), y CAP (chilena), se pasó a llamar Aceros Paraná. Años después se renombró Siderar, y hoy en día se la conoce como Ternium Siderar dado que forma parte de un grupo formado con otras dos plantas internacionales en México y Brasil. De esta manera se consolidó un oligopolio siderúrgico local entre el grupo Techint y Acindar.